Para estas entregas se seleccionaron los cinco temas más relevantes/de preocupación para la población electoral según las encuestas del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP UCR). Las propuestas se extrajeron textualmente de los planes de gobierno de los dos candidatos que pasaron a la segunda ronda y se presenta en el orden que quedaron en la primera ronda. Vea en estos enlaces los demás temas: salud, educación, desempleo y costo de la vida.
José María Figueres Olsen (PLN)
— Reformar la Ley General de Policía y crear un sistema de seguridad ciudadana que tenga como propósito esencial la prevención, la contención y la represión de la criminalidad en todas sus manifestaciones y no solo como una obligación y responsabilidad de los distintos cuerpos de policía.
— El Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública se unificarán legalmente y asumirán el desafío de liderar el diseño y la puesta en operación de un Sistema de Seguridad Nacional moderno y eficiente, que articule y coordine acciones preventivas, de contención y de represión de la criminalidad, en procura de la seguridad y “el bienestar del mayor número” y “el Bienvivir de los costarricenses”.
— La Dirección de Inteligencia y Seguridad se transformará en la Dirección de Inteligencia Policial, adscrita al Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública, sin menoscabo de la coordinación institucional que, a ese nivel, deberá sostener la Dipol con el Ministerio de la Presidencia y con el Consejo de Seguridad Nacional.
— Desde el ángulo de las políticas de seguridad ciudadana y de la acción de los distintos cuerpos de policía, la norma inflexible será tolerancia cero a la corrupción y sus delitos conexos.
— Uno de los puntos medulares es el que refiere a los salarios de los efectivos policiales, especialmente en los niveles más bajos de dicha escala y la asignación presupuestaria al Ministerio de Seguridad Pública, como eje rector del Sistema Nacional de Seguridad.
Descargué aquí el Plan de Gobierno presentado al TSE por el PLN
Rodrigo Chaves Robles (PPSD)
— Fortalecer el uso de penas alternativas a la prisión con los mecanismos ya existentes en la legislación, tales como las penas de utilidad pública.
— Crear una vinculación entre el sector privado y la población privada de libertad, que alinee sus capacidades con el sector productivo.
— Constituir una fase de egreso y seguimiento post-penitenciario formal con apoyo de la institucionalidad.
— Registrar y comunicar datos confiables para utilizarse en la toma de decisiones.
— Incrementar las penas para aquellos que se desempeñan como agentes de seguridad, en cualquiera de sus modalidades, y que se demuestre vinculado o como actor de ilícitos, sobre todo si esos actos delictivos se facilitan durante el cumplimiento de sus funciones.
— Mantener una relación estrecha y de cooperación con la seguridad privada y los grupos de policía auxiliar, con el comercio y cualquier otro componente que pueda facilitar la labor de proteger la vida y el patrimonio. Los equipos y servicios de monitoreo de alarmas, tótems tecnológicos con botones de pánico, cámaras y respuesta armada oficial que han implementado algunos municipios, han demostrado ser muy efectivos y es allí donde nuevamente la labor conjunta es de gran importancia. Un trabajo de comunicación eficaz entre las policías municipales, Fuerza Pública y servicios privados, permitirían acciones oportunas en la prevención y represión de los actos delictivos.
— Proponemos modificar la normativa vigente para garantizar a los oficiales de policía y personal de atención de emergencias, que a partir de 25 años activos de servicio operativo o cuando las condiciones emocionales o de salud así lo ameriten, podrán optar por la reubicación dentro de la misma institución a la cual pertenecen, en labores menos demandantes físicamente como operar frecuencias, intendencias, oficialías o labores administrativas, estratégicas o de planeamiento.
— Se propone que el Ministerio Público, el OIJ y el Departamento de Ciencias Forenses sean entes que funcionen independientemente de las cortes de justicia (excepto en la función administrativa), para garantizar la independencia investigativa.
Descargué aquí el Plan de Gobierno presentado al TSE por el PPSD
