Las próximas elecciones auguran más de lo mismo, al no existir la certeza de que todos los partidos en la contienda posean la estructura necesaria y suficiente para hacerse del control gubernamental desde el ejecutivo, sin necesidad de negociar y utilizar la base de otros partidos políticos.
El desaguisado de partidos con candidaturas a la Presidencia que también aspiran a una curul legislativa, u otras que no llegan ni al margen de error en las encuestas, solo dejan ver una realidad política y politiquera derivada de las últimas elecciones. Esto es, cualquier persona con o sin preparación puede por acaso, ser electo a la Presidencia de la República. Aspirar a la silla presidencial, si bien es un derecho que cualquier persona —con ciudadanía y demás requisitos formales— puede ejercer, lleva consigo una responsabilidad con la ciudadanía y la institucionalidad, esto por cuanto las personas que se postulan deben de tener madurado un proceso de preparación y los equipos de trabajo listos antes de postularse a la Presidencia a la que aspiran.
El problema subyace en que la mayoría de los planes de gobierno de las candidaturas —y sus respectivos partidos— con alguna oportunidad de ganar la elección, no son otra cosa que los estudios económicos de la OCDE 2018 y 2020 para Costa Rica parafraseados, sin ninguna propuesta de implementación, descontextualizando de la realidad institucional y de los sectores productivos, así como sin considerar lo bueno y lo mejorable de nuestro Estado de Derecho fundado en la Segunda República
Un ejemplo de ello, son varios proyectos de ley impulsados y fundamentados bajo las recomendaciones de dicha organización, los cuales rozan o son incompatibles con el régimen de autonomías creado durante la fundación de la Segunda República. Lo obvio sería que se ajustaran las recomendaciones a nuestra realidad jurídica y no al contrario. Es importante informar a la ciudadanía que ese régimen de autonomías es el responsable de la paz duradera que hemos disfrutado durante décadas.
Cabe destacar, que los planes de gobierno se centran primariamente en las preocupaciones inmediatas de la población costarricense en los últimos meses —para tratar de ganar electorado— no obstante, carecen de un plan nacional real para el desarrollo a mediano y largo plazo. Una fuerza política que realmente busque el bienestar y desarrollo nacional no puede marcar un plan de corto plazo, sino que debería delinear a la Costa Rica de los próximos 20 años, ofreciendo las acciones concretas necesarias en los próximos 4 años para avanzar a esa meta ; a no ser que el plan sea turnarse la silla presidencial.
Finalmente, es importante notar por ejemplo, la falta de propuestas concretas en ciencia y tecnología, en infraestructura de punta para nuestros hospitales, universidades e institutos. La falta de propuestas para aumentar el porcentaje de PIB a la ciencia y tecnología, así como la falta de liderazgo en la promoción de proyectos de infraestructura científica, el más obvio, la reconversión consensuada de la infraestructura universitaria actual para la producción de vacunas. Más aun, cualquier discurso en desarrollo sostenible, o verde o una sociedad basada en conocimiento es incompatible sin una educación pública de calidad financiada hasta el cuarto ciclo y obligatoria, con universidades estatales financiadas adecuadamente para propiciar su crecimiento continuo de la mano de la movilidad social, sin un INA presente en todo el territorio nacional (no todos deben de sacar una carrera universitaria, pero sí es conveniente que todos aprendan un oficio) y sin una inversión país de al menos 2% del PIB en ciencia y tecnología. Hoy, ningún discurso político parece tener la ambición de desarrollo para Costa Rica.
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