La Alianza Sindical del Poder Judicial presentó un incidente de nulidad absoluta contra la decisión de la Corte Suprema de Justicia de no investigar a la magistrada y vicepresidenta de la Corte, Patricia Solano Castro, por los cuestionamientos al haber solicitado borrar información de varias desestimaciones en procesos contra figuras políticas.
Según señalaron desde la Alianza, el lunes pasado la Corte Plena habría decidido, en deliberación y votación secreta, no abrir una investigación administrativa contra Solano, ante una solicitud que había sido presentada por el Sindicato de la Judicatura (Sindijud).
Dato D+: La Alianza Sindical del Poder Judicial está integrada por Sindijud y la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística y Afines (ANIC); la Asociación de Profesionales en Ciencias Contables, Financieras y Afines del Poder Judicial (Asprotecofi); el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial (Sitrajud) y el Sindicato de la Defensa Pública (Sindepu).
A pesar de que la sesión en la que se conoció la solicitud de Sindijud se realizó de forma cerrada, desde la Alianza aseguraron haber tenido conocimiento del resultado de la votación en la cual, con 11 votos contra 10, se decidió no abrir la investigación administrativa contra la magistrada Solano.
El principal argumento de la Alianza para solicitar la anulación de lo acordado por la Corte Plena es que, según su criterio, cuando la Corte actúa como Tribunal Disciplinario sus decisiones deben ser tomadas, por lo menos, por mayoría simple de su integración total, es decir por al menos 12 votos, por lo que la votación de 11 a 10 para no abrir investigación tiene un vicio de nulidad al no alcanzar la mayoría requerida.
El cuestionamiento contra Solano
El caso en cuestión fue revelado el pasado 17 de mayo por parte del medio CRHoy.com, que obtuvo el documento que Solano —magistrada presidenta de la Sala de Casación Penal— envió el 19 de abril anterior a Patricia Bonilla Rodríguez, jefa del Centro de Información Jurisprudencial, pidiendo borrar o eliminar totalmente del sistema Nexus del Poder Judicial, el cual es de consulta pública, un grupo de sentencias finales emitidas en el año 2018 por la Sala Tercera; así como un grupo del año 2019 que vinculaba a los fallos del 2018 que se había solicitado eliminar.
Bonilla Rodríguez alertó (el 21 de abril) de la petición de la magistrada al Consejo Superior del Poder Judicial, presidido por Fernando Cruz Castro, quien —según CRHoy.com— solicitó a la Fiscalía General de la República inicie una investigación al respecto.
De acuerdo con el medio digital, Solano Castro realizó su solicitud "en aras de cumplir con la privacidad de las actuaciones en la etapa preparatoria" señalada en el artículo 295 del Código Procesal Penal, así como en la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales y su respectivo reglamento.
