Desde el pasado miércoles 28 de abril se están realizando manifestaciones en las diferencies ciudades y municipios de Colombia, en contra, inicialmente, de la reforma tributaria llamada por el gobierno "Ley de Solidaridad Sostenible", presentada formalmente el 5 de abril por parte del gobierno nacional. Estos recursos estaban pensados en ser recaudados “en un 73% de las personas naturales y el resto, de las empresas", de acuerdo con las declaraciones del entonces ministro de Hacienda. Se buscaba incluir un cobro del Impuesto del Valor Agregado (IVA), del 19% en Colombia, a productos de consumo básico como los servicios públicos (agua, luz y gas), servicios funerarios, objetos electrónicos como computadores, y otros servicios hasta ahora exentos, además de gravar con impuesto a la renta a personas que ganen un sueldo mensual de más de US$663, en un país donde el salario mínimo es de US$234.
Desde el viernes 30 de abril, el expresidente Álvaro Uribe Vélez publicó en su cuenta de twitter: “Apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico”, entre otros mensajes que han sido interpretados como una llamado a la violencia y excesos de fuerza por parte del Estado, el día de ayer citó el término “Revolución Molecular Disipada”, un término usada por la derecha para decir que será la forma con la que la izquierda en la región acabará, supuestamente, con la democracia y las instituciones.
El texto de la reforma tributaria fue retirado por el presidente Duque el 2 de mayo, sin embargo, desde el 1 de mayo, había dado la orden de militarizar las ciudades donde se estaban presentando manifestaciones, entre ellas Cali y las ciudades del Eje Cafetero.
Desde grandes cadenas de comunicación como RCN se estaba buscando manipular la opinión pública presentando las protestas ciudadanas como expresiones en apoyo al gobierno.
El haber sacado a los militares a la calle ha intensificado la violencia hacia la población y hasta el momento se cuenta con cifras de más de 98 casos reportados de personas desaparecidas, más de 20 personas asesinadas, cientos de heridos, reportes de uso de armas químicas en contra de la población que están dejando quemaduras en los cuerpos, ciudades patrulladas por militares armados.
La Defensoría del Pueblo reportó el 3 de mayo una cifra de 19 muertos en medio de protestas, 11 casos documentados en Cali, y un caso en Bogotá, Neiva, Ibagué, Pereira, Madrid y Soacha (en Cundinamarca), Yumbo (en Valle) y Medellín. Según el reporte de la Defensoría, la mayoría eran jóvenes. En 13 de los casos las muertes ocurrieron por impacto de arma de fuego en cabeza, pecho y abdomen. Por su parte, la ONG Temblores informó que se han registrado 1.181 casos de violencia policial y 761 detenciones arbitrarias.
Las manifestaciones continúan, entre otras razones por el descontento del manejo de la pandemia por parte del gobierno nacional, una reforma a la salud que afecta su alcance y cobertura, y los más de 900 personas líderes sociales que han sido asesinadas en Colombia desde 2016, entre otras razones. Si bien Colombia ha sido gobernada con una mirada militarista, el no contar con alternativas de desarrollo propio para las personas jóvenes está impulsando un descontento que trasladó el conflicto histórico colombiano a las ciudades. Por ahora necesitamos visibilidad, se escuchan voces de limitar el uso de redes sociales y esto correría una cortina de impunidad que no puede repetirse en América Latina. #SOSColombia.
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