¿Se imaginan un país con una reducción significativa de emisiones de carbono con tan solo unos cuantos vehículos eléctricos en un mar de vehículos tradicionales? Eso seria como contar un chiste, pero pareciera que algunas metas que nos hemos propuesto como país no son congruentes a las acciones que buscan llevarnos hacia ellas.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), para Costa Rica “la reducción de las emisiones del sector del transporte es el principal desafío para cumplir el objetivo de ser una economía descarbonizada antes de 2050”. Esto toma trascendencia especial al conocer que el 75% de las emisiones de CO2 de nuestro país se producen en ese sector. Pero que difícil puede resultar dar un salto tan importante cuando de por medio existen más obstáculos que incentivos.
¿Cómo hacer una transición si tan solo un porcentaje menor al 10% de la población puede tener acceso a un vehículo eléctrico y sin preparar un ecosistema para el desarrollo de estas tecnologías?
La urgencia por buscar soluciones al cambio climático nos obliga a tomar decisiones realistas, oportunas y con verdaderos impactos, así como emular prácticas de países del primer mundo ejecutables. Pero, nuestras metas están lejos de cumplirse, con los datos que contamos actualmente y es que, según datos del 2017, por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), del total del parque vehicular costarricense 1.506.932 vehículos, los vehículos eléctricos apenas representaban el 0,127% de los vehículos en circulación.
Acercándonos a datos más actuales, podemos ver las cifras que nos arroja el Estado de la Nación de los años 2019 y 2020, que además de alarmarnos, debería ser razón suficiente para tomar cartas en el asunto y decisiones urgentes. Las emisiones de CO2 de la flota vehicular en 2019, estimadas a partir del consumo de combustibles, se calcularon en 6.832.911 toneladas. Los vehículos de carga pesada concentran el 20% del total de las emisiones de CO2, a pesar de representar solo el 2% de la flota total. Estos números se alejan mucho de la pregunta inicial como querer un país libre de humo y contaminación con estas cifras.
Y es que el momento de actuar es ahora, el mundo avanza vertiginosamente hacia un cambio no solo de mentalidad si no en función de que la tecnología detenga los grandes daños ocasionados por años al medio ambiente. Por eso la necesidad imperante de enfocarnos en lo que de verdad nos está deteniendo de llegar a ser la primera economía descarbonizada del mundo: las emisiones del transporte, contamos con un país cuya bandera VERDE nos demanda ser consecuentes y no postergar temas como este.
Y muchos se preguntarán ¿Por dónde iniciamos? ¿Cuál es se gran paso que nos ubique en la ruta correcta?
Pues que tal si iniciamos creando INCENTIVOS en vez de obstáculos, si bien es cierto existen algunos esfuerzos como la Ley N° 9518 de Incentivos y promoción para el transporte eléctrico, esto no ha sido suficiente. Si bien es cierto con esta ley se avanzó en la vía correcta, se detectaron errores y vacios como no hacer una previsión de una verdadera transición, dando el salto inmediato a la electrificación sin que existiera la infraestructura necesaria (electrolineras o centros de recarga) para asegurar un desplazamiento por todo el país sin inconvenientes.
Pues era como un chiste de mal gusto, pues eran más los inconvenientes para quien adquiriera un vehículo eléctrico que los beneficios y además a un mayor costo. No se pueden hacer cambios de forma brusca. Y es que la transición hacia la movilidad sostenible debe ser gradual, para alcanzar los objetivos de reducción de CO2, por ello es prioritario la inclusión de otras tecnologías limpias en la ley, que permitan colaborar con este proceso, así como una educación necesaria para generar también un cambio de pensamiento en la población.
Por eso mismo, presenté el proyecto de ley 22.713 que reforma la Ley 9518 y la transforma en la Ley De Incentivos y Promoción para el Transporte Sostenible.
¿Qué busco con esto? Que de una vez por todas nos enfoquemos mediante la propuesta de cambios que permitan una descarbonización accesible del transporte. Accesible, esta es la clave y la diferencia.
Esta iniciativa busca en sí incorporar un cambio de definiciones para ampliar el rango de los vehículos sostenibles y poder bajar el nivel de emisiones, además se amplían los incentivos para vehículos impulsados con tecnologías o energías limpias, sin tope y para los vehículos impulsados con tecnologías o energías más limpias que al menos cuenten con un motor eléctrico de mínimo 25 kilowatts, sin tope, pero con incentivos menores.
De esta forma podríamos ampliar significativamente la flota vehicular sostenible con el medio ambiente, creando no solo la necesidad de cambio si no la solución. Asimismo, y sabiendo que el transporte público también debe ser parte de la renovación, se incorpora la necesidad de estudios previos que demuestren la viabilidad técnica y financiera para el reemplazo de la flota de autobuses.
Me motiva con fuerza impulsar este proyecto que se que sin duda hará que la descarbonización del transporte empiece su etapa más agresiva, porque los compromisos para el combate del cambio climático no pueden dejarse para después.
Pensar en las nuevas generaciones es motivo no de preocupación si no de ocupación, por eso desde los espacios donde se puede hacer que las cosas sucedan, asumimos un compromiso que sin duda no soltaremos hasta verlo hecho realidad.
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