Una de las 15 conclusiones del informe de Uso Aparente de Plaguicidas en la Agricultura de Costa Rica es que los plaguicidas que se utilizan en el país son, en su mayoría, de alta peligrosidad, tanto para la salud humana como para el ambiente, según los criterios establecidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en ingles) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El informe, realizado y publicado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y dado a conocer el día de hoy, también destacó que Costa Rica tiene un alto uso de plaguicidas en la agricultura —que ronda en promedio los 34.45 kg de ingrediente activo por hectárea por año— lo que la ubica significativamente por encima del promedio de países americanos miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), pero también superior al uso que se da en otros países del continente que mantienen condiciones agrícolas similares a Costa Rica, tales como Colombia, Guatemala y Ecuador.

Según concluye el informe:

Una de las causas que puede incidir en el alto uso de plaguicidas en la agricultura de Costa Rica es la dependencia, por parte de un alto porcentaje de agricultores, de la asistencia técnica que brindan las empresas comercializadoras de los mismos plaguicidas. Además, sectores productivos, como los piñeros, no cuentan con una entidad gremial que ayude a la generación de tecnología y asesoría técnica a los productores”.

Adicionalmente, se destacó que el alto uso de plaguicidas está relacionado con “el debilitamiento de los servicios de extensión agrícola y de investigaciones en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, a partir de la mitad de los años 1990”.

El informe confirma que una buena parte de los plaguicidas que se continúan utilizando en Costa Rica, ya se encuentran prohibidos en otros países, incluyendo los países OCDE de la Unión Europea, y se destaca que “la normativa con la que fue registrada la gran mayoría de plaguicidas existentes en el mercado costarricense era débil e incluso alguna no contemplaba procesos de evaluación de riesgo sanitario o ambiental”.

Según se encontró en la investigación, en el país “se mantienen en el mercado 1884 plaguicidas con más de 10 años de haber sido registrados y hasta con 37 años con los plazos de registro vencidos o que nunca han tenido establecida una fecha de vencimiento”, por lo que se señala la importancia de que se reevalúen todos los plaguicidas que se encuentran en el mercado, considerando las características de peligrosidad conocidas actualmente.

Afectación a la población

Según concluye el informe del PNUD, “la población costarricense, especialmente la rural y los trabajadores agrícolas, está expuesta a una cantidad muy alta de plaguicidas altamente tóxicos, que supera los 74 kilogramos de ingrediente activo por trabajador agrícola por año”.

El informe destaca que “es necesario retirar del mercado los plaguicidas de mayor peligrosidad, hacer un uso más racional de los plaguicidas disponibles y aplicar prácticas no químicas de control de plagas bajo un enfoque de Manejo Integrado de Cultivos”.

Adicionalmente se señala que, en algunas zonas del país, donde existe una agricultura muy intensa en el uso de plaguicidas, “se han detectado acueductos rurales contaminados con residuos de plaguicidas, así como la contaminación de cuerpos de agua superficiales”.

Estas situaciones han obligado al Estado a asumir “el cierre de fuentes de agua, a la construcción de acueductos y a la elaboración de estudios técnicos sumamente caros”, por lo que el informe apunta a la necesidad de “que se realicen mapas de vulnerabilidad hidrogeológica en las zonas agrícolas con cultivos intensos en el uso de plaguicidas para tomar medidas para prevenir la contaminación de los acueductos y los cuerpos de agua superficiales” así como la “revisión de las características fisicoquímicas y toxicológicas de los plaguicidas utilizados en zonas con alta vulnerabilidad del recurso hídrico y tomar medidas para evitar que los mismos contaminen los cuerpos de agua”.

Además, el informe señala que el Servicio Fitosanitario del Estado “reporta un alto nivel de contaminación de alimentos con residuos de plaguicidas” que en algunos casos superan “superan significativamente los límites máximos de residuos existentes”, por lo que se llama la atención a la necesidad de que las autoridades del Estado tomen medidas para reducir la contaminación de alimentos, así como adopten los procedimientos para retirar del mercado aquellos alimentos que se detecten contaminados con plaguicidas por encima de los límites aceptables.

Mejoras necesarias en la normativa

El informe destaca que, gracias a la intervención de la Contraloría General de la República, a partir del año 2004 se comenzó a “generar nueva normativa para el registro con mayor respaldo técnico, de acuerdo con el estado del arte a nivel internacional”.  Y según concluye el informe:

Debe retomarse esta normativa para hacer una evaluación rigurosa de los plaguicidas a registrar, tanto desde el punto de vista agronómico, sanitario como ambiental, con menor injerencia política, especialmente, de parte de las empresas comercializadoras de plaguicidas”.

Adicionalmente, el informe destaca que se requiere una revisión de los datos de los registros autorizados, y que esta debe realizarse “con un riguroso enfoque sobre la peligrosidad de estas sustancias y el riesgo que su uso representa para la salud humana y para el ambiente, a la luz de la información disponible en la actualidad, que no se conocía cuando se hicieron esos registros”.

Además, se señala la importancia para el Costa Rica de tener “el registro de nuevas moléculas de plaguicidas para uso agrícola, pero sin dejar de hacer las evaluaciones de riesgo sanitario y ambiental, con base en los procedimientos internacionalmente conocidos. Para ello, se amerita que las empresas propietarias de los plaguicidas presenten sus solicitudes de registro, acompañadas de la documentación técnica que sirva para realizar las evaluaciones señaladas, de acuerdo con la reglamentación existente”.

Por último, el informe concluye que en el país no existe normativa que regule los residuos de plaguicidas “en cuanto a sus valores de referencia para proteger los cuerpos de agua superficiales” y la normativa existente solo atiende “plaguicidas organoclorados y organofosforados, en términos generales, los cuales en su mayoría ya están fuera del mercado” por lo que se recomienda al país  “actualizar la normativa que tome en cuenta los plaguicidas de mayor uso, citados en este informe, así como sus características de peligrosidad para los consumidores, para los trabajadores agrícolas, los residentes de las zonas agrícolas y para el ambiente”.