El pasado 22 de enero, el Acuerdo de Escazú cumplió nueve meses desde que entró oficialmente en vigor. Son en efecto 12 Estados que ya lo han ratificado y que se reunirán en Santiago de Chile (sede de la CEPAL) en abril próximo para la primera reunión oficial de Estados Parte a este novedoso instrumento, suscrito el 4 de marzo del 2018 en Costa Rica.
Cabe precisar que las nuevas autoridades chilenas electas ya han anunciado que rectificarán en los primeros días de su gestión lo acontecido durante la administración del presidente Piñera con este innovador acuerdo regional. Una firma que será muy rápida de registrar en Naciones Unidas por parte del nuevo Poder Ejecutivo a penas tome posesión, y luego un cabildeo con los partidos políticos en el Poder Legislativo en aras de poner a Chile al unísono con un clamor general en América Latina y con los lineamientos como los que contiene el Acuerdo de Escazú. Los cuales, además —pese a que ello no se divulgue mayormente en algunos círculos políticos y económicos— corresponden no solamente a los que promueven diversas entidades de derechos humanos de Naciones Unidas, sino también la misma OCDE o el mismo Banco Mundial.
Con lo cual es factible, pese a la premura del tiempo, que Chile logre participar a la reunión prevista en el mes de abril.
En lo que concierne a Costa Rica, sigue interpelando a numerosos observadores internacionales y a organizaciones, tanto en América Latina como en otras latitudes, al no haber ratificado un instrumento que lleva el nombre de uno de sus cantones (pese a que ya lo han hecho Estados como Argentina, Bolivia, Panamá, México, o Uruguay). Cabe recordar que en el mes de febrero del 2020, en primer debate, se adoptó con 44 votos a favor y 0 en contra en la Asamblea Legislativa. Los actuales legisladores luego cambiaron de parecer, por presión de diversas cámaras empresariales costarricenses que se oponen a este instrumento con base en supuestos argumentos y cuyos autores rehúyen el debate público con especialistas[i]. Hay que destacar el hecho que, desde la Sala Constitucional, un solo magistrado (Paul Rueda Leal) de siete evidenció la innecesaria complicación que esta jurisdicción le significó a la aprobación del Acuerdo de Escazú, con base en argumentos y en un cambio de su línea jurisprudencial más que cuestionables[ii].
Hace unos meses, se publicó por parte de la Asociación Costarricense de Derecho Internacional (ACODI) un valioso artículo que refuta nuevamente los mitos creados por algunas cámaras empresariales costarricenses (y sus siempre hacendosas fichas políticas) en contra de este instrumento. De igual manera, nos permitimos referir al lector a un muy valioso esfuerzo del equipo de periodistas de DobleCheck, el cual examinó en detalle cada uno de los argumentos de una influyente cámara empresarial, en el que podemos leer que:
Doble Check conversó el viernes 23 de abril con Álvaro Jenkins, presidente de UCCAEP, quien dirigió las consultas al director ejecutivo Fabio Masís. Masís dirigió hoy, lunes, nuestras consultas al departamento de prensa, que indicó que no podrían responder hasta la tarde del miércoles 28 de abril. Doble Check actualizará esta nota si las respuestas llegan para entonces".
A la fecha, dicha nota se ha mantenido sin cambio alguno desde el mes de abril del 2021.
Dado que Chile y Costa Rica fueron ambos líderes indiscutibles durante los más de 5 años y medio que duraron las negociaciones con las demás 31 delegaciones estatales, y que Chile posiblemente muy pronto cierre la lamentable paréntesis que significó su actual presidente en muchos ámbitos relacionados a ambiente y a derechos humanos, ¿será factible rectificar antes de Chile (o al mismo tiempo que Chile) su no aprobación, o Costa Rica querrá arriesgarse a seguir "luciéndose" internacionalmente, dándole la espalda a un tratado que busca proteger a quiénes defienden el ambiente y promover la transparencia, así como la rendición de cuentas[iii]?
Tienen la palabra su actual Ejecutivo, así como la Asamblea Legislativa, cuyos integrantes están aún a tiempo de reconocer que erraron (y bastante) al cambiar de parecer sobre el Acuerdo de Escazú con base en argumentos que no lo son desde el punto de vista jurídico. También, claro está, resulta de interés para cada votante saber quiénes entre las numerosas candidaturas a la Presidencia están a favor de consolidar los derechos de quienes defienden el ambiente, así como la transparencia y la rendición de cuentas y… quiénes como que no o no tanto.
[i] En efecto, tan pronto conocido el comunicado de una influyente cámara empresarial en Costa Rica en contra del Acuerdo de Escazú en el mes de abril del 2021, se invitó a sus representantes legales a un debate público virtual con dos académicos especialistas en derecho ambiental, al que prefirieron no asistir a Café para tres . En mayo del 2021, un segundo intento desde la UCR confirmó la renuencia al debate antes señalada. En junio del 2021, fue esta vez desde el Colegio de Biólogos de Costa Rica que se confirmó, por tercera vez consecutiva, que rehuir el debate es para algunos la manera acordada para defender sus supuestos "argumentos".
[ii] Sobre la innecesaria complicación que ha generado la Sala Constitucional en el trámite de aprobación de este tratado regional en Costa Rica, véase la sección “La peculiar situación del Acuerdo de Escazú en Costa Rica”.
[iii] El pasado 25 de noviembre del 2021, la CEPAL dio a conocer una nueva publicación sobre los alcances del Acuerdo de Escazú, cuya lectura igualmente recomendamos: se trata de la obra titulada “El Acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental y su relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” que reúne diversas contribuciones de renombrados/as especialistas de distintas latitudes del continente americano.
Este artículo representa el criterio de quien lo firma. Los artículos de opinión publicados no reflejan necesariamente la posición editorial de este medio. Delfino.CR es un medio independiente, abierto a la opinión de sus lectores. Si desea publicar en Teclado Abierto, consulte nuestra guía para averiguar cómo hacerlo.
