Giancarlo García Álvarez falleció el 2 de setiembre de 2021, cerca de las 4:30 p.m., mientras trabajaba en una bomba subterránea del parqueo de la tienda Aliss, en Zapote de San José. Tenía 40 años de edad. Según los paramédicos que atendieron el caso, García presentaba síntomas de intoxicación por monóxido de carbono: un enemigo silencioso que sólo puede ser detectado con un equipo llamado de manera coloquial “monitor”.

Es muy probable que ese equipo imprescindible no estuviera en uso y que, además, no se cumpliera con el requerimiento de supervisión y entrenamiento para estos lugares, que se consideran de alto riesgo y se conocen como espacios confinados, debido a que cuentan sólo con una entrada y una salida, no están diseñados para la ocupación continua y podrían producir atmósferas peligrosas.

Esta situación es más común de lo que parece. “Mueren muchas más personas por culpa de trabajo que por los conflictos en el mundo. Esta es una situación inaceptable”, afirmó recientemente Guy Ryder, presidente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en una visita a México. Alrededor de 3 millones de personas fallecen anualmente debido a enfermedades y accidentes laborales. Este es un dato realmente perturbador, alarmante e incluso vergonzoso, que equivale a 8219 muertes diarias, 343 por hora y 6 por minuto.

Al menos dos convenios de la OIT abordan el tema de la salud y seguridad en el trabajo de manera general: el Convenio sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores (1981) y el Convenio sobre el Marco Promocional para la Seguridad y Salud de los Trabajadores (2006). El primero cuenta con un 40% de ratificación y no ha sido firmado por países como Costa Rica, Ecuador y Canadá. El segundo convenio ha sido ratificado apenas por un 29% de los países miembros y entre sus grandes ausencias figuran potencias como Estados Unidos y Suiza.

Un hecho histórico

El 10 de junio de este año se produjo un hecho histórico para la salud y seguridad en el trabajo: se ratificó un quinto principio dedicado a garantizar un entorno de trabajo seguro y saludable. Esto significa que todos los estados miembros se deben al compromiso de respetar, promover y hacer realidad la mejora de las condiciones de trabajo para prevenir accidentes y disminuir el impacto de las lesiones y enfermedades ocupacionales desde el punto de vista personal, familiar y social.

Hasta ese momento, la OIT había adoptado cuatro principios fundamentales en el trabajo, ligados a derechos constitucionales como la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, la abolición efectiva del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.

En la sesión celebrada en Ginebra, Suiza, en junio de este año, distintos actores han manifestado la importancia de ratificar el quinto principio y dar este importante paso hacia mejores estadísticas de siniestralidad en el mundo. Teodoro Lonfertini, secretario de Estado de Trabajo de la República de San Marino, señaló que la pandemia por COVID-19 ha confirmado la importancia de garantizar el derecho a condiciones de trabajo seguras para todos.

La crisis sanitaria mundial ha mostrado, no sólo a las organizaciones sino también a los estados con mayor poder económico, la fragilidad del ser humano y la relevancia de la prevención y preparación ante desastres o emergencias. A pesar de que en algunas ocasiones puede observarse un horizonte sombrío en esta materia, la promulgación del quinto principio disminuye considerablemente la incertidumbre sobre el valor y el derecho a la vida en el trabajo.

Un trabajo de todos

Millones de personas se exponen diariamente a condiciones de salud y seguridad deplorables, principalmente en los países que cuentan con menos oportunidades y niveles más bajos de desarrollo. En muchas ocasiones, esas personas no cuentan con acceso a atención médica ni a pólizas. Los sistemas económicos juegan un papel determinante en este contexto. Los trabajadores más humildes, inmersos en grandes ambientes generadores de riqueza, son quienes generalmente deben pagar el precio más alto. Lo hacen con sudor y, además, con sangre. Esta realidad chocante debe ser intervenida urgentemente.

Existe todavía un largo camino por recorrer para reducir este terrible número de víctimas. Los primeros pasos en esa dirección se han producido en Europa y algunos países de Asia, donde existe un desarrollo legal y normativo muy importante. En países de América como Canadá, Estados Unidos, Chile, Colombia, Perú y Costa Rica se han realizado gestiones a lo largo de los años para posicionar esta variable dentro del quehacer productivo de las organizaciones.

La salud y seguridad en el trabajo no es un extra ni una opción para los empleadores. Se trata de la protección de los trabajadores, que a cambio del sustento, dan sus energías y su conocimiento a grandes, medianas y pequeñas empresas. Es necesario que los empresarios y empleadores ejerzan un liderazgo real, con el recurso humano como estandarte. Al fin y al cabo, la segregación de la producción y la seguridad es un error que sólo genera pérdidas. Por otra parte, nos corresponde a todos incentivar, motivar y promover los sistemas de gestión como herramientas potenciadoras.

La inclusión del quinto principio representa un logro de altísimo calibre en beneficio de los trabajadores más vulnerables y de la salud y seguridad como disciplina. En nuestras manos está que menos seres humanos y sus familias sean parte de las fatales estadísticas indicadas por la OIT. Se lo debemos a las 60 personas que fallecieron por factores asociados al trabajo, durante los 10 minutos que dedicamos a leer estas líneas.

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