El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, envió ayer a consulta constitucional el proyecto de Ley Marco de Empleo Público, apenas recibió la votación en primer debate por parte de la Asamblea Legislativa.

La consulta, de 76 páginas, acusa la inconstitucionalidad del proyecto por las normas que establecen la aplicación del Estatuto de Servicio Civil a todos los servidores públicos, incluidos los servidores judiciales, con la consecuente pérdida de competencias constitucionales de gobierno de la Corte Suprema de Justicia y la derogatoria tácita del Estatuto del Servicio Judicial.

Asimismo, acusa que son inconstitucionales las normas que establecen un pérdida parcial de la competencia constitucional de la Corte Suprema en materia de gobierno del Poder Judicial y abren la posibilidad de regular lo atinente a dicho Poder mediante actos administrativos, con violación de la reserva de ley prevista en la Constitución Política.

Como tercer punto, la Corte alega que el proyecto contempla la eliminación de la relación coordinación-cooperación entre Poderes para efectos de la materia de empleo público y por ende elimina las competencias constitucionales sobre la materia de los órganos de gobierno del Poder Judicial; como cuarto motivo, figura que el proyecto contempla que la determinación de la política salarial del Poder Judicial será definida por otros órganos del Poder Ejecutivo, eliminando las competencias al respecto inherentes al gobierno judicial contempladas en la Constitución Política.

La Sala ahora debe someter a análisis de admisibilidad la consulta y solicitar a la Asamblea Legislativa que remita el expediente completo del proyecto de ley. Una vez recibido por el Alto Tribunal, empezará el cómputo de los 30 días plazo que tienen para resolver la consulta formulada por la Corte. Al cierre de edición de esta nota, no había otras consultas de constitucionalidad en contra de la iniciativa presentadas en la Sala.

La Corte Suprema planteó una consulta cuando el proyecto fue aprobado en primer debate hace seis meses, sin embargo, la Sala Constitucional rechazó entrar a conocerla por considerar que la presentó de forma extemporánea: posterior a que el expediente certificado del proyecto llegara al Tribunal; por lo que esta vez el Poder Judicial corrió para plantear la consulta de primero y evitar que lo anterior vuelva a ocurrir.