La Contraloría General de la República presentó el día de hoy los resultados de una auditoría realizada al Ministerio de Educación Pública (MEP) que buscaba determinar si las acciones para la adaptabilidad, accesibilidad y seguimiento del servicio de educación primaria ante la emergencia sanitaria cumplen con la normativa y prácticas aplicables con el propósito de dar continuidad al proceso educativo.

Según los resultados de la auditoria, que abarcó del 1 de marzo del 2020 al 31 de julio de 2021, la Contraloría encontró que, a pesar de que el MEP ha realizado una serie de acciones en la búsqueda por garantizar el servicio de educación primaria, no cuenta con la información para saber la eficiencia y eficacia de las acciones tomadas.

En cuanto a la adaptabilidad —implementación de canales alternativos para apoyar la mediación pedagógica y asegurar los aprendizajes bases—, la Contraloría destacó que el Ministerio:

  • No conoce la efectividad de los programas y acciones para adaptar el servicio.
  • Carece de información estadística sobre niveles y direcciones regionales de los docentes que participan en capacitación masiva y los que no.
  • No dispone de datos cualitativos y cuantitativos específicos sobre la adaptación del servicio, que permitan realimentar y reformular acciones de manera oportuna.
  • No tiene los insumos para establecer planes de nivelación de aprendizajes impartidos o niveles de logro alcanzados

Según detalló la Contraloría, el MEP no conoce la efectividad de las Guías de Trabajo Autónomo —principal herramienta implementada para apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje en el contexto de la emergencia— ya que no tienen datos para saber si las Guías se entregaron a la totalidad de la población estudiantil ni la frecuencia de su uso de los distintos medios de entrega.

En cuanto a la accesibilidad —que incluye el acceso universal, la conectividad y los roles educativos—, el informe destaca que:

  • De la aplicación de la alerta temprana como mecanismo para identificar, atender y monitorear el riesgo de exclusión se reportaron 678 alertas en 1.023 centros educativos, pero no se sabe si la persona permaneció o salió del sistema.
  • Hay limitaciones en la calidad de información sobre posibles beneficiarios del programa de Hogares Conectados.
  • No existe garantía de que el servicio adaptado haya sido accesible. Pudiendo afectar la calidad del servicio e incidir en rezago educativo de poblaciones que ya eran vulnerables desde antes de la pandemia.
  • Hay un aumento en la cantidad de estudiantes sin conectividad (2020 a 2021).

Adicionalmente, con relación al rezago educativo, el informe identificó que “no se dispone de mecanismos para recopilar información que permita evaluar las brechas de aprendizaje producto de la pandemia y el nivel de logro obtenido por el estudiantado en 2020 y 2021, por lo que las acciones implementadas para abordar el rezago educativo no se sustentan sobre una base diagnóstica y estratégica —la cual aún no se ha recabado y procesado en su totalidad— sino que su atención se ha centrado en facilitar la planeación docente y articular los aprendizajes base, sin que se evidencien acciones para recuperar los aprendizajes no impartidos”.

Como parte del informe la Contraloría giro ordenes a la ministra de Educación, Giselle Cruz Maduro, elaborar y presentar al Consejo Superior de Educación una política para la prestación del servicio educativo a distancia así como su instrumentalización. Adicionalmente, se le pidió elaborar un diagnóstico sobre el rezago educativo que enfrenta el nivel de educación primaria, para cada grado y asignatura, que contemple al menos las brechas entre los aprendizajes recibidos durante los cursos lectivos 2020 y 2021, así como diseñar, oficializar e implementar un plan para la recuperación de esos aprendizajes.