La empresa APM Terminals, concesionaria de la Terminal de Contenedores de Moín tiene por obligación contractual que transferir al Canon de Desarrollo Regional —un 7.5% sobre sus ingresos brutos—. La Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económica de la Vertiente Atlántica (Japdeva) es la institución que debe asignar los recursos que APM ha venido transfiriendo desde el inicio de sus operaciones.
El Semanario Universidad reportó que a febrero de este año el monto ascendía a $35 millones, una cantidad de dinero astronómica que debe ser invertida en proyectos e iniciativas de Desarrollo Regional de la provincia de Limón. Dicho monto contrasta con los bajos índices de desarrollo humano cantonal, así como con las múltiples necesidades sociales y económicas que existen dentro de una provincia que históricamente ha reclamado el olvido gubernamental, y la falta de oportunidades existente para sus habitantes.
El monto es el acumulado que existe de los desembolsos mensuales que se debían de realizar desde noviembre de 2018. Es decir, hace más de tres años que JAPDEVA cuenta con recursos, y antes de esa fecha habían pasado años desde que se había firmado el contrato de concesión de la Terminal de Contenedores de Moín.
Tras años donde podría haberse construido un reglamento y procedimientos claros para la ejecución de estos fondos; la administración Alvarado Quesada recibió a Japdeva con problemas estructurales y económicos inmediatos, que debían resolver con urgencia. Lo que concentró la atención política y pública en ese ámbito de la entidad, provocando que inevitablemente se postergara la realización de un reglamento para la inversión del canon.
Hasta el día de hoy no ha sido invertido ni un colón del canon, lo cual es entendible desde el punto de vista legal y administrativo, puesto que fue hasta después de una alerta de la Contraloría, que Japdeva publicó “Reglamento para el financiamiento de proyectos de desarrollo con fondos del canon de explotación de la Terminal de Contenedores de Moín y de la contribución al desarrollo regional”.
En conclusión, es sólo hasta finales del año pasado que Japdeva queda legalmente habilitado para disponer de los recursos del canon. Pero al día de hoy no existe ningún presupuesto extraordinario que habilite la transferencia de fondos para proyectos relacionados con el fondo.
Más recientemente, la Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate el expediente 22.672 que elimina la aplicación de la regla fiscal a los recursos del canon. La votación en primer debate fue unánime y en segundo debate solo tuvo un voto en contra (Pedro Muñoz Fonseca), lo que implicó un acuerdo rotundo de las fracciones políticas al respecto. Dicha decisión no sólo beneficiará a Japdeva, sino a las instituciones receptoras de los recursos, lo cual se convertirá en un mecanismo facilitador para la inversión de los recursos disponibles.
Todo el recorrido anterior deja en evidencia varias cosas:
- Las administraciones previas a las de doña Andrea Centeno no anticiparon la necesidad de dejar determinado el camino para la ejecución de estos recursos, y se fue postergando la realización del instrumento legal y los mecanismos para la efectiva inversión de los recursos.
- A pocos días del final de las administraciones del Partido Acción Ciudadana, deberán asumir el costo político de que, a pesar de tener recursos disponibles, pocos fueron desembolsados (en el mejor escenario), o incluso ningún monto (en el peor escenario).
- Por último, sobre la institucionalidad existente dentro de los actores de gobierno en la provincia: sus largos procesos para la coordinación y respuesta interinstitucional, aunado al poco personal humano han generado que la burocracia pueda más que todas las intenciones de una rápida inversión de los recursos disponibles.
En ese sentido es vital para el desarrollo de mi querida provincia de Limón, que quienes asuman el próximo gobierno no sólo tengan el compromiso de ejecución de recursos, sino el conocimiento de los procesos institucionales y también la voluntad para reforzar el personal que le da seguimiento y monitoreo de los proyectos que son presentados dentro del marco del canon. Adicionalmente se vuelve indispensable que los funcionarios públicos que deben proponer o tramitar la inclusión de proyectos dentro del canon, sean capaces de coordinar inter e intra institucionalmente para que el proceso sea más rápido y en consecuencia genere impacto en las comunidades limonenses de una manera más inmediata.
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