A propósito del poco dinamismo en el periodo extraordinario actual en la Asamblea Legislativa, donde es el Poder Ejecutivo el que maneja la agenda y que a su vez, un inicio de gobierno trae consigo también una ventana de oportunidad para el gobierno entrante de mejorar la dinámica de sus antecesores vale la pena reflexionar sobre qué ha sucedido con los dos gobiernos anteriores y sus promesas de campaña luego de que ganan las elecciones esto con el fin de que a nivel país exijamos una mejor rendición de cuentas.

Por segunda vez, ACCESA ha lanzado la edición del reporte Del dicho al hecho un análisis que identifica las promesas legislativas del Plan de Gobierno saliente y su nivel de cumplimiento. Por promesa legislativa se entiende, esa promesa plasmada en el Plan de Gobierno que expresamente señala o requiere un trámite legislativo para su cumplimiento. El primer reporte Del dicho al hecho evaluaba la administración de Luis Guillermo Solís Rivera, en este caso se identificó que de las 27 promesas legislativas extraídas de su Plan de Gobierno, solo 3 (11%), llegaron a cumplirse 100%, es decir, se promulgó ley que atendía lo prometido, y 10 (21%) promesas registraron algún avance de cumplimento, es decir, se presentaron proyectos ley o habían proyectos de ley relacionados con las promesas que se encontraban siendo discutidos en comisión o plenario al momento de la evaluación.

En esta segunda edición, se extrajeron y evaluaron las promesas legislativas del Plan de Gobierno de Carlos Alvarado Quesada, en esta edición se registra un mejor desempeño del gobierno saliente, de las 55 promesas legislativas identificadas, 16 se cumplieron en un 100%, esto representa un 29%, y la misma cantidad registran un avance en su cumplimiento. El detalle de este análisis lo pueden revisar en el informe completo Del dicho al hecho, edición 2022, sin embargo, estos datos dan pie para evidenciar y reflexionar sobre tres aspectos puntuales:

  • Compresión sobre rendir cuentas: en Costa Rica la rendición de cuentas —empezando por el informe de Anual de Rendición de Cuentas del presidente frente a la Asamblea Legislativa— se ha limitado a realizar un recuento de los logros. El problema con esto es que es una versión distorcionada a favor. La adecuada rendición de cuentas debe ser el resultado de una evaluación transparente y honesta de lo cumplido en contraste con lo prometido, una explicación detallada de los esfuerzos que se realizaron para cumplir lo prometido y una justificación con las razones que evitaron el cumplimiento de las promesas incumplidas. Algo más cercano al concepto accountability “tener que ser responsable de lo que haces y ser capaz de explicar tus acciones”.
  • Calidad de los Planes de Gobierno: si bien se reformó el Código Electoral para mejorar el proceso electoral y el voto informado agregando la obligación de presentar un plan de gobierno como requisito para inscribir candidaturas, lo cierto es que, al no existir consecuencias al presentar documentos preliminares, varias agrupaciones terminaron presentando borradores simplemente para cumplir con el trámite, lo que compromete la calidad del contenido. Basta con dar una lectura al Plan de Gobierno del presidente Chaves Robles, según análisis del Programa Estado de la Nación, de las 105 propuestas generales mapeadas en el Plan de Gobierno de Rodrigo Chaves, 20 incluyen algún detalle de cómo van a lograrlas, solo 7 tienen metas cuantificables en la propuesta y únicamente 3 pueden cosiderarse propuestas robustas. Esto pasa también por evaluar la profesionalización y seriedad de los Partidos Políticos que son quienes ponen a nuestros gobernantes cada cuatro años.
  • Estándar de Planificación Estratégica: si bien desde el 2015 el Mideplan ha venido impulsando el enfoque de Gestión para Resultados en el Desarrollo, un enfoque que establece responsabilidades por el logro de resultados; promueve una rendición de cuentas más efectiva, oportuna y veraz; y permite la verificación por parte de la opinión pública y la ciudadanía. Con instrumentos clave como lo es la cadena de resultados, que establece la causalidad entre sus elementos, que van desde los insumos y las actividades, hasta los productos, efectos e impactos; y responde a tres preguntas esenciales: ¿Cuáles son los resultados esperados? ¿Cómo lograrlos? Y ¿Cómo medir su cumplimiento? Este nivel de planificación estratégica implica un cambio socio-cultura que no ha permeado aún a toda la institucionalidad pública, mucho menos a los partidos políticos responsables de liderar el plan de gobierno que se presenta en campaña a los electores.

La capacidad de fiscalizar el desempeño y los resultados de los gobiernos por parte de la ciudadanía, un valor intrínseco de las democracias, pasa por contar con información clara, comprensible y completa de la visión país de los partidos políticos y sus líderes y la hoja de ruta de cómo alcanzarla, el problema es que esto se dificulta cuando los planes de gobierno son un compendio de ideas, intenciones o diagnósticos carentes de relevancia, especificidad, metricas, realidad y temporalidad. Nos toca como ciudadanía exigir un nivel y calidad mejor en los instrumentos que plasman el cómo, no solo de los planes de gobiernos en procesos electorales, ahora y para este gobierno recién entrando y sus jerarcas en todos los planes de las instituciones que manejan presupuesto público, porque a la larga permitirá una mejor rendición de cuentas.

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