El pasado 5 de junio la empresa costarricense Sky Adventures habilitó los servicios de canopy y teleférico totalmente accesibles para personas con movilidad reducida. La noticia indica que la empresa organizó en La Fortuna de San Carlos un tour para que personas en silla de ruedas pudieran disfrutar de los atractivos de la zona desde las alturas. En las imágenes, se observan personas nerviosas y sonrientes, pero sobre todo satisfechas por vivir una aventura que en la mayoría de los servicios de canopy y teleférico no sería accesible para ellos.

La noticia ilustra cómo se cumple uno de los derechos contemplados en la legislación costarricense en relación con las personas con discapacidad: el derecho a realizar actividades culturales, recreativas y deportivas. Por otra parte, esto no es nuevo en Costa Rica, que durante los últimos años ha hecho esfuerzos importantes para ofrecer turismo accesible. Por ejemplo, algunos de nuestros parques nacionales cuentan con senderos universales, que han sido creados a través de alianzas público – privadas.

En 1996, Costa Rica estuvo entre los primeros países en regular a través de una ley principal el ámbito de las personas con discapacidad. Esta ley incluye otros derechos específicos para personas con discapacidad, como salud, atención médica y prevención; rehabilitación y servicios de apoyo; accesibilidad; educación; defensa contra la discriminación; y empleo y trabajo.

Derecho al empleo y trabajo

Según el Análisis de la población con discapacidad en Costa Rica del Estado de la Nación de 2018, para ese año se registraba que 670,640 personas tenían condiciones de discapacidad de leve a moderada (18% de la población costarricense). De ellas el 39,8% estaba ocupada (267,167 personas) y más de la mitad indicaba que su lugar de trabajo le facilitaba un entorno físico adecuado.

El acceso al entorno físico y el acceso a la información y comunicación son dos aspectos básicos de la accesibilidad en el entorno laboral. En la mayoría de las ocasiones, estos componentes son evaluados por los profesionales en salud ocupacional de las organizaciones. Es por eso que organizaciones como la Agencia Europea para la Salud y Seguridad en el Trabajo o el Health and Safety Executive, en el Reino Unido, han desarrollado guías específicas para ayudar a estos profesionales a evaluar los entornos laborales e integrar a los trabajadores con discapacidad.

La accesibilidad al entorno físico contempla el desplazamiento sin obstáculos a los espacios de trabajo, con puertas y pasillos anchos, por ejemplo, la colocación de rampas y barras de apoyo, un mobiliario ajustable e incluso las consideraciones relacionadas con la alerta y la movilización segura de las personas con discapacidad en caso de emergencias, tal como está contemplado en la legislación costarricense.  Por otra parte, la accesibilidad a la comunicación e información intenta que los mensajes que se divulgan en las empresas puedan ser comprendidos por todos los trabajadores.

Por eso es primordial que se realice una evaluación de riesgos de los puestos de trabajo de personas con discapacidad, que considere no sólo las condiciones de la persona sino la forma en que los equipos y los procesos deben ser adaptados y ajustados para que les permitan desempeñarse de forma eficiente y segura.

Inversión social

En Costa Rica, un incentivo fiscal definido en la Ley del Impuesto sobre la Renta  permite la exoneración de impuestos derivados de los gastos por las adecuaciones de personas con discapacidad a los puestos de trabajo, así como las adaptaciones en la empresa y el entorno. Esta regulación promueve la contratación de una población que, durante mucho tiempo, no ha estado suficientemente integrada al ambiente laboral.

Desde hace más de dos décadas, los índices basados en criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG, por sus siglas en inglés) han evaluado a las industrias con estos criterios de sustentabilidad, incentivando que al invertir se consideren no sólo factores económicos sino también de sostenibilidad. Como parte del criterio social se ha promovido que se cuente con lugares de trabajo que respeten los derechos humanos y tengan una buena relación con la comunidad.

No obstante, los índices ESG varían dependiendo de los calificadores de riesgo que los elaboren y no todos evalúan dentro de los criterios sociales la accesibilidad de personas con discapacidad al trabajo. Es por ello que en el 2020, en los Estados Unidos, un grupo de inversionistas decidió realizar un fondo de $2.8 trillones de dólares para promover que diversas empresas demuestren ser inclusivas con las personas con discapacidad. Esta iniciativa coincide con otras tan valiosas como la creación de un índice de igualdad de la discapacidad.

Integrar a las personas con discapacidad en el ambiente laboral debe ser mucho más que un incentivo fiscal: debe ser parte de una genuina necesidad de contar con ambientes más inclusivos. Si la inversión social permite aumentar la ocupación segura de personas con discapacidad, a través de los ESG o de índices más específicos, como el de igualdad de la discapacidad, conformaremos sin duda una mejor sociedad. Incluir, invertir, mejorar. Esa es la ruta.

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