La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, conocida popularmente como la Sala IV, acumuló este viernes las cuatro consultas de constitucionalidad presentadas contra la Ley Marco de Empleo Público en un solo expediente, y se fijó el 2 de agosto como fecha máxima prevista para resolverlas.
Las tres últimas consultas presentadas por el diputado Pablo Heriberto Abarca y otros; Roberto Thompson y otros; y la de la Corte Suprema de Justicia, serán acumuladas en la consulta planteada por José María Villalta y otros diputados, bajo el expediente 21-011713-0007-CO, por ser la primera presentada.
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"En consecuencia, superado este procedimiento, inicia el computo del plazo de un mes, establecido en la Ley de la Jurisdicción Constitucional para que la Sala resuelva la consulta; es decir, el Tribunal, a menos que se requiera de una diligencia que lo interrumpa, tiene plazo para evacuar la consulta hasta el 2 de agosto", dijo la oficina de prensa del Alto Tribunal en un comunicado de prensa.
La Sala no entró a revisar si las consultas planteadas cumplen con las formalidades exigidas: para el caso de la Asamblea, que tengan al menos 10 firmas de diputados y que estos no hayan firmado otras consultas, pues solo se les permite hacerlo en una; y en el caso de la Corte, si esta se encuentra en tiempo por haberse presentado después de que se recibiera el expediente certificado del proyecto de ley.
"La Sala deberá, en el momento procesal oportuno, establecer si las consultas de constitucionalidad acumuladas cumplen o no con los requisitos formales exigidos, lo que se resolverá junto con la opinión consultiva", dijo la oficina de prensa.
El Tribunal que resolverá estas consultas estará integrado por Fernando Castillo Víquez (magistrado presidente), Paul Rueda Leal, Nancy Hernández López, Luis Fernando Salazar Alvarado, Jorge Araya García, Anamari Garro Varga y la magistrada suplente del magistrado Fernando Cruz Castro, Ana María Picado Brenes.
Picado Brenes fue seleccionada por el sistema de cómputo aleatorio y equitativo como la magistrada instructora del expediente. Es decir, será ella quien analice las consultas y presente al resto de magistrados un borrador de sentencia para que sea analizado y discutido por el Tribunal.
La Sala enfatizó que ni la presidencia de la Sala, ni la totalidad de sus magistrados, tienen injerencia alguna sobre ese sistema: por ser un despacho digital, todo movimiento en los expedientes deja una huella o registro que es auditable.
