La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) solicitó este martes al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, que la vicepresidenta de ese poder, la magistrada Patricia Solano Castro, sea separada de su puesto mientras se investiga la solicitud que hizo al Centro de Información Jurisprudencial del Poder Judicial, de borrar sentencias emitidas por la Sala Tercera en casos donde funcionarios de los Supremos Poderes aparecían como denunciados.
El caso en cuestión fue revelado este 17 de mayo por parte de CRHoy.com, quien obtuvo el documento que Solano —magistrada de la Sala de Casación Penal— envió el 19 de abril anterior a Patricia Bonilla Rodríguez, jefa del Centro de Información Jurisprudencial, pidiendo borrar o eliminar totalmente del sistema Nexus del Poder Judicial, el cual es de consulta pública, un grupo de sentencias finales emitidas en el año 2018 por la Sala Tercera; así como un grupo del año 2019 que vinculaba a los fallos del 2018 que se había solicitado eliminar.
Bonilla Rodríguez alertó (el 21 de abril) de la petición de la magistrada al Consejo Superior del Poder Judicial, presidido por Fernando Cruz Castro, quien —según CRHoy.com— solicitó a la Fiscalía General de la República inicie una investigación al respecto.
De acuerdo con el medio digital, Solano Castro realizó su solicitud "en aras de cumplir con la privacidad de las actuaciones en la etapa preparatoria" señalada en el artículo 295 del Código Procesal Penal, así como en la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales y su respectivo reglamento.
Solo tres votos de los que Solano solicitó borrar siguen disponibles en la plataforma Nexus del Poder Judicial: una desestimación a favor del exdiputado Roberto Thompson Chacón por el delito de desobediencia; una desestimación a favor del exministro de Educación Pública, Édgar Mora Altamirano por incumplimiento de deberes; y otra desestimación a favor de los magistrados Luis Guillermo Rivas, Román Solís Zelaya, Carmen María Escoto Fernández (exmagistrada) y William Molinari Vílchez (exmagistrado) por el delito de prevaricato.
Los otros votos señalados ya no aparecen en la plataforma de consulta pública del Poder Judicial.
Sindicato urge investigación y separación
Albino Vargas Barrantes, secretario general de la ANEP, afirmó en un comunicado de prensa que "las conductas atribuibles en grado de probabilidad suficiente a la magistrada Patricia Solano Castro contienen elementos gravísimos" que justifican, con la mayor de las premuras, la intervención de Fernando Cruz para poner en conocimiento del Ministerio Público la noticia criminis para establecer posibles responsabilidades penales y/o disciplinarias contra la funcionaria.
ANEP solicitó al presidente de la Corte que el tema sobre Solano sea visto de forma urgente por la Corte Plena y que se separe a la magistrada de su cargo mientras se realizan las investigaciones pertinentes.
Para la organización sindical, de ser ciertos los hechos que se le atribuyen a la magistrada, "se estaría en presencia de uno de los casos de corrupción más nefastos de la historia", lo que justifica la solicitud de separación de su cargo y que el caso sea visto por la Corte Plena de forma urgente.
En la carta enviada por la ANEP al presidente de la Corte también se solicita brindar protección a la denunciante.
