La pandemia del COVID-19 ha dejado en evidencia que una parte de su combustible ha sido otra epidemia que yacía silenciosamente en la población costarricense: la obesidad. Durante los últimos 7 años esta enfermedad ha ido en aumento de forma acelerada a nivel global, en países como Estados Unidos y México se espera que alrededor del 50% población padezca sobrepeso para el 2030. Costa Rica, que es el caso que nos interesa, según datos dados a la OCDE, tiene aproximadamente un 24% de su población con algún grado de obesidad. Lo que es aún más preocupante, es que datos de la CCSS revelan que el 68% de la población adulta que llega a sus instalaciones a recibir atención padece algún nivel de sobrepeso, costando a dicha institución aproximadamente ₡5 millones por persona por año. Por ejemplo, de 6.878 personas atendidas con trastornos de dislipidemia, el 42% tenía sobrepeso, 38% ya era obeso; con hipertensión (9.120 pacientes) 44% eran obesos, 38.4% tenían sobrepeso; diabéticas atendidas, un 35.8% sobrepeso. Lo anterior significa que aproximadamente 13 mil personas le cuestan o podrían costarle a la CCSS aproximadamente ₡65 mil millones al año ($105 millones). La Nación, en un artículo publicado hacia un par de años, dio a conocer que con $100 millones el país podría abastecer por 5 años la compra de medicamente contra el cáncer, podría construir un nuevo hospital o podría garantizar 1.4 millones de Papanicolaou (otra medida preventiva que generaría ahorro adicional).

Esto tiene importancia por dos factores: el económico y el de salud. Para diciembre de 2020 la CCSS estimaba que tendría un faltante de entre ₡412 mil y ₡566 mil millones. Eso quiere decir que, si la CCSS tuviese una estrategia preventiva y no reactiva a un tipo de enfermedad altamente tratable preventivamente, podría reducir el faltante de sus ingresos en un 15%. Si además incluimos el factor salud en la ecuación (considerando que pacientes con diferentes grados de sobrepeso usualmente no tienen solo un tipo de enfermedad asociado, sino que tienden a tener varios factores de riesgo como presión alta, diabetes, colesterol, dislipidemia), el porcentaje de ahorro que tendría la CCSS seria significativamente más alto.

La obesidad sigue teniendo un aumento año tras año, lo que se traducirá en más gastos en salud a la CCSS, una institución que ya de por sí está enfrentando estrés en sus finanzas. Por lo tanto, la CCSS y el Gobierno central deberían empezar a crear una política proactiva encaminada a incentivar un estilo de vida saludable en la población. Así, organismos internacionales recomiendan:

  1. Fortalecer la educación formal en la población: personas con educación incompleta son de 2 a 3 veces más propensos a sufrir obesidad, que consecuentemente afecta el mercado laboral (se ha visto que personas con sobrepeso tiene peores prospectos laborales comparados a personas con pesos normales) y crea aún mayores disparidades sociales.
  2. Políticas de fiscales: deberían crearse políticas fiscales (impuestos) sobre la base de productos potencialmente dañinos para la salud, como aquellos altos de sal, azúcar o grasas.
  3. Políticas de comunicación: Utilización de redes sociales, programas de educación en instituciones públicas, escuelas y centros de atención primario, enfocados a enseñar cómo formar porciones balanceadas y requerimientos calóricos según edad, peso y actividad física. Este tipo de políticas, por ejemplo, el uso de teléfonos celulares para comunicar mejores prácticas, llevo a que se viera en países de la OCDE, una reducción de peso en las personas de aproximadamente 1 kilogramo, al igual que una reducción en su Índice de Masa Corporal.
  4. Etiquetado: evidencia en países que han implementado un etiquetado fácil de entender para el consumidor, sugiere que las personas han seleccionado productos más saludables en un 18%, traducido en un 4% de reducción en la cantidad de calorías consumidas.

Lo anterior refleja números fríos y a veces, difíciles de asimilar como algo de urgente importancia. Así que aquí algunos números de muertes por enfermedades asociadas al sobrepeso:  hipertensión genera 2.4 muertes por cada 100 mil habitantes; diabetes 26.3 muertes por cada 100 mil habitantes. Si a esto sumamos la presente pandemia, vemos cómo 9 de cada 10 pacientes fallecidos por COVID-19 tenían factores como hipertensión, diabetes u obesidad (el dato también incluye tabaquismo y enfermedades pulmonares).  Pongamos esto aún más cercano: si usted vive con 5 personas, probablemente 1 de ellas tenga sobrepeso; si tiene sobrepeso, usted tiene más probabilidades perder a esa persona si se contagia de COVID-19.

Tenemos así un problema social, un problema de inactividad de nuestras instituciones y un problema económico. Tanto la CCSS, el ejecutivo, el legislativo o todas aquellas instituciones autónomas con la facultad de implementar medidas que más allá de crear programas de educación nutricional, estarían creando herramientas para salvar vidas y de paso, permitiendo que millones de colones puedan dirigirse a fortalecer el sistema de salud social publica.

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