Desde hace dos años, el país ha entrado en una dinámica de la danza y el martillo a raíz del COVID-19, sin embargo, el martillazo formaba parte de la realidad nacional casi sin darnos cuenta o tal vez sin querer darnos cuenta.
Pese a que la pandemia de COVID -19 ha impactado a todo el mundo, Costa Rica en forma progresiva ha materializado los riesgos a la sostenibilidad, en la forma en como genera su desarrollo en materia social, económica, política y ambiental que refleja nada más que incertidumbre y vulnerabilidad.
El país sostuvo por mucho tiempo diversas fortalezas en desarrollo humano que se vio frágil ante una economía desacelerada, un déficit en la generación de empleo que se sostuvo por mucho tiempo y una crisis fiscal desmedida que entraban en una danza social de patrones insostenibles, de la mano en prácticas incorrectas en el uso de los recursos naturales, un entrabamiento político y miles de costarricenses sin abastecer sus necesidades básicas. Una convulsión entre la oferta y la demanda socaba una economía que pide a gritos oxígeno, encadenamientos productivos que caen de rodillas ante el rótulo de “se alquila”.
Y es que en este país miembro del club de la OCDE y además el “más feliz” de toda América Latina según el informe mundial de la felicidad para el 2021, los retos en sostenibilidad se vuelven tan reales que va más allá del Pura Vida, por cuanto la crisis social nos vela sin descanso. Según la memoria institucional del OIJ para el año 2020, “en Costa Rica ocurre un homicidio doloso cada 15 horas con 24 minutos, cada 43 minutos ocurre un hurto, cada 2 horas y 53 minutos hay una tacha de un vehículo y cada 56 minutos en promedio ocurre un asalto”.
En el otro lado de la calle, en Costa Rica, las emisiones de dióxido de carbono durante el año 2019 crecieron 340 kilo toneladas, un 3.94% respecto al 2018, dicho lo anterior, colaboramos en calentar nuestra única casa y a la puerta de una emergencia climática sin precedentes. Además, el Foro Económico Mundial reportó que el país obtuvo 62.01 puntos en el índice de competitividad para el año 2019 empeorando su situación con respeto al 2018, dejando como resultado la caída de 7 puestos a nivel global.
Así las cosas, el norte podría situarse en un Estado poco paternalista que centre su política social en asegurar que las personas cuenten con la capacidad para contribuir y ganarse la vida, que permita una transferencia de recursos, bienes y servicios entre generaciones que permitan satisfacer las demandas, equipar a la mano de obra potencial para que contribuya a la economía, la adaptación de las políticas sociales de empleo (camino ya recorrido por la Unión Europea), una elevación de la productividad de los servicios sociales y todo esto de la mano de una protección real de los derechos y deberes ciudadanos, que generen políticas públicas que permitan una transición sostenible desde un Estado del Bienestar hacia una Sociedad del Bienestar, donde se procuren acciones responsables en el plano social, económico, ambiental y político, que por cierto, menuda tarea para los casi 30 candidatos presidenciales que aspiran a recibir el voto de los costarricenses.
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