El más reciente informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPPC por sus siglas en inglés) nos alerta sobre la coyuntura en que se encuentra el planeta. Se concluye que las actividades humanas son las responsables inequívocas de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), cuyos niveles no tienen precedentes en la historia planetaria de los últimos cientos de miles de años.

Estas emisiones están provocando aumentos en la temperatura mundial que nos colocan en un camino casi irreversible a la debacle ambiental, alejándonos así de las metas establecidas en el Acuerdo de París del 2015, y desencadenando consecuencias socioeconómicas y de seguridad alarmantes.

En este escenario, Costa Rica ha sido líder en la conservación de sus recursos naturales, y en el desarrollo de un marco institucional para el manejo de la biodiversidad, y los servicios ecosistémicos.

Esta capacidad institucional, aunada a la inversión de recursos públicos y privados para la conservación del capital natural, han colocado al país en un lugar de privilegio para afrontar los grandes retos existenciales, como lo son: el calentamiento global, el impacto negativo de los fenómenos climáticos extremos, las pandemias, la inseguridad alimentaria, la escasez de agua, y otros.

Es por esta razón, que la Costa Rica del bicentenario debe basar sus estrategias nacionales colocando al ser humano como centro de su accionar. En otras palabras, el concepto de seguridad humana, debe motivar el desarrollo de las políticas públicas de cara a los grandes desafíos del siglo XXI. Se debe entender la seguridad humana como aquella que garantiza el pleno disfrute de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, protege de las amenazas críticas, y resguarda la dignidad humana.

Para lograr los objetivos que el país se ha planteado en materia ambiental, resulta fundamental articular los diferentes ejes de política pública, para garantizar así el desarrollo económico y social, aprovechando las oportunidades de la economía circular, y las soluciones basadas en naturaleza.

En este contexto, Costa Rica ha ratificado el Acuerdo de París, comprometiéndose a desarrollar acciones nacionales de mitigación y adaptación que permitan limitar el calentamiento global a 1.5° o 2°C respecto a los niveles pre-industriales, alcanzando así un neto cero de emisiones para la segunda mitad del siglo.

Al mismo tiempo, el país está comprometido con la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible o Agenda 2030, y se participa activamente en los foros globales sobre biodiversidad, cambio climático, prevención y disminución de riesgo por desastre, las convenciones químicas, la iniciativa de conservación 30X30, entre otros.

Logros históricos y finanzas para el clima

En el marco de las acciones históricas que Costa Rica ha llevado adelante, podemos citar: ser el primer país tropical en revertir la tasa de deforestación hasta alcanzar la cobertura actual de 52,4% del territorio, la generación de energías renovables hasta constituir un 98% de la matriz energética, la protección del 27% del área terrestre, y el 4% del área marítima, todo lo anterior logrado gracias a una gran visión e inversión de recursos.

En línea con esta exitosa gestión ambiental; la nueva generación de pago por servicios ambientales PSA 2.0, los bonos verdes y azules, los esquemas de mercado de carbono, mecanismos de finanzas combinadas o blended finance, financiamientos para la mitigación del riesgo, o instrumentos de riesgo compartido, y otras inversiones de impacto, prometen proveer de músculo a la transformación de la economía nacional a una baja en emisiones de carbono, hasta lograr la descarbonización total para el año 2050.

Las inversiones de impacto tienen como objetivo impulsar paisajes productivos en las diversas áreas económicas. La restauración forestal, agricultura regenerativa, agroforestería, silvicultura, pesquerías, turismo sostenible, emprendimientos, MPYMES, energía renovable y eficiencia energética, movilidad urbana, desarrollos tecnológicos e innovación, etc., presentan excelentes oportunidades para la generación de empleos verdes, y contribuirán a crear cadenas de valor tan necesarias para la reactivación económica y la construcción de capacidades locales.

Se estima que para el año 2050, la región latinoamericana experimentará aumentos significativos en el nivel del mar y de la temperatura en general, así como cambios importantes en el régimen de precipitaciones y otros eventos climáticos, con un costo anual proyectado del 2-4% del producto interno bruto de la región (PIB). Costa Rica debe actuar de manera decidida y con la necesaria voluntad política y colectiva, para desarrollar una economía resiliente, pujante, inclusiva, y preparada para sobrellevar los retos que el siglo XXI nos plantea.

En este esfuerzo país deberán crearse las oportunidades para que los jóvenes, las mujeres, y todos los sectores de la población contribuyan activamente a construir la Costa Rica que todos merecemos, sin dejar a nadie atrás.

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