Respecto de la publicidad de las decisiones de la Corte Plena, es ineludible hacer una pausa para dedicarle una reflexión. No me cabe la menor duda que la transparencia incide en la calidad de la democracia, exigencia sobre la que poco nos detenemos en el quehacer político, todo urge, reglas fiscales, equilibrio financiero, salarios congelados, descalificación de los servidores públicos, pero poco nos detenemos a reflexionar sobre la calidad de la democracia.
Tantas imprecisiones y oscuridades en actividades de gran relevancia para todos los costarricenses. Nos quita el sueño la regla fiscal y los equilibrios contables, pero no nos preguntamos sobre la calidad de nuestra democracia, en todos los ámbitos.
Tomando algunas ideas del profesor Manuel Villoria, en su artículo sobre “Transparencia, la imparcialidad y la calidad de la democracia”, asumo, como él afirma, que la transparencia es un valor instrumental, pero esa condición no le resta importancia como inspiración para mejorar la calidad de la democracia.
Es evidente que la transparencia, la posibilidad de conocer, directamente, los argumentos y la decisión de cada funcionario, mejora el escrutinio público, promueve la rendición de cuentas, incrementa la legitimidad y el compromiso, restaura la confianza, incrementa la participación, aunque sea pasiva. Existen estudios que evidencian que la transparencia reduce la corrupción. Se requiere, por supuesto, que no sólo el voto del magistrado o magistrada sea público, sino que se expresen los argumentos para justificar tal decisión. La motivación es el alma de la transparencia, si sólo se conoce por quién se vota, sin mayores argumentos, no alcanzamos las aspiraciones que nos exige una democracia de calidad.
En su esencia, la transparencia es un valor ineludible para que florezca la integridad. Podemos tomar argumentos de un autor tan lejano como Jeremy Bentham, en sus famosos estudios sobre el control social, destacaba que la transparencia puede evitar conductas dañinas a la sociedad, porque: “cuanto más te observo, mejor te comportas” según escribía en sus Writings on the Poor Laws.
El ojo y el oído del ciudadano puede reducir las posibilidades de conductas contrarias a los intereses comunes. Esa es la aspiración, porque con las redes y su alienación, queda poco espacio para el oído y el ojo atento del ciudadano. Así es que apostar por abrir las puertas y las ventanas de cualquier órgano colegiado, para que justifique sus decisiones, es una ruta que nos aleja del abuso de poder y su ejercicio sin razones y sin rostro. Hace tiempo, mucho tiempo que no reflexionamos sobre este tema tan relevante.
La buena gobernanza no es unanimidad, ni imposición, pero sí requiere, que la transparencia permeé todas las actividades que tienen relación con el ejercicio del poder jurisdiccional, electoral, económico y político. Existe un vínculo muy estrecho, entre bien común y transparencia, aunque en otras épocas, se pensaba lo contrario. El buen gobierno judicial requiere imparcialidad, efectividad, rendición de cuentas, participación y transparencia. Un gran reto, en un Poder Judicial que le da poca participación a jueces y fiscales.
Así, el buen gobierno sería el producto del conjunto de normas formales, prácticas, sistemas operativos estandarizados, procedimientos y órganos que se generan e implementan para asegurar imparcialidad, efectividad, rendición de cuentas, participación, transparencia y, en definitiva, integridad de los actores políticos y administrativos que trabajan para el gobierno. Requerimos transparencia para que el ciudadano, al conocer los motivos de nuestra decisión pueda evaluar la institución.
Saber, de cada miembro de Corte, los motivos que sustentan su voto por alguno de los candidatos o candidatas. La publicidad, la emisión de un voto razonado en la elección del presidente de la Corte, disipa las dudas o interrogantes que engendra la opacidad. Uno de los controles para cualquier poder, es la transparencia, que la publicidad sea la regla y el secreto o privacidad, sea la excepción.
Es cierto que existen derechos y situaciones jurídicas que no admiten la publicidad y difusión, tal como ocurre en la actividad judicial, sin embargo, una vez finalizada la deliberación, siempre se exige una motivación y cada persona juzgadora expresa claramente la tesis por la que se inclinó en su decisión. Esta no es la regla en muchas decisiones de la Corte, porque existen normas que autorizan, sin justificación, una definición que carece de fundamentación y no identifica de qué manera votó cada integrante de la Corte. Cada integrante de Corte se disuelve en el anonimato de un grupo, sin ninguna identificación.
No puedo ignorar que en el seno de la Corte tenemos una gran debilidad respecto de la independencia de algunos magistrados, me refiero a los magistrados y magistradas suplentes, porque no tengo duda que estos colegas tan estimados, tienen una sujeción respecto a los magistrados propietarios, porque son estos los que orientan y recomiendan su designación. La publicidad de la votación de la Presidencia y la Vicepresidencia debe acompañarse de otra reforma: que la elección de los magistrados y magistradas suplentes no dependa de la voluntad de los magistrados y magistradas propietarias.
En estas condiciones, ¿podrá un magistrado o magistrada suplente decidir con libertad, si un miembro de la Sala a la que pertenece aspira a la Presidencia o Vicepresidencia? Los integrantes de este órgano colegiado deben acceder sin ninguna carlanca que debilite su autonomía. Estas eventuales limitaciones debilitan la calidad de la democracia. Estas sujeciones y opacidades son el corolario inevitable de un modelo de organización que data del siglo XIX y que representa una estructura vertical, de concentración de poder y con abundantes opacidades.
Vamos ganando terreno en la construcción de una democracia de calidad, en una época, el voto público del ciudadano era la regla. A principios del siglo veinte (1928), se impuso el voto secreto, se concluyó que, para una democracia de calidad, el ciudadano, para protegerlo de las presiones que podrían ejercer los poderosos, debería decidir su voto de forma secreta. En este caso, el poder ciudadano directo, requiere el secreto, para edificar una democracia de calidad. En sentido contrario, la decisión de los órganos de poder formal, deben expresarse públicamente y con buen fundamento. Los ciudadanos requieren conocer la decisión y los argumentos que la sustentan.
La transparencia es un valor instrumental transversal, el ciudadano debe tener un conocimiento sobre los motivos y antecedentes de las decisiones. Todos los poderes requieren transparencia, incluyendo a los poderes fácticos. Existe una relación inevitable entre poder y transparencia. La democracia supone poderes controlados, acotados, que no actúan en la penumbra, para que el ciudadano pueda juzgar su actuación con los mejores elementos de juicio. Cómo pueden juzgarnos los ciudadanos en la elección de un presidente y vicepresidente de la Corte, conociendo no sólo por quién vota cada magistrado y magistrado, sino también debe conocer los argumentos y razonabilidad de tal decisión. Así nos alejamos de la noche oscura de la dictadura, de la noche oscura del poder que se ejerce sin razones, sólo con la fuerza, con la irracionalidad de una consigna ayuna de argumentos.
Cuesta mucho alcanzar una democracia de calidad. El poder, su ejercicio, expresión de las pasiones humanas que a todos nos agobian, se resiste al control ciudadano, se resiste a las luces que iluminan su ejercicio.
Discurso del magistrado Fernando Cruz Castro en la sesión de Corte Plena del 26 de setiembre.
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