Para estas entregas se seleccionaron los cinco temas más relevantes/de preocupación para la población electoral según las encuestas del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP UCR). Las propuestas se extrajeron de los planes de gobierno suministrados por los partidos al Tribunal Supremo de Elecciones y se transcluyen literalmente; se incluyen los diez candidatos con mayor intención de voto según la encuesta del CIEP (15 diciembre 2021), en ese orden.

José María Figueres (PLN)

— Reformar la Ley General de Policía y crear un sistema de seguridad ciudadana que tenga como propósito esencial la prevención, la contención y la represión de la criminalidad en todas sus manifestaciones y no solo como una obligación y responsabilidad de los distintos cuerpos de policía.

— El Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública se unificarán legalmente y asumirán el desafío de liderar el diseño y la puesta en operación de un Sistema de Seguridad Nacional moderno y eficiente, que articule y coordine acciones preventivas, de contención y de represión de la criminalidad, en procura de la seguridad y “el bienestar del mayor número” y “el Bienvivir de los costarricenses”.

— La Dirección de Inteligencia y Seguridad se transformará en la Dirección de Inteligencia Policial, adscrita al Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública, sin menoscabo de la coordinación institucional que, a ese nivel, deberá sostener la Dipol con el Ministerio de la Presidencia y con el Consejo de Seguridad Nacional.

— Desde el ángulo de las políticas de seguridad ciudadana y de la acción de los distintos cuerpos de policía, la norma inflexible será tolerancia cero a la corrupción y sus delitos conexos.

— Uno de los puntos medulares es el que refiere a los salarios de los efectivos policiales, especialmente en los niveles más bajos de dicha escala y la asignación presupuestaria al Ministerio de Seguridad Pública, como eje rector del Sistema Nacional de Seguridad.

Lineth Saborío (PUSC)

— Mejorar la coordinación entre el Ministerio de Justicia y Paz y el Poder Judicial, para garantizar un mejor flujo de los procesos policiales y judiciales a los servicios bajo el mando del Ministerio.

— Convertir el Ministerio de Justicia y Paz en un órgano enfocado en la promoción de la paz y la prevención del delito, por medio de programas en coordinación con otras entidades del Estado como el Ministerio de Cultura y Juventud, Ministerio de Deportes y Ministerio de Educación, con municipalidades, sectores empresariales y comunidades; aportando conocimiento, capacitación, recursos y acompañamiento.

— Facilitar y promover todos los mecanismos de resolución alterna de conflictos, centros de conciliación y casas de justicia, al igual que promover la justicia restaurativa para asegurar la reincidencia por parte de quienes hayan sido privados de libertad.

— El aumento de la capacidad instalada en cárceles y centros de internamiento temporal es esencial para lo cual se debe recurrir a modelos de economía mixta y centros carcelarios que a la vez sean seguros, pero con un enfoque restaurativo en que los privados de libertad mejoren como personas capaces de convivir en paz con el resto de la sociedad.

— El fortalecimiento del control de fronteras es clave para el país y debe ser instrumentado para alcanzarse en todas sus dimensiones: eliminar el contrabando y el tránsito ilegal de personas; prevenir y reducir el narcotráfico; manejar la inmigración de acuerdo a principios humanitarios, laborales, y de seguridad sanitaria; desplegar una policía especializada en estos temas a lo largo de todas nuestra fronteras y con concentración en áreas de alta vulnerabilidad como son los pasos fronterizos, ciertas costas y los puertos y aeropuertos internacionales, en los que se debe desplegar tecnología como scanners, sensores, tecnología de reconocimiento facial, y otros.

— Es urgente expandir los cuerpos policiales en el número de efectivos y su especialización, recuperar 2000 plazas de efectivos de policía que se han perdido en el tiempo y capacitarlos de acuerdo la realidad de nuestra inseguridad latente de hoy.

— Desplegar una policía turística altamente especializada, con destrezas y capacidades de comunicación diferentes y la sensibilidad necesaria para lidiar con las empresas y clientes de esta importante y amplia industria nacional.

Fabricio Alvarado (NR)

— Iniciar el proceso de implementación de un modelo de gestión policial en el que el eje central sea la prevención integral del delito y el control de los fenómenos delictuales, para lograr una mayor eficiencia de recursos y seguridad.

— Desarrollar un modelo de planificación policial (estratégico, táctico y operativo) que maximice los resultados de efecto e impacto, y mejore los índices de seguridad ciudadana, a través de la innovación y el desarrollo de nuevos productos y servicios policiales.

— Establecer ciclos de mejora continua para el desarrollo y evolución constante del servicio policial, en función de los cambios del entorno y la mutación del delito a través del tiempo.

— Usar la inteligencia policial y fortalecer el uso de la tecnología en todos los cuerpos policiales, para direccionar los esfuerzos hacia objetivos específicos y dar una adecuada lucha contra los fenómenos criminales, lo que incluye la implementación de un modelo de denuncia dinámica para la persona ciudadana, por medio de los teléfonos inteligentes.

— Reducir la incidencia y el impacto de los delitos a cargo de grupos de crimen organizado, mediante un esfuerzo integral que lidere el Ministerio de Seguridad Pública, con la participación de otros entes del gobierno central.

— Diseñar e implementar una política migratoria eficaz para la contención y erradicación del acceso ilegal de personas al país por mar, aire o tierra.

— Promover la transformación del modelo carcelario heredado en nuestro sistema de administración de justicia, con el fin de convertir los centros penitenciarios en verdaderos espacios de resocialización y reinserción de las personas privadas de libertad.

— Aumentar el pie de fuerza de los cuerpos policiales a mil policías por año, con el propósito de incrementar su influencia en todo el país.

José María Villalta (FA)

— Impulsar la aprobación de una reforma integral al Código Penal desde un enfoque de Derechos Humanos para ampliar el sistema de penas con penas alternativas; revisar y actualizar las conductas tipificadas como delitos; revisar los agravantes en casos de uso de armas, corrupción de personas de Supremos Poderes, delitos fiscales, ambientales, financieros, entre otras.

— Promover una nueva Ley Penitenciaria que incorpore el enfoque de Derechos Humanos y la perspectiva de género como ejes transversales. Esta ley considerará que todas las aristas que conforman el Sistema Penitenciario dispongan de recursos necesarios para su funcionamiento. La construcción de la nueva Ley se hará de forma conjunta, con el criterio técnico y profesional de las personas encargadas de las diferentes estructuras que forman parte del sistema penitenciario.

— Rechazar las reformas a la legislación penal basadas en el populismo punitivo, como las que pretenden aumentar penas de cárcel de forma desmedida e injustificada, eliminar sanciones alternativas a la prisión o generalizar la aplicación de la prisión preventiva, desconociendo su carácter de medida cautelar.

— Impulsar una reforma integral a la Ley de Armas y Explosivos para limitar la participación de personas menores de edad en el aprendizaje del manejo de armas, reforzar controles sobre la tenencia legal de armas y fortalecer las sanciones contra la tenencia y el tráfico ilegal de armas de fuego.

— Adjudicar a la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública la tramitología del carné de portación de armas para tener una correcta fiscalización del mercado generado alrededor de los servicios de portación, así como promover que sea dicho organismo el encargado de facilitar el curso de preparación.

— Inhabilitar la portación de armas hasta por 50 años a quienes han cometido delitos con ellas por medio de un proyecto de Ley.

— Fortalecer la investigación y control de la legitimación de capitales promoviendo a su vez, que la investigación y control sea aplicada en los delitos de fraude fiscal y fraude con la seguridad social.

— Reformar las leyes sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, la Ley Orgánica del Ministerio de Salud y la Ley General de Salud para reformular la normativa nacional referente al consumo de cannabis para fines medicinales y no medicinales, pasando de un enfoque represor sobre el consumo de esta sustancia a un marco normativo con visión preventiva y de salud.

Rodrigo Chávez (PSD)

— Fortalecer el uso de penas alternativas a la prisión con los mecanismos ya existentes en la legislación, tales como las penas de utilidad pública.

— Crear una vinculación entre el sector privado y la población privada de libertad, que alinee sus capacidades con el sector productivo.

— Constituir una fase de egreso y seguimiento post-penitenciario formal con apoyo de la institucionalidad.

— Registrar y comunicar datos confiables para utilizarse en la toma de decisiones.

— Incrementar las penas para aquellos que se desempeñan como agentes de seguridad, en cualquiera de sus modalidades, y que se demuestre vinculado o como actor de ilícitos, sobre todo si esos actos delictivos se facilitan durante el cumplimiento de sus funciones.

— Mantener una relación estrecha y de cooperación con la seguridad privada y los grupos de policía auxiliar, con el comercio y cualquier otro componente que pueda facilitar la labor de proteger la vida y el patrimonio. Los equipos y servicios de monitoreo de alarmas, tótems tecnológicos con botones de pánico, cámaras y respuesta armada oficial que han implementado algunos municipios, han demostrado ser muy efectivos y es allí donde nuevamente la labor conjunta es de gran importancia. Un trabajo de comunicación eficaz entre las policías municipales, Fuerza Pública y servicios privados, permitirían acciones oportunas en la prevención y represión de los actos delictivos.

— Proponemos modificar la normativa vigente para garantizar a los oficiales de policía y personal de atención de emergencias, que a partir de 25 años activos de servicio operativo o cuando las condiciones emocionales o de salud así lo ameriten, podrán optar por la reubicación dentro de la misma institución a la cual pertenecen, en labores menos demandantes físicamente como operar frecuencias, intendencias, oficialías o labores administrativas, estratégicas o de planeamiento.

— Se propone que el Ministerio Público, el OIJ y el Departamento de Ciencias Forenses sean entes que funcionen independientemente de las cortes de justicia (excepto en la función administrativa), para garantizar la independencia investigativa.

Eliécer Feinzaig (LP)

— Bajo un proceso planificado, unificaremos los cuerpos policiales del país dentro del Ministerio de Seguridad Pública, para asegurarnos el cumplimiento total de los objetivos, bajo una unidad de mando que permita mayor eficacia y eficiencia en el uso de los recursos, pero, además, para lograr mayor congruencia en los esfuerzos policiales en todas las operaciones.

— Implementaremos en todos los cuerpos policiales un modelo moderno de administración policial, que mejore la calidad del servicio que brinda, tanto en el proceso de prevención, como en la inteligencia y control del delito de todas las especialidades, para el desarrollo de planes, proyectos, programas y presupuestos en materia de seguridad.

— Trasladaremos las funciones de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional al Ministerio de Seguridad Pública, para lo cual se establecerá la Dirección de Inteligencia Nacional, que servirá a todas las policías, recolectando, procesando, validando, clasificando y brindando insumos reales para el mejoramiento de los servicios de policía en prevención y control del delito, para lo cual se disolverá la actual DIS.

— Implementaremos el uso de la tecnología en los cuerpos de policía, para optimizar los recursos con los que el país cuenta de manera urgente.

— Impulsaremos las transformaciones legales necesarias para independizar administrativamente al Ministerio Público y Organismo de Investigación Judicial.

— Modernizaremos la Academia Nacional de Policía y el sistema de enseñanza que se le debe brindar a todos los cuerpos de policía, incluyendo las policías municipales. Para ello, actualizaremos el método de enseñanza y el perfil de los docentes, con el fin de que esta academia imparta toda la capacitación de formación a las policías del país, logrando así una visión integral y homogénea en los cuerpos policiales.

— Para enfrentar los graves problemas de seguridad y la situación de desventaja en que se encuentran nuestras fuerzas policiales, contrataremos a 5000 policías en los próximos cuatro años y mejoraremos sus condiciones laborales. Nos comprometemos a la obtención de fondos para invertir en infraestructura en todos las policías, especialmente en la mejora de las existencias actuales y la sostenibilidad de su mantenimiento preventivo y correctivo, a través de los ahorros generados como parte de las medidas de reforma administrativa del Estado que llevaremos adelante.

— En los primeros 100 días, ampliaremos la validez del pasaporte de Costa Rica de 6 a 10 años para personas con mayoría de edad. Como resultado inmediato, los ciudadanos tendrán un ahorro en tiempo y dinero.

— Remozaremos el control en fronteras dotando de mayor capacidad técnica a los funcionarios destacados en fronteras y armonizando las políticas de inmigración con la planificación y ejecución de las tareas en los distintos Consulados donde se procesan visados.

Rolando Araya (CRJ)

— Se debe promover el cambio de modelo de justicia restaurativa y no retributiva. Así establecer políticas y procesos que brinden alternativas a los conflictos penales para lograr la desjudicialización de los conflictos dimensionando la respuesta penal a una política criminal proporcional con el delito.

— El sistema penitenciario requiere de una ley de ejecución penal para adultos (norma prevista en el artículo 51 del Código Penal y aún no dictada) para brindar seguridad jurídica a la reubicación de privados de libertad y no a través de circulares dictadas por el Instituto Nacional de Criminología.

— Promoveremos que no haya desarraigo en caso de las mujeres jefas de hogar privadas de libertad concentradas en el Centro Vilma Curling (antes llamado Buen Pastor).

— Se debe fortalecer el programa en comunidad que comprende a quienes están sujetos por libertad condicional, incidentes de enfermedad, suspensión del proceso a prueba, medidas de seguridad y contravenciones.

— Ampliaremos el programa de comunidades terapéuticas para la atención de privados de libertad con adicción a las drogas mediante programas certificados por el IAFA.

— Daremos seguimiento a que la apertura de las nuevas instalaciones carcelarias responda a sus objetivos iniciales: brindar espacios para educación, formación, talleres y atención técnica que permita la reinserción de los sentenciados y no simplemente una respuesta a la sobrepoblación penitenciaria.

— Ampliaremos la cobertura de centros de conciliación y arbitrajes privados y casas de justicia con municipalidades y colegios profesionales con el fin de facilitar el acceso a la justicia. Atenderemos problemas de infraestructura y hacinamiento para reducir problemas de salubridad y capacidad de las instalaciones penitenciarias.

— Aumentaremos convenios entre el Ministerio de Justicia y Paz y el sector productivo para promover la empleabilidad de la población privada de libertad y así dar alternativas a quienes cumplen apremio corporal en materia de pensiones alimentarias.

Welmer Ramos (PAC)

— Mejorar la seguridad para las mujeres tanto en el ámbito de los espacios privados como públicos, con el fin de disminuir el número de feminicidios y garantizarles el disfrute de sus derechos humanos, mediante la correcta aplicación de la legislación existente en la materia, la creación de políticas institucionales y el apoyo a las iniciativas que han demostrado ser exitosas, tanto a nivel estatal como de organizaciones privadas.

— Impulsar un cambio de paradigma institucional en el tema del cannabis para asumir un abordaje integral que coadyuve a la reactivación económica, la salud pública, la prevención y la seguridad.

— Impulsar la modificación de la normativa que fortalece la institucionalidad pública para tratar el tema de la ciberdelincuencia.

— Combatir el crimen organizado, reactivando y mejorando el Proyecto de Ley de Extinción de dominio y dotando de los recursos presupuestarios y logísticos al Ministerio de Seguridad y otras instituciones encargadas del control, en el marco de la ley 8754.

— Combatir el narcotráfico y el crimen organizado, a través del uso de tecnología en las fronteras y el impulso a reformas que brinden mayores herramientas legales y de inteligencia para su detección y persecución.

— Profundizar en la profesionalización de los cuerpos policiales fortaleciendo el componente de derechos humanos y el trato respetuoso sin discriminación, y mejorando las condiciones del entorno laboral e impulsando el abordaje científico bajo la visión de la “policía orientada a la solución de problemas”.

— Reformar la Ley de Mecanismos Electrónicos de Seguimiento en Materia Penal tomando en cuenta la experiencia práctica del Ministerio de Justicia y Paz, el Poder Judicial y las lecciones aprendidas con los proveedores privados de mecanismos electrónicos.

— Reformar la Dirección de Inteligencia y Seguridad, mediante un cambio normativo que establezca límites a sus potestades, que la convierta en una institución pública de prevención, diálogo e inteligencia estratégica

Greivin Moya (FN)

— Su plan de Gobierno no tiene propuestas en materia de seguridad ciudadana.

 

Eduardo Cruickshank (RN)

— Dictaremos una política nacional coherente y claramente definida de prevención del delito, para que todas las instituciones del sector actúen de forma coordinada.

— Con la participación directa del Presidente, articularemos las acciones de los ministerios de seguridad pública, justicia y paz, educación, trabajo, cultura y del deporte; así como el IMAS, FODESAF, INA, el INAMU, el PANI, la JPS y DINADECO, con participación activa a nivel local, de las municipalidades, para orquestar, a un mismo tiempo y con la misma intensidad y énfasis, las diferentes estrategias de prevención y disminución de riesgos de violencia y crimen, así como estrategias que fortalezcan la reconstrucción del tejido social y la confianza entre los ciudadanos y para con las autoridades de seguridad. Estas instituciones, también articularán esfuerzos, para promover una mejora continua de tácticas y técnicas modernas de disuasión del crimen y el control del delito.

— En 22 distritos ubicados en los cantones de Alajuela Centro, Corredores, Desamparados, Goicoechea, Heredia Centro, La Cruz, Puerto Limón, Matina, Pococí, Puntarenas Centro, la Capital, Sarapiquí, Siquirres y Tibás, (y en los que la estadística actualizada indique), la acción policial de la Administración Cruickshank Smith será contundente, con la mejor tecnología y las mejores herramientas para perseguir el delito y con acceso a la mejor información estadística y de inteligencia, que permita anticipar y controlar la violencia.

— El Ministerio de Educación Pública, en plena coordinación con el personal administrativo y docente, con apoyo de las fuerzas policiales, intensificará los controles para disminuir el consumo de drogas en centros educativos y sus cercanías, en los 22 distritos referenciados.

— Para la vigilancia aérea, adquiriremos ingeniería y tecnología de punta, para mejorar el control de aeronaves que surcan ilegalmente el territorio y se aprovecharán con mayor énfasis, las nuevas disposiciones legales, para la destrucción de pistas clandestinas de aterrizaje.