El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este martes, en primer debate por segunda vez, el proyecto de Ley Marco de Empleo Público, con miras a otra seguidilla de consultas ante la Sala Constitucional y un ejercicio matemático que apunta a que la iniciativa tiene 38 votos a favor para un eventual segundo debate.
Pasadas las 5 pm, la presidenta declaró el expediente 21.336 suficientemente discutido y lo sometió a votación con 44 congresistas presentes: 36 votaron a favor y 8 votaron en contra, quedando aprobado. Respecto a la primera votación de primer debate, el proyecto ganó cuatro votos a favor y perdió siete votos en contra.
Delfino.cr analizó ambas votaciones para determinar cuáles movimientos en la intención de voto de los diputados fueron plasmados este martes.
La diputada María Inés Solís Quirós del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) pasó de estar en contra a votar a favor. Por el contrario, Enrique Sánchez Carballo del Partido Acción Ciudadana (PAC) pasó de votar a favor a estar en contra.
En la lista de quienes no estuvieron en la primera votación, acudieron este martes y votaron a favor están Otto Roberto Vargas del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), Nidia Céspedes Cisneros de los independientes; Erwen Masís Castro y José María Guevara Navarrete* del PUSC, Paola Valladares Rosado y Luis Antonio Aiza del Partido Liberación Nacional (PLN).
(*): El diputado José María Guevara Navarrete no era diputado en junio, cuando el proyecto fue votado por primera vez; su antecesor, Rodolfo Peña Flores (d.e.p.) figura como ausente ese día.
En la lista de los que se ausentaron en la primera votación y acudieron este martes a votar en contra están los independientes Erick Rodríguez Steller y Dragos Dolanescu Valenciano.
Asimismo, en la lista de los que habían votado en contra pero no llegaron a votar este martes están: Aracelly Salas Eduarte, Oscar Cascante Cascante y Pablo Heriberto Abarca del PUSC; Franggi Nicolás Solano, David Gourzong Cerdas y Daniel Ulate Valenciano del PLN; el oficialista Welmer Ramos González; la restauradora Floria Segreda Sagot y la independiente Shirley Díaz Mejía.
Por último, en la lista de los que habían votado a favor pero se ausentaron este martes están la socialcristiana María Vita Monge y la liberacionista Aida Montiel Héctor.
Contabilizados todos estos movimientos, bajo el supuesto de que asisten todos los congresistas que votaron en la primera o segunda votación, y bajo el supuesto de que quienes se ausentaron esta vez votarán a como lo hicieron en la primera ocasión, arroja que la iniciativa tiene 38 diputados a favor, 17 en contra y 2 que no han votado en ninguna ocasión: Ivonne Acuña Cabrera por los independientes, y Mélvin Nuñez Piña de Restauración Nacional.
Servicios Técnicos refuta al Tribunal Supremo de Elecciones
El Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa respondió a la presidenta legislativa, Silvia Hernández Sánchez, que el proyecto de Ley Marco de Empleo Público no tiene impedimento de ser votado, a pesar del criterio negativo del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y la literalidad del artículo 97 de la Constitución, que refiere que no se puede promulgar legislación electoral que tenga criterio negativo del TSE cuando falten 6 meses para las elecciones presidenciales, periodo en el cual el país se encuentra sumergido.
En un criterio de dos páginas, el jerarca de ese departamento, Fernando Campos Martínez, afirmó que esa restricción —precisamente por ser una restricción—, "debe interpretarse de forma restrictiva; es decir, limitada a lo que constituye propiamente la materia electoral, por lo que esta asesoría concluye que del análisis de las actas de la Asamblea Nacional Constituyente en las que se discute la materia electoral, y de la jurisprudencia tanto de la Sala Constitucional y del mismo Tribunal Supremo de Elecciones, en lo que concierne a la materia electoral, el expediente legislativo 21336: “Ley de Empleo Público”, no toca el núcleo duro del derecho electoral, no afecta los principios, derechos y garantías electorales fundamentales, ya que no se afectan los mecanismos de democracia directa, no afecta el sufragio, ni la estructuración de los órganos electorales, ni el proceso electoral, ni la justicia electoral, ni lo relativo a los partidos políticos, ni a temas de financiamiento político, fiscalización y responsabilidad, ni al sistema electoral y las formulas electorales".
El proyecto se refiere a materias distintas a la materia electoral, como son el empleo púbico, la materia administrativa y la laboral. Es decir, lo contenido en la iniciativa de ley no afecta el proceso electoral, ni la materia electoral propiamente dicha.
Sin embargo, Servicios Técnicos advirtió que el proyecto sí toca la autonomía administrativa del Tribunal Supremo de Elecciones, por lo que al haber emitido un criterio negativo, la Asamblea solo podrá apartarse de él si aprueba la iniciativa con mayoría calificada (38 votos) en segundo debate; acá se demuestra una falencia del criterio: el artículo 97 de la Constitución dice que el Tribunal solo puede "calificar" la votación de proyectos en materia electoral, por lo que al declarar que la iniciativa no tiene esa tónica, no se necesitarían los 38 votos. Sí los necesitaría, sin embargo, por el criterio del Poder Judicial y por el acceso a registros de información, en los términos del artículo 24.
Al haberse aprobado en primer debate, el proyecto queda habilitado para ser consultado a la Sala Constitucional, tal y como ocurrió hace seis meses. Días atrás, la Corte Suprema de Justicia anunció su intención de plantear una consulta, mientras que el diputado Pedro Muñoz del PUSC también anunció que entablaría una, donde alegaría principalmente vicios de procedimiento por la forma en que la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad corrigió el texto impugnado por el Alto Tribunal.
Breves
— Con 41 votos a favor y 0 en contra, se aprobó cancelar la sesión ordinaria del Plenario de este miércoles 8 de diciembre y en su lugar realizar una sesión extraordinaria para un debate reglado sobre el expediente 20.702 "Investigación sobre lo denunciado por la Cámara Nacional de Agricultura Orgánica (CANAGRO) por aparentes exportaciones fraudulentas de piña orgánica falsa a Europa y Estados Unidos".
