La Contraloría General de la República presentó el día de hoy los resultados de una auditoría realizada para verificar la eficacia y eficiencia del Programa Alivio, el cual otorgó un total de ₡3927 millones de fondos no reembolsables (capital semilla) a 191 pequeñas, medianas y micro empresas (PYMES) y unidades productivas agropecuarias (UPAS) afectadas ante la emergencia nacional por COVID-19.
La auditoría encontró que de las 191 empresas que se beneficiaron del programa 87 (45.5%) no reflejaron cumplir con el requisito de tener una caída de sus ventas mayor al 20%, que se había definido como criterio de inclusión para recibir el beneficio. Los beneficios recibidos por esas 87 empresas ascienden a ₡1764 millones, lo que representa el 44.95% de todos los recursos otorgados por el Programa Alivio. El informe de la Contraloría señala contundentemente que el Programa Alivio “no fue eficaz ni eficiente en el proceso de selección y ejecución de las etapas de estabilización y reconversión”.
Dato D+: El Programa Alivio fue diseñado e implementado por la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) con recursos del Sistema de Banca para el Desarrollo.
De esas 87 empresas que no cumplían el requisito de registrar una pérdida superior al 20% a marzo del 2020, 62 reportaron, más bien, haber tenido crecimientos, siendo que incluso 2 de ellas tuvieron crecimientos del 1500%, al comparar marzo 2019 con marzo 2020.
El informe destaca que, para 32 empresas beneficiadas, los recursos que se les otorgaron no eran un aporte indispensable, aún en un contexto de pandemia, ya que sus utilidades operativas fueron superiores al doble de los recursos que recibieron del Estado.
Dato D+: Por tipo de empresa el beneficio recibido era de hasta un máximo de ₡17 millones para empresas medianas y ₡10,5 millones para micro y pequeñas empresas.
La auditoria también “determinó que los recursos otorgados por el Programa Alivio, no eran congruentes con el comportamiento observado de los costos y gastos ejecutados por las empresas beneficiarias durante la etapa de estabilización”, en concreto para 41 empresas beneficiadas los fondos entregados representaron en promedio 22 veces el monto de la ejecución de costos y gastos ejecutados entre julio y setiembre 2020.
La auditoría de la CGR también destaca que, para 17 empresas, los recursos recibidos no eran indispensables, ya que los montos recibidos cubrían en 5.7 veces lo que necesitaban para cubrir los gastos de insumos, salarios y maquinaria.
Adicionalmente, la Contraloría identificó “situaciones que limitan la transparencia en el desarrollo del Programa Alivio, particularmente en la metodología para evaluar y clasificar a las empresas participantes; en el establecimiento de las acciones que debían consignarse en los planes financieros para la conservación de los empleos, encadenamientos y ventas de las empresas; y en la elaboración de los informes de seguimiento de las etapas de estabilización y reconversión con datos inexactos. Esto afecta la toma de decisiones hacia el logro de los objetivos propuestos por el Programa (eficacia) y respecto del uso de los recursos otorgados por parte de las empresas beneficiarias (eficiencia)”.
A raíz de los hallazgos de la auditoria, la Contraloría ordenó al Gerente General de Procomer, Pedro Beirute Prada, a:
- Elaborar, aprobar, divulgar e implementar mecanismos para que en los programas a cargo de Procomer se establezca:
- La información a considerar, forma de cálculo y parámetro para cada requisito de admisibilidad, evaluación y selección de beneficiarios.
- El detalle de los análisis realizados para la selección de los beneficiarios y para elaborar los planes con los rubros a financiar.
- El monitoreo que permita recabar información suficiente, confiable y oportuna para la toma de decisiones, y con ello, direccionar sus programas hacia el logro de los objetivos propuestos.
- Elaborar, aprobar, divulgar e implementar una política para que en los procesos de selección de beneficiarios de programas a cargo de esa entidad, consideren criterios y parámetros relacionados con la magnitud del negocio, ingresos, costos y gastos, solvencia económica, tamaño y cantidad de trabajadores, en virtud de lograr el máximo efecto con los recursos públicos disponibles, entre otros, que garanticen el uso de los recursos destinados a esos programas bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía.
- Elaborar, aprobar, divulgar e implementar una política que establezca el deber de registrar y documentar exhaustivamente todas las actuaciones institucionales en los programas que ejecute Procomer, en procura de dar trazabilidad y resguardar el uso de los fondos públicos, y con ello, promover la transparencia y rendición de cuentas de las decisiones de la Administración.
