Pretende solucionar el vacío jurídico que se generó con la declaratoria de Áreas Silvestres Protegidas, en todas sus categorías de manejo excepto Parques Nacionales y Reservas Biológicas, respecto de los pobladores de esos terrenos, regulando la interacción entre dos derechos humanos de igual jerarquía y valor: el derecho humano a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado frente al derecho al bienestar humano. La ley, por tanto, generará un marco de gestión interinstitucional que permitirá a miles de familias ejercer su propio derecho al bienestar humano. El Derecho de Utilidad Ambiental que se crea, es un derecho real administrativo, producto de un acto administrativo discrecional y otorgado por un período determinado, por medio del cual se faculta a un particular, para utilizar bienes del Estado, dentro de los límites y condiciones que señale la presente ley, y para establecer y explotar un servicio público, también dentro de esos mismos límites y condiciones.