El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este jueves en segundo debate, el proyecto de ley de rebaja del marchamo 2022, pese a la amenaza latente de que el presidente Carlos Alvarado la vete y no llegue a ser resellada antes del 1 de noviembre cuando sale a cobro el derecho al ruedo.
A pesar de la negativa de la bancada de gobierno, la oposición logró imponerse y aprobó la iniciativa con 32 votos a favor y 6 en contra, con una redacción distinta a la originalmente contemplada en la iniciativa, que pasa ahora de proponer las mismas escalas y porcentajes de rebaja aplicados en la Ley de Alivio del Pago de Marchamo 2021, a una escala similar a la de la Ley 7088 que regula el tributo, pero con reducciones de hasta 79% en el porcentaje del impuesto a pagar.
De este modo, el impuesto a la propiedad de vehículos automotores será el siguiente, según el valor fiscal:
- Hasta ¢240.000: pagará ¢13.800 (reducción de la mitad respecto al establecido por ley)
- Sobre el exceso de ¢240.000 y hasta ¢940.000: se pagará un 0.80% de impuesto (reducido del 1.20% que se cobraría sin la modificación)
- Sobre el exceso de ¢940.000 y hasta ¢1.860.000: se pagará un 1.20% de impuesto (reducido del 1.50% respecto al establecido por ley)
- Sobre el exceso de ¢1.860.000 y hasta ¢2.810.000: se pagará un 1.80% de impuesto (reducido del 2.0% respecto al establecido por ley)
- Sobre el exceso de ¢2.810.000 y hasta ¢3.510.000: se pagará un 2.40% de impuesto (reducido del 2.5% respecto al establecido por ley)
- Sobre el exceso de ¢3.510.000 y hasta ¢4.210.000: se pagará un 2.90% de impuesto (reducido del 3.0% respecto al establecido por ley)
- Sobre el exceso de ¢4.210.000 y hasta ¢15.000.000: se pagará un 3.30% de impuesto (reducido del 3.5% respecto al establecido por ley)
Para los vehículos de carga liviana, al resultado de aplicar dicha escala se le sumará una rebaja adicional del 20%. Asimismo, se dispuso que las rebajas no sean aplicables para los vehículos particulares o de carga liviana con valor superior a los 15 millones de colones.
El otro descuento aprobado es la exoneración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las motocicletas con un valor fiscal inferior a 1 millón de colones.
Los beneficios no aplicarán en ningún caso a vehículos de cualquier tipo ni motocicletas que sean propiedad personal o de sus cónyuges o convivientes, así como aquellos registrados a nombre de personas jurídicas en las que tengan participación los miembros de los Supremos Poderes, el presidente de la República y sus vicepresidencias; los ministros y viceministros, los diputados, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, el contralor y subcontralor general de la República; el procurador y subprocurador general; la defensora y defensora adjunta de los Habitantes; el superintendente de la Sugeval, Sugef, Sugese, Supén; los jerarcas y miembros de juntas directivas de los bancos del Estado y de las instituciones públicas, alcaldes, vicealcaldes ni intendentes.
Con la escala aprobada, un vehículo particular con valor fiscal de 1.86 millones de colones tendrá una rebaja de 19.360 colones en el impuesto a pagar, respecto a los 49.800 colones que tendría que erogar sin esta iniciativa (38.88% de descuento). Un vehículo con valor fiscal exacto de 15 millones tendría un descuento del 9.12% al tener que pagar 440.710 colones, en lugar de 484.950 colones.
El proyecto también contempla la condonación de los marchamos atrasados desde el 2021.
La medida viene a complementar una resolución emitida por el Ministerio de hacienda en el año 2014, que declaró la prescripción de las deudas por marchamo del año 2014 hacia atrás.
Para poder beneficiarse de la condonación, los propietarios deberán pagar el marchamo correspondiente al del 2022 a más tardar el 1 de enero de ese año, pues si se hace después de dicha fecha los marchamos pendientes retomarán vigencia.
Lea: ¿Cómo funciona realmente el marchamo?
Tras la aprobación en segundo debate, la diputada Franggi Nicolás pidió al presidente no vetar la ley y reprochó la negativa del oficialismo de "dar un respiro a los costarricenses" y afirmó que el hueco presupuestario de 30 mil millones que generará podría cubrirse si el gobierno recupera lo pagado indebidamente con el Bono Proteger, o si el PAC paga la condena al Estado. Ello generó una respuesta de la jefa del PAC, Laura Guido Pérez, en la que señaló que "vanagloriarse hoy por un acto tan irresponsable como este, tirando un montón de temas sin ninguna conexión, ni siquiera con el conocimiento más elemental de los mismos, para hoy salir montados en hombros del populismo, de la coyuntura electoral, de la inmediatez, no es algo en lo que nos vamos a sumar nosotros".
Lo que hoy ocurra al disminuir en 30 mil millones de colones los ingresos del Estado para 2022 tendrá consecuencias en las carreteras de todas las provincias de este país y ya se está viendo esa situación porque ahí el recorte ha sido generoso por parte de las fracciones de oposición. Y cuando vean esos huecos en la [ruta] 230 por ejemplo, la infraestructura que se deja de atender y no habrá recursos para atender, acuérdense de quiénes aprobaron en este momento porque este alivio, en el que se usó el nombre de la gente más vulnerabilizada para venir a justificar que en la propuesta original metieran hasta carros de lujo, ¡qué vergüenza diputada! qué vergüenza que usted venga a decir que esos son los perdedores de la pandemia.
El presidente Alvarado tiene 10 días hábiles, contados a partir de la recepción del decreto legislativo, para sancionar o vetar la iniciativa. Si lo veta, la Presidencia de la Asamblea lo comunicará al Pleno Legislativo en la sesión inmediata siguiente a su recibo y avocará al Plenario a conocer el veto como primer lugar del orden del día sobre cualquier otro asunto, debiendo en el plazo improrrogable de un mes rendir informe sobre las objeciones del Ejecutivo.
Si el informe propusiere el resello, se aprobará o rechazará en una sola sesión. Para aprobarlo se requiere mayoría calificada (38 votos).
El presidente puede alegar en su veto tanto razones de conveniencia como de constitucionalidad. Estas últimas, si son rechazadas por el Congreso, deberán dilucidarse en la Sala Constitucional, lo cual haría prácticamente imposible que se promulgue como ley antes del 1 de noviembre.
Pero si ocurriera un evento extraordinario y la Sala se pronunciare antes del plazo fatal, lo informará al Congreso y la presidenta legislativa devolverá el decreto legislativo al Poder Ejecutivo para su firma como ley.
+ $10 millones anuales, y pasa esto...
Como si estuvieran sesionando a la intemperie, o en el edificio anterior: el trabajo legislativo de la mañana se vio afectado luego que una tubería de aguas freáticas se reventara y empezara a inundar varios despachos del Congreso, entre ellos el de la diputada oficialista Catalina Montero Gómez.
La cantidad de agua que salía de la tubería hizo que esta empezara a filtrarse pisos más abajo, afectando comisiones que estaban sesionando, como la Comisión de Zonas Costeras, donde varios de sus diputados se tomaron una fotografía con un paraguas.
El Fideicomiso Inmobiliario Asamblea Legislativa/BCR 2011 envió un comunicado de prensa sobre el incidente, indicando que la inundación fue causada por una tubería dañada y que de inmediato se aplicaron los protocolos correspondientes para controlar la salida de agua.
Adicionalmente, de manera inmediata el Fideicomiso y la Unidad Administradora de Mantenimiento contactaron a la empresa constructora y a la aseguradora, las cuales ya se encuentran en el Edificio haciendo un análisis preliminar de la situación.
Posteriormente, la Dirección Ejecutiva de la Asamblea Legislativa hizo de conocimiento público que ante la situación presentada, personeros del Banco de Costa Rica contactaron a la empresa constructora y a las aseguradoras para que respondan por esta situación.
Según se nos informa, la avería se dio por un daño en una tubería, que causó la fuga de aguas freáticas y tuvo impacto en salas de comisiones, ubicadas en el nivel 4 y en algunos despachos de diputados del nivel 5, situación que pudo provocar daños en equipos tecnológicos. Se están limpiando las oficinas y las salas, de manera que la actividad cotidiana de la institución pueda continuar. Para tal efecto, se usarán las salas del nivel -1, a fin de que se realicen las sesiones programadas para el día de hoy.
Asimismo, se informó que la empresa Sonivisión realizará los trabajos de revisión de los equipos, para procurar que el próximo lunes las salas estén operando normalmente. En las imágenes del incidente se veía como el agua chorreaba o caía directamente sobre parlantes o cámaras instaladas en las comisiones afectadas.
Consulta filibustera frena segundo debate de cannabis medicinal
Mileidy Alvarado Arias, Floria Segreda Sagot y Giovanni Gómez Obando de Restauración Nacional, los independientes Erick Rodríguez Steller, Shirley Díaz Mejías, Marolin Azofeifa Trejos, Ignacio Alpízar Castro y Harllan Hoepelman Paez, el diputado Otto Roberto Vargas Víquez del Partido Republicano Social Cristiano y Wálter Muñoz Céspedes del Partido Integración Nacional (PIN), frenaron a última hora el segundo debate del proyecto de ley de cannabis medicinal y cáñamo industrial.
Ellos presentaron una consulta legislativa de constitucionalidad ante la Sala Constitucional, pese a que en la reunión de jefaturas de fracción se había anunciado que este jueves ocurriría la votación final de ese proyecto de ley, impulsado por la diputada independiente Zoila Volio.
Los diputados que impugnaron el proyecto alegan que el mismo contiene tanto vicios de procedimiento, como de fondo.
En específico, en lo relativo a procedimiento, se cuestiona que el proyecto fuera incluido en la agenda de Plenario del jueves 14 de octubre "de forma sorpresiva" mediante una moción de posposición, en la que se ordenaron los temas que se conocerían ese día; a pesar de que ese tipo de moción es la tónica durante el periodo de sesiones ordinarias, ya que es la forma en que se priorizan los temas de la gran agenda de pendientes que tiene el pleno.
Además, esa situación no fue alertada ni impugnada por los diputados en el momento procesal oportuno, por lo que se augura que la Sala Constitucional rechazará el reclamo, pues en el voto sobre la Ley de Empleo Público definió que los vicios de procedimiento solo pueden alegarse en las consultas legislativas, si fueron señalados cuando se debía en el trámite parlamentario.
Por el fondo, los diputados únicamente afirmaron que el proyecto no contempla mecanismos eficaces de control, "por lo que, en consecuencia, se vulneran la seguridad y salud pública costarricense y se contraviene el principio de legalidad".
La Sala deberá ahora someter a admisibilidad la consulta, solicitar al Congreso el expediente certificado del proyecto y luego tendrá un mes para resolver sobre los cuestionamientos formulados.
Breves
— Con 39 votos a favor y 2 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 22.179 "Reforma de la Ley N° 7531 del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional". Con esta reforma, los fondos que administra Jupema podrán usarse para patrocinar y/o participar como inversionista en proyectos de infraestructura pública o privada en territorio nacional, de conformidad con la legislación nacional y lo que al efecto establezca la normativa emitida por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero y la Superintendencia de Pensiones, hasta un máximo del 20% de la totalidad del Fondo. Podrá invertir en proyectos de infraestructura pública y privada, cuando se ha superado la etapa de factibilidad y se cuente con los permisos y estudios necesarios para iniciar obras. Asimismo, puede ser el estructurador de estos proyectos.
— La Comisión de Zonas Costeras dictaminó afirmativamente el expediente 22.391 "Ley para la gestión y regularización del patrimonio natural del Estado y del derecho de utilidad ambiental (LEY DUA)". Además, rechazó el expediente 20.988 "Reforma de varios artículos de la Ley 9221, Ley marco para la declaratoria de zona urbana litoral y su régimen de uso y aprovechamiento territorial" y el expediente 21.008 "Reforma de varios artículos, adición de los artículos 28 bis, 31 bis y el transitorio IX, y derogatoria del artículo 58 de la Ley 6043, Ley sobre la zona marítimo terrestre".
— La Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación rechazó el expediente 21.424 "Modificación del artículo 9 de la Ley orgánica del Consejo Nacional de Producción" que pretendía romper el monopolio que tiene el CNP respecto a que los centros educativos públicos solo pueden comprar sus alimentos con esa institución; y el expediente 21.952 "Ley para apoyar y promover la reactivación del sector artístico, cultural y de espectáculos públicos ante el COVID-19".
— Con 38 votos a favor y 0 en contra se aprobó que el expediente 22.739 "Declaración de benemeritazgo del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia" sea dispensado de todos sus trámites.
— Con 39 votos a favor y 0 en contra se aprobó cancelar la sesión ordinaria del Plenario del lunes 25 de octubre y en su lugar realizar una sesión extraordinaria para conocer varios proyectos de ley en primer y segundo debate.










