El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, anunció este miércoles en conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno que presentarán un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa, para que los recursos del Fondo de Avales y Garantías, creado recientemente, sean destinados a pagar deuda del Estado.

Chaves afirmó que el país decidió endeudarse con 270 millones de dólares con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para, en teoría, "ayudar algunas empresas que estaban teniendo problemas de liquidez y reestructurar sus deudas con la banca, en vista de la pandemia"; pero que analizando ese proyecto, el Gobierno se dio cuenta que ese fondo constituye fundamentalmente "un plan de rescate a los bancos y tiene nada que ver, o muy poco que ver con la reactivación económica".

Si lo llegásemos a implementar, si usted le debe plata a un banco y está atrasado, ese banco va a Hacienda y le dice: cómase usted el 75% del riesgo de esa cartera, yo me dejo las garantías si la persona o empresa no paga, y el 25% de la deuda; el pagador de impuestos, el Presupuesto, paga la diferencia. No vemos utilidad de ningún tipo de beneficio para la economía nacional, a menos que se quieran usar impuestos para sacarle castañas del fuego a los bancos por decisiones que tomaron de tipo crediticio.

Ante eso, y señalando que el país tiene que pagar obligaciones de deuda por 1000 millones de dólares el 26 de enero de 2023, en un solo tracto, Chaves anunció la presentación de un proyecto de ley "que haga que el Estado no incurra en un costo excesivamente alto, no congruente con las prioridades fiscales, y la situación económica del país".

Nosotros tenemos como país vencimientos muy importantes, el 26 de enero se vencen 1000 millones de dólares de un solo pago. Queremos que la Asamblea Legislativa nos autorice emitir bonos en el exterior, para no ahogar a las empresas en Costa Rica con tasas de interés más altas, porque para esas empresas competir con el Estado en términos del mercado financiero es un desafío importante. Ese llamado a los señores y señoras diputados es urgente y patriótico. Al mismo tiempo, en lugar de usar esos 270 millones de dólares para un sector muy pequeño, lo queremos usar para la gran mayoría del país. Esa es la motivación de este proyecto de ley.

Chaves afirmó que "no quieren ver" el Fondo de Avales y Garantías porque no ayuda a la mayoría de la población.

¿Qué es?

El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó el lunes 20 de diciembre, en segundo debate, el proyecto de ley que crea el Fondo Nacional de Avales y Garantías, destinado a las empresas afectadas económicamente por la pandemia de COVID-19 en el país.

La iniciativa, que inició su paso por la corriente legislativa en agosto del 2020, logró el respaldo de 45 diputados a favor y 1 en contra (Pedro Muñoz), por lo que pasó al Poder Ejecutivo para su sanción como Ley de la República.

El fondo consiste en un fideicomiso de $270 millones que se financia con el crédito por $300 millones aprobado meses antes, suscrito entre Costa Rica y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). El Fondo está constituido y administrado por el Ministerio de Hacienda, la Unidad Técnica del Fondo Especial para el Desarrollo de las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (Fodemipyme) y las entidades financieras supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).

El Consejo Rector está integrado por el ministro de Hacienda, quien lo preside; el ministro de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y un miembro externo "de reconocida honorabilidad, preparación académica y experiencia en materia bancaria, financiera y empresarial" que fue nombrado por el Consejo de Gobierno, a partir de una terna pública que le fue presentada por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep).

El fondo puede ser usado como aval de hasta el 75% del saldo del principal de los créditos de sus beneficiarios, que podrán ser las personas físicas o jurídicas que realizan actividades comerciales o empresariales, afectadas por la situación económica devenida tras la pandemia de COVID-19 y que acrediten:

  • Que previo al decreto de emergencia nacional provocada por COVID-19 tenían una clasificación de "Comportamiento de Pago Histórico" buena o aceptable en la Central de Información Crediticia de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y una morosidad igual o menor a sesenta días.
  • Que enfrentan dificultades temporales de liquidez, todo como consecuencia de la pandemia del COVID-19.
  • Que sus proyectos u operaciones financiadas por créditos elegibles para un aval se efectúen dentro del territorio nacional.
  • Que suscriban un compromiso con el Fondo Nacional de Avales, por medio de su entidad financiera, para mantener al menos el número de empleados que tenía al momento de solicitar el aval bajo las condiciones de esta ley y durante el plazo en que se mantenga vigente el aval correspondiente.
  • Que no pertenezcan a un conglomerado financiero, según la definición del artículo 141 de la Ley 7558, Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica.

Los avales pueden solicitarse y aprobarse durante los 18 meses siguientes a la entrada en vigencia de esa ley o mientras se encuentre vigente la declaratoria de estado de emergencia nacional generada por la pandemia, cualquiera que resulte mayor. El Consejo Rector puedeextender, por única vez, el plazo hasta por seis meses adicionales.

El Fondo Nacional de Avales y el Consejo Rector tiene una vigencia de 15 años a partir de la publicación de la ley. Por lo tanto, el plazo máximo del aval a estos créditos no puede exceder el plazo de vigencia del Fondo.