El 29 de julio del 2019 la bancada de Frente Amplio presentó el proyecto de ley 21.531 denominado “Ley para recuperar la riqueza atunera de Costa Rica y promover su aprovechamiento sostenible en beneficio del pueblo costarricense”. Según José María Villalta, proponente de la iniciativa, el objetivo del proyecto era proteger el Domo Térmico de Costa Rica, “cerrar todos los portillos legales que actualmente permiten el regalo de la riqueza atunera de Costa Rica a embarcaciones extranjeras sin pagar ni un cinco” y el fomento de la creación de una flota pesquera nacional de atún. Además de estos objetivos se rescata la declaratoria de recurso estratégico para el país, la creación de un programa de observadores a bordo y la intención de expandir el poligono costero de exclusión cerquera. Todos estos son temas que han sido postergados por más de 50 años en el país y la Comision Especial Permanente de Ambiente de la Asamblea Legislativa le ha dado un abordaje de urgencia.
Sin embargo, el documento que salió dictaminado el 20 de abril del 2022 está lejos de alcanzar esos objetivos que se plantearon al inicio del proceso en la exposición de motivos. Por ejemplo, en el artículo 42 se instruye al Poder Ejecutivo velar por el Domo Térmico de Costa Rica, pero no le brinda recursos específicos al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) ni a las Universidades para ejecutar un programa de investigación y gestión. Mucho menos condiciones al Servicio Nacional de Guardacostas para realizar patrullajes y velar por el cumplimiento de la normativa pesquera nacional.
Tampoco aborda de manera integral el tema de “regalo” de licencias. Impulsar subsidios a la pesca fomenta la sobrecapacidad y la sobreexplotación de los recursos marinos. Incluso la OECD le ha sugerido a Costa Rica eliminarlos gradualmente. Según la propuesta dictaminada en el artículo 55 dice: “el barco atunero con red de cerco con registro anual vigente, que sin haber hecho uso de licencia nacional ni haber capturado en la zona económica exclusiva costarricense, entregue la totalidad de su captura a la industria conservera nacional por una cantidad igual o superior a trescientas toneladas de atún capturado fuera de las aguas jurisdiccionales de Costa Rica, podrá obtener una licencia de pesca con una reducción en el monto del canon de hasta un 50% por sesenta días naturales durante el año calendario”. Esto es regalar la licencia sin ninguna justificación técnica; no la hay.
Esta forma de manejar la política pesquera data de 1935. Jorge Jiménez en su artículo Pesquería de atún en Costa Rica nos recuerda que “ante la imposibilidad de competir en el mercado de pesca de cerco, el Estado costarricense decidió, en aquella época, atraer a la flota atunera internacional por medio de bajas tarifas y otros subsidios, con el objeto de que descargaran el producto en sus puertos. Este producto era el insumo para las fábricas enlatadoras, por medio de las cuales el Estado esperaba asegurar empleos durante el procesamiento del atún y percibir impuestos sobre los productos elaborados”. La dinámica pesquera noventa años después ha cambiado, y el proyecto dictaminado mantiene esa práctica tan poco común en el área.
Por último, no hay duda de que la creación de una flota nacional que aproveche el recurso atún de manera sostenible es importante, pero fomentar que esa pesca con pabellón nacional sea de cerco, no tiene sentido. Esto nos devuelve al tema de la mortalidad de especies de importancia turística, por ejemplo. La amenaza que el mismo proyecto de ley trata de mitigar, se incrementa con una potencial creación de la flota nacional de cerco. Como bien cita el texto en la exposición de motivos: “el problema de la pesca incidental de los grandes barcos atuneros (capturas que no constituyen el objetivo prioritario de las embarcaciones cerqueras) agrava considerablemente la situación expuesta. Además de los picudos, las grandes redes de los barcos cerqueros capturan al menos 27 especies de peces pequeños, dorado, wahoo, mantas, rayas, tiburones y delfines, afectando no solo la sostenibilidad de los ecosistemas marinos, sino también la actividad económica de los pescadores nacionales y la industria turística nacional que depende de la pesca deportiva y otras actividades como el buceo y la observación de las especies afectadas”. Si bien hay interés de los legisladores en continuar con esta propuesta, un contrapeso que favorece a los sectores pesqueros nacionales, no industriales, sería una ampliación del polígono costero de exclusión de pesca de cerco en al menos de cien millas náuticas desde la costa.
Está claro que urge regular un recurso estratégico para el país como lo es el atún. Es necesario que se puedan incorporar las propuestas y visiones de los distintos usuarios y autoridades. Tan importantes son las posiciones de los atuneros industriales como las de los pescadores artesanales o deportivos, actores clave en el encadenamiento de beneficiarios costarricenses en busca de una economía azul. La última propuesta dictaminada parece favorecer a solo un subsector. No dudo que la nueva Asamblea Legislativa estará anuente a escuchar propuestas de manera equitativa para llegar a buen puerto con este proyecto de ley. Es una deuda histórica con el resto de los sectores pesqueros en Costa Rica.
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