Como sociedad, nos viene fallando la cultura de negociación. Parece como si muchos de los temas fundamentales se abordaran al estilo subasta, como si fuera un proceso extremo de regateo de las partes, muchas veces usando argumentos para desprestigiar al otro, perdiendo entonces el panorama para visualizar las verdaderas opciones de un ganar-ganar. Es lo que sucede ahora con ese proceso de “negociación” del FEES. Se pierde por parte del Gobierno la visión de los aportes que podrían dar las universidades a cumplir muchas de las metas y a resolver muchos de los problemas país. Y también hay algo de parte de algunos que defienden a las universidades públicas, tratando de desprestigiar a los miembros del equipo negociador por parte del Gobierno.

Se plantea de partida una propuesta por parte del equipo del Gobierno que solo sirve para exacerbar los ánimos y más bien parece que lo que quieren es poner a toda la sociedad en contra de las universidades públicas. Y eso parece una estrategia desafortunada, en primer lugar, porque ponen piedras a una negociación de lo fundamental, que a mi juicio es el acordar estrategias conjuntas para que las universidades contribuyan a los temas prioritarios del Gobierno. El monto asignado al FEES en caso de que no se llegue a un acuerdo, ya está definido en la Constitución, entonces parece poco fértil hacer propuestas que no lleven ni a ese mínimo.

Plantear el tema como una lucha de las universidades contra la educación primaria y secundaria es también un error estratégico. Las universidades pueden contribuir de gran forma a mejorar la calidad de la educación primaria y secundaria, aportando a las estrategias para resolver los problemas vigentes y apoyando con programas para fortalecer las capacidades del personal docente a esos niveles, con mecanismos adecuados de actualización, solo por mencionar pocas acciones posibles. Lo claro es que efectivamente es indispensable mejorar la cobertura y calidad de educación primaria y secundaria, pero eso no es suficiente. Cuando los estudiantes completan la educación secundaria y no tienen oportunidades para avanzar, se limita completamente el potencial de esas personas, de sus familias y del país, para dar un salto hacia condiciones de mayor bienestar.

No vamos a superar la trampa del ingreso medio del país sin fortalecer el sistema de educación superior. Y no vamos a superar las capacidades productivas sin un suficiente número de personas con capacidades a nivel superior. Hay otros grandes problemas en el país, como la pobreza y el desempleo. Pues resulta que las personas con educación superior logran mucho más fácilmente salir de esas condiciones. La educación superior ha permitido a muchísimas personas superar el ciclo de la pobreza y avanzar hacia condiciones sociales mucho mejores.

El problema tampoco es una lucha contra las universidades privadas. Ambas, públicas y privadas, son importantes. Pero es clarísimo que muchísimas personas no pueden costear una carrera en una universidad privada. Y hay que tener claro que las universidades públicas no solo aportan docencia, sino también investigación en muchos campos, también producción y extensión para el acompañamiento de distintos grupos sociales a mejorar sus condiciones de vida. Así que esos datos de medir el costo por estudiante pueden parecer también muy burdos si no se consideran esas otras funciones y si no se toma en cuenta que mucho de eso que dicen algunos que es un costo en las universidades públicas es en realidad una inversión en las becas que hacen posible que muchas personas jóvenes tengan acceso a la educación superior. El problema de altísimos salarios en unos pocos funcionarios de universidades públicas es un problema real. Pero es un tema que ya se abordó desde la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y ya no habrá nuevos funcionarios que lleguen a esos salarios con las reglas del juego actuales. Igual las universidades tendrían que revisar el aporte real de las personas con esos niveles de salarios e incluso plantearse la posibilidad de llegar a negociaciones adecuadas, en el marco de la ley. Pero usar esos salarios para atacar a las universidades como un todo, es un gran error. Si el problema son los salarios de un pequeño grupo de personas, pues que se atienda ese problema, pero que no se pretenda dañar el sistema como un todo usando ese argumento. Es como querer matar al perro para matar las pulgas. Con ese tipo de argumentos, habría que evaluar también, para ser consecuentes, las ganancias de las familias dueñas de universidades privadas.

En fin, si vamos a hablar de una verdadera negociación, no partamos de un regateo estéril que incluso quebranta lo dictado por la Constitución, sino de buscar acuerdos sobre temas fundamentales en que las universidades puedan contribuir a resolver los problemas país. Tampoco es imponer agenda, porque también es constitucional el asunto de la autonomía. Es una verdadera negociación para que las universidades hagan también sus ofertas de acuerdo, pero en el marco de un proceso en el que se visualicen las metas país como parámetro y en el que se dejen de lado los fertilizantes a el odio, la pugna y división social.

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