La accesibilidad igualitaria a informaciones de mercado para todos los actores participantes en las agrocadenas disminuye el riesgo de comportamientos oportunistas o abusivos. Superar la asimetría de la información y su acceso supone una problemática pendiente a resolver en el sector agroalimentario costarricense, particularmente para el eslabón de la producción.
La persona productora tradicionalmente ha tenido un papel de receptora de precios establecidos por intermediarios que concentran el poder de negociación. Esto presenta un mecanismo de desarrollo orquestado en favor de las grandes empresas que establecen precios por debajo del umbral de ganancia, sin tomar en consideración, el acceso a las redes de frío para los/las más pequeños(as), barreras de acceso a mercados, la incidencia del cambio climático, las trabas existentes para el financiamiento, la ausencia de un sistema firme de seguros, etc.
Los mercados mayoristas en teoría buscan establecer un comercio justo. No obstante, la mala negociación es clara principalmente en referencia a las reglas de compra y venta, así como a los precios efectivamente recibidos por las personas productoras (Campos et. al, 2017). La problemática de este mercado radica en las relaciones comerciales de dependencia que la fuerza productora tiene con la comerciante. Bajo esta línea, se han logrado evidenciar irregularidades sobre algunas hortalizas con sobreprecios del 200% y en raíces y tubérculos con márgenes de 300% que se quedan los intermediarios a costas de explotar el valor del precio pagado a la producción.
El Programa de Abastecimiento Institucional (PAI), los Mercados Regionales y CENADA se encuentran dominados por los agentes medios. La repartición de la riqueza generada responde a una concentración en el/la intermediario(a) en detrimento de la distribución equitativa entre todos los eslabones.
A nivel nacional existen algunos esfuerzos para brindar información de mercado, pero para la persona consumidora: el Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA) genera mediante el Sistema de Información de Mercados Mayoristas (SIMM) los boletines de precios en los mercados mayoristas que corresponden a productos de primera calidad; la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA) publica el boletín estadístico agropecuario que contiene únicamente información de precios e índices al consumidor.
Es precisamente esta falta de sistemas de información a la persona productora uno de los factores claves que promueve el comercio injusto en el sector. El ente encargado de regular la competencia a nivel nacional es la Comisión para la Promoción de la Competencia (Coprocom), esta cuenta con la potestad de investigar y sancionar conductas anticompetitivas; entre ellas los acuerdos que tienen el fin de fijar, concertar o manipular los precios o intercambiar información con el mismo objeto o efecto.
El accionar de la Coprocom se ve afectado por la falta de transparencia en la información y/o su falta absoluta. En efecto, la dificultad de coordinación y la ubicación de recursos en sus mejores usos siempre ha sido un problema latente para la economía agrícola. Ya lo señalaba Karen Eggleston en el Foro Mundial Económico en el año 2002: los precios y señales de mercado son herramientas clave que facilitan esta coordinación. En una economía de mercado, los precios transmiten la información para tomar decisiones efectivas, sin embargo, en un mercado con fallas (como el costarricense), esta transmisión se ve entorpecida.
En Costa Rica no hay una publicación de precios pagados a la producción que tenga el potencial de brindar insumos analíticos para la toma de decisiones informadas por parte de la persona productora; estas necesitan conocer en la actualidad los precios de sus insumos y productos que desean colocar para la venta en el mercado con la intención de decidir de una manera fundamentada qué, cómo y cuánto producir.
La creación de un servicio tipo SIMA (Sistema de Información de Mercados Agrícolas) mediante las herramientas que las tecnologías de la información y comunicación (TICs), resulta apremiante dado el contexto nacional. Los efectos positivos de la implementación de estos sistemas han sido ampliamente investigados y presentan una ruta de acción asertiva para lograr establecer mercados más leales y competitivos.
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