En coyunturas de desaceleración de los niveles de actividad económica, la inversión en infraestructura ha servido como política anticíclica para dinamizar la economía y generar condiciones para una expansión de las actividades productivas y del crecimiento económico. El efecto multiplicador que el desarrollo de infraestructura tiene sobre los diferentes sectores productivos ha sido reconocido como uno de los más efectivos para enfrentar situaciones de crisis económica. Asimismo, el análisis económico actual considera al capital físico (que se genera con la inversión en infraestructura), a la par de los avances en la innovación y el desarrollo tecnológico, como factor determinante para mejorar los niveles de competitividad, productividad y la capacidad de atracción de inversiones de los países.

Uno de los roles fundamentales que se le atribuye a la inversión en infraestructura es su alcance para conectar el tejido productivo entre muy diversas actividades económicas y potenciar el desarrollo de ventajas competitivas territoriales y el medio innovador. El efecto multiplicador y articulador de la infraestructura, en sus distintos ámbitos, tiene impactos directos e indirectos sobre el empleo de los factores productivos, las demandas intersectoriales y la participación en las cadenas globales de valor.

Infraestructura como factor de competitividad en Costa Rica ¿Dónde estamos?

Un indicador clave para analizar la competitividad relativa de un país, en términos de infraestructura, es el Índice Global de Competitividad (IGC); entre otros componentes, este índice mide la evolución de la calidad de la infraestructura de los países participantes y su incidencia en la competitividad del país. Otra medición de la calidad de la infraestructura de un país es el Índice Desempeño Logístico, elaborado por el Banco Mundial, el cual mide la calidad del comercio y la infraestructura de transportes.

De acuerdo con datos del Banco Mundial (2021), Costa Rica muestra un comportamiento estacionario, con una leve tendencia al alza en su competitividad global en la última década, pasando de ocupar la posición 66 en 2007 a la 62 en 2019. En lo que respecta a la posición relativa del país en el rubro infraestructura, se aprecia una mejora significativa entre el 2007 (puesto 104) y 2019 (puesto 63). Sin embargo, esta mejora relativa del componente infraestructura del IGC no es coincidente con el cambio en el desempeño logístico del país, ya que el avance del 2007 al 2019 es apenas de dos posiciones, pasando del puesto 72 al 70, respectivamente.

Comportamiento de la inversión en infraestructura ¿Cuál es su contribución con la convergencia económica?

A pesar del reconocimiento de la inversión en infraestructura como motor del crecimiento, el Informe Macroeconómico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para 2019 nos muestra que América Latina presenta una brecha de 2,5% del PIB en cuanto a la inversión necesaria para potenciar su crecimiento económico. Aunado a esto, la región sigue con rezagos en la calidad de la infraestructura en relación con otras regiones del mundo, solo superando a África Subsahariana.

Costa Rica no es la excepción, con una inversión del 4,1% del PIB en infraestructura (de los cuales 2,3% es en transportes y 1,1% en energía), el país presenta brechas importantes en las cuatro áreas evaluadas por el BID, a saber: transporte, energía, agua y saneamiento y telecomunicaciones. Esta situación se agrava aún más cuando analizamos la inversión en infraestructura a nivel territorial, donde se muestra una alta concentración en la Gran Área Metropolitana (GAM) y, por tanto, marcadas asimetrías territoriales en la asignación de los recursos para el desarrollo de las distintas regiones.

Lo anterior se sustenta en la información disponible del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) (2021), a partir de la cual se desglosan los tipos de inversiones en infraestructura (vial, educativa, telecomunicaciones e hídrica), aprobadas por el CFIA en 2019 y 2020 y que refleja una dinámica espacial asimétrica en cuanto al desarrollo de proyectos de infraestructura.

Por ejemplo, para el año 2019, 58% de la inversión en infraestructura se realiza en la GAM (62% sumando a Liberia y San Carlos); mientras en 2020, estos porcentajes bajan a 52% y 60%, respectivamente. En relación con la inversión en carreteras, clave para articular los territorios y la logística productiva, los datos reflejan una marcada asimetría entre la GAM y el resto del país. Es así como la GAM concentra 44% de las inversiones realizadas en los años 2019-2020; porcentaje que alcanza el 68% si se incorpora a Liberia y San Carlos.

Por su parte, la inversión en infraestructura educativa (aulas, escuelas y universidades), en el mismo periodo, 2019-2020, también se localiza mayoritariamente en la GAM (42%). Estos últimos datos ponen en evidencia cómo la infraestructura educativa se concentra en la GAM, ensanchando asimetrías territoriales y generacionales en las condiciones de la calidad del entorno educativo.

En cuanto a las inversiones en telecomunicaciones e instalación eléctrica, estas reflejan una marcada dualidad, ya que el 78% de la inversión en el 2020 se localiza en la GAM. Mientras que la inversión en infraestructura hídrica (plantas de tratamiento y acueductos) muestra una alta concentración en la GAM, representando un 76% de la inversión en el bienio 2019-2020.

El reto de la reactivación económica y el crecimiento con inclusión territorial en la próxima administración deberá contemplar el impulso de los sectores productivos y las demandas intersectoriales, que recuperen y dinamicen los niveles de actividad económica en las distintas regiones del país. Para lograr este cometido, es impostergable que el nuevo gobierno impulse actividades productivas con capacidad de generar un efecto multiplicador y acelerador del crecimiento económico con carácter sectorial y territorial de corto y mediano plazo. El desarrollo de infraestructura de calidad será un eje articulador de las actividades dinamizadoras del crecimiento y generación de empleo productivo.

Recomendaciones de políticas de reactivación y crecimiento económico inclusivo para la próxima administración

Entre las medidas de reactivación que se recomiendan se encuentran las siguientes:

  1. La inversión en infraestructura tiene un impacto potencial significativo sobre el crecimiento de la producción costarricense (un incremento de 1% se asocia con un aumento en el PIB entre 0.23% y 0.25%). La inversión en infraestructura es clave para promover la competitividad, el clima empresarial y la atracción de inversión extranjera.
  2. Las inversiones en infraestructura deberían orientarse a obras estratégicas que generen fuentes de empleo y mayores encadenamientos productivos y territoriales, tales como logística de transportes en puertos, aeropuertos, carreteras y vías férreas; centros de valor agregado (CVA) con un alto componente tecnológico; desarrollos turísticos y telecomunicaciones.
  3. En materia portuaria, retomar la reestructuración del Puerto Limón y mejorar la operación de Puerto Moín y adelantar la ampliación de Puerto Caldera y el Plan Maestro para el Litoral Pacífico. Asimismo, es indispensable actualizar y poner en marcha el Plan Maestro para el Litoral Caribe.
  4. En materia aeroportuaria, retomar la idea de construir aeropuertos regionales como puntos de conexión entre las regiones periféricas con el centro del país y con los puertos y aeropuertos vinculados con la economía internacional. En cuanto a infraestructura de transportes, la puesta en funcionamiento del ferrocarril de carga en algunos segmentos del corredor San José-Puerto Caldera, especialmente para conectar con las zonas francas y parques industriales a lo largo de dicho corredor.
  5. La inversión en infraestructura presenta un alto grado de encadenamiento con sectores clave para la economía costarricense como el turismo, que a su vez se encadena con sectores como el comercio, logística, inmobiliario y agronegocios. Una mayor inversión en infraestructura, con un enfoque territorial y sectorial, contribuiría con la reactivación del turismo y generaría un efecto derrame sobre el resto de la economía. Por ejemplo, inversiones en infraestructura de transportes y banda ancha para atraer el turismo de teletrabajo (o de nómadas digitales).
  6. El sector de agronegocios es otro de los que se beneficiaría de inversiones en infraestructura en los territorios. Por ejemplo, la creación de centros de valor agregado y centros de acopio, incubadoras y aceleradoras de empresas; permitirían al sector de agronegocios impulsar emprendimientos y promover la innovación y productividad para la conformación de esquemas dinámicos de pequeñas y medianas empresas (Pymes) en diferentes actividades económicas especializadas.
  7. Las Alianzas Público-Privadas pueden potenciar la identificación y desarrollo de clústeres dinámicos en distintas zonas geográficas. Esto de conformidad con el Programa Nacional de Clústeres, que se encuentra en su etapa de identificación. Dentro de las actividades que se han identificado para el desarrollo de clústeres con potencial dinamizador y generador de empleos, se encuentran:
    1. Clúster de desarrollo marítimo-portuario y actividades conexas.
    2. Clúster de logística de transportes, almacenamiento, ensamblaje y mantenimiento de equipos y servicios.
    3. Clúster de centros regionales de capacitación, información y comunicación. Centros de llamadas y centros de inteligencia de negocios y gestión de mercados.
  8. Relacionado con el punto anterior, se definen encadenamientos institucionales, públicos y privados de apoyo. Esto con el propósito de generar sinergias entre instituciones, públicas y privadas, que puedan contribuir con sus recursos y capacidades para la implementación, ejecución y consolidación de los clústeres, a nivel nacional, regional y local.

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