El Plenario de la Asamblea Legislativa dio segundo debate, este jueves a dos créditos de $300 millones de dólares cada uno, que se usarán para financiar el Fondo de Avales y Garantías, cambiar deuda cara por deuda barata y abonar a la deuda que el Estado tiene con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Ambos créditos se tramitaron en el expediente 22.214 denominado "Contratos de préstamo suscritos entre la República de Costa Rica y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento [BIRF] y el Banco Centroamericano de Integración Económica [BCIE] para financiar el programa de gestión fiscal y de descarbonización".
El crédito con el BCIE es de $300 millones de dólares, de los cuales $50 millones provendrán del Programa de Emergencia de Apoyo y Preparación ante la COVID-19 y de Reactivación Económica, y los otros $250 millones de dólares los dará el Programa de Operaciones de Políticas de Desarrollo (OPD) para los Países Fundadores y Regionales no Fundadores.
El plazo de este crédito es de hasta 20 años, incluyendo 5 años de gracia de amortización, con una tasa de interés conformada por LIBOR a seis meses más un margen de 175 puntos base para el tramo de $50 millones y de 250 puntos base para el tramo de los $250 millones.
En el caso del BIRF, el crédito es de $300 millones de dólares, con un plazo de 34,5 años de los cuales 5 años son de gracia; y una tasa de interés anual basada en LIBOR a 6 meses más un margen fijo de 190 puntos base.
El préstamo con el Banco Mundial no está atado a ningún proyecto específico, y por ende puede ser usado como apoyo presupuestario; mientras que el crédito con el BCIE expresamente está destinado a financiar el otorgamiento de avales y garantías con el fin de reactivar la actividad económica, cuyo fundamento jurídico es un proyecto que aún está en discusión en la Asamblea Legislativa; además de destinar $60 millones al abono del Estado a la deuda con la Seguridad Social.
El proyecto recibió 39 votos a favor y 0 en contra, por lo que ahora pasa a Casa Presidencial para ser firmado como Ley de la República.
Breves
— Con 37 votos a favor y 2 en contra, se aprobó en segundo debate el expediente 21.529 "Autorización al Instituto Mixto de Ayuda Social para que segregue y done a Temporalidades de la Arquidiócesis de San José un lote de su propiedad", mientras que con 37 votos a favor y 1 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 21.519 "Autorización al Instituto Mixto de Ayuda Social para que le done a Temporalidades de la Arquidiócesis de San José un lote de su propiedad", complementario del primero.
— Con 39 votos a favor y 0 en contra, se aprobó retrotraer al trámite de primer debate expediente 21.524 "Ley de Fomento e Incentivos a los Emprendimientos y las Microempresas".
— Con 40 votos a favor y 0 en contra se aprobó una moción para que la Asamblea Legislativa repudie la detención de los candidatos presidenciales de la oposición de Nicaragua por parte de las fuerzas de represión política del régimen de Daniel Ortega; se demande su inmediata liberación y se respalden las acciones de la Cancillería al exhortar a las autoridades nicaragüenses para que se detengan las medidas que alejan la perspectiva de elecciones justas, libres, creíbles e inclusivas.
— El diputado del Frente Amplio, José María Villalta Florez-Estrada, presentó una denuncia penal contra el diputado Óscar Cascante Cascante del Partido Unidad Social Cristiana por posibles delitos de tráfico de influencias y cohecho propio. Además, solicitó al legislador socialcristiano que renuncie a su inmunidad y secreto bancario para que puedan avanzar las investigaciones. En un comunicado emitido por el despacho del frenteamplista, se detalla que la decisión de la denuncia llega luego de los hechos revelados por la prensa que dan "fuertes indicios de posibles delitos de corrupción, además de presuntos vínculos con el narcotráfico".
—La Comisión de Control del Ingreso y el Gasto Público rechazó la moción presentada para citar a representantes de la empresa Pfizer, para que se refirieran al contrato firmado con Costa Rica para el suministro de las vacunas contra la COVID-19. El rechazo se dio luego que la empresa farmacéutica entregara a los diputados un oficio señalando que Pfizer habrá entregado el 36% de las dosis contratadas por el Gobierno de Costa Rica para el cierre del mes de junio, y el 75% de las dosis para finales de setiembre de este año.
— El Plenario juramentó este jueves a Rafael Segura Bonilla, William Serrano Baby, Miguel Ernesto Fernández Calvo y Cynthia Dumani Stradtmann como magistrados suplentes de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, luego que fueran electos el miércoles.
