El presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, dedicó varios minutos de su discurso de este martes ante el Congreso a reprochar incrementos del gasto público y malas inversiones de gobiernos previos, así como "zafadas de tabla" por parte de sindicatos del sector público.

Aunque afirmó durante su intervención que se han dedicado a dar respuestas a los problemas y no en buscar culpables, Alvarado no escarmentó en recordar que las administraciones previas de Liberación Nacional, y hasta la primera del PAC con Luis Guillermo Solís, incrementaron la brecha de ingresos y gastos que se traduce en un alto déficit fiscal.

En primer lugar, el presidente afirmó que la retórica al hablar de "reactivación económica" evadiendo responsabilidad es irresponsable, pues no es posible crecer a plenitud hasta sentar bases firmes para las finanzas nacionales.

Por años, como país le dijimos a nuestros socios extranjeros, a los mercados y a nuestra población que arreglaríamos nuestras finanzas públicas. Y durante años, no lo hicimos. Se concedieron convenciones colectivas y privilegios abusivos que superaban la justa remuneración laboral en lo público. Por otra parte, a sectores económicos no se les cobraron los impuestos como se debía.

Citó que desde 2014 inició la renegociación de convenciones colectivas abusivas, y que la Asamblea Legislativa promulgó legislación para atacar las pensiones de lujo, además de limitar salarios altos como lo hizo el Gobierno con las gerencias de los bancos públicos. "Pero antes de esto, la tendencia era la contraria", dijo.

Alvarado recordó que entre 2007 (gobierno Arias Sánchez) y 2017 (gobierno Solís Rivera) el gasto total sin intereses del Gobierno aumentó en promedio un 14,6% al año, mientras que en el mismo periodo los ingresos solo crecieron un 10,4%, abriendo una "tremenda brecha de gasto".

Agregó que en el mismo periodo, el gasto público en remuneraciones creció a un ritmo anual de 12.6% y hubo años que incluso creció más de un 20%.

Todo esto hizo que la deuda pública, la deuda de todo el pueblo, pasara de 23,97% en 2008 a 46,78% en 2017. El pago de intereses se disparó, como una tarjeta de crédito fuera de control. Mientras en 2008 se destinaron 340 mil millones en pago de intereses, en 2017 se pagó el triple: más de un millón de millones de colones. Hoy el principal disparador del gasto es el pago de intereses de la deuda pública. Así se fue formando la pesada hipoteca heredada por la presente y futura generación.

El presidente también criticó el manejo que se hizo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en gobiernos previos y afirmó que él cree en un "ICE público y moderno en un ámbito de competencia", pero más aún en un "ICE bien manejado".

Según Alvarado, en el pasado se adoptaron decisiones que afectaron el interés público y al ICE, incluida la compra de la empresa privada CableVisión de Costa Rica en 2013 (gobierno Chinchilla Miranda), pese a que en los últimos cinco años esa empresa acumulaba pérdidas netas por más de 6 mil millones de colones. 

Previo a eso, citó que en el año 2011 una directriz del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) llevó a su máxima capacidad la participación del sector privado en la generación eléctrica, al mismo tiempo que aumentó la participación de las cooperativas en la electrificación rural y mientras el ICE aumentaba su capacidad con la puesta en funcionamiento de nuevas plantas.

Ello, según Alvarado, disparó la capacidad instalada del Sistema Eléctrico Nacional muy por encima de las necesidades del país y se trasladó a las tarifas. "Es decir, intereses particulares prevalecieron sobre el interés público", lamentó.

El peor caso, citó, fue en la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) donde en el pasado se construyeron los proyectos Balsa Inferior y Eólico Valle Central, mal planificados y ruinosos; al punto que sumieron a todo el Grupo ICE en una situación financiera muy compleja por los altos costos financieros y el no reconocimiento tarifario de la totalidad de dichas inversiones.

Así no se puede. Esos manejos en una empresa privada hubiesen llevado a despidos de jerarcas por parte de su asamblea de accionistas, cuando menos. Pero las decisiones antes descritas casi no tuvieron repercusiones. En síntesis, el ICE es una gran institución de desarrollo, pero debe manejarse bien y de cara a un solo interés, el interés público, y no a otros intereses. Tengo que ser claro: si como país no tomamos acciones drásticas, las malas decisiones tomadas en el pasado en la CNFL van a comprometer la sostenibilidad financiera del ICE.

Alvarado afirmó haber instruido tomar medidas de acción en ese sentido, las cuales serán comunicadas en junio por su jerarca.

A pesar de la pandemia, rescató que en el 2020 el Grupo ICE alcanzó un margen operativo y el indicador de evaluación de rentabilidad operativa más alto de los últimos cinco años, a raíz de un plan ejecutado para garantizar la sostenibilidad financiera de la institución a largo plazo. Ello incluyó la renegociación del Fideicomiso Uno de Reventazón; ajustes de compra de energía a generadores privados; venta de bienes en desuso, renegociación de comisiones con terceros, reducción de alquileres, digitalización de procesos y mejora de controles de compras, así como un plan de movilidad laboral voluntaria.

El presidente también citó el caso de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), al cual calificó de complejo y de mucho debate.

Según el mandatario, al firmarse el contrato en 2012 (administración Chinchilla Miranda) para el funcionamiento de la Terminal de Contenedores de Moín a cargo de APM Terminals, lo que se concretó fue el traslado del 84% de la carga y 80% de los ingresos de Japdeva a la nueva terminal, a cambio de un canon.

Se cedió un negocio público a un privado sin una compensación adecuada, y sin garantías de mejores tarifas y mejor operación. Además sin un plan claro de transición de JAPDEVA. Así, al iniciar operaciones la TCM en febrero 2019, JAPDEVA se topa de frente con la caída masiva de sus ingresos y manteniendo el mismo nivel de gasto. Hoy la realidad es que las tarifas de la TCM son más caras que antes y la terminal, a dos años de su entrada en operación, está ya llegando a su saturación operativa.

Alvarado dijo que su gobierno, en representación del Estado, velará por el cumplimiento del contrato, pero que no podía dejar de mencionar esa realidad.

También reprochó el mal manejo que se hizo de esa empresa estatal en los últimos 20 años al señalar que entre 2002 y 2019 la entidad tuvo una planilla promedio anual de 1291 personas, que demandaba el 65% de su presupuesto para pagar salarios; frente al 20%-30% del resto de puertos y autoridades portuarias de Centroamérica.

En Japdeva la planilla se convirtió en un fin en sí misma; no se contrataba con criterios de eficiencia o con el desarrollo de Limón en la mira, sino con criterios clientelares y populistas. Esto sin ahondar en lo que se convirtió la convención colectiva de la institución.

Además de recordar que los avances en finanzas públicas obtenidas por la Ley de Fortalecimiento del 2018 se vieron truncados por la pandemia y sus efectos económicos, Alvarado también señaló que la Ley que aprobó el actual Congreso para transformar Japdeva venía dando resultados positivos, pero fue obstaculizada por un embargo preventivo en las cuentas bancarias producto de un viejo litigio de la empresa con su sindicato.

El mayor riesgo de un cierre técnico de Japdeva lo generó su propio sindicato. Luego de casi un año, hace apenas 14 días se recuperaron los fondos embargados, lo que permitirá retomar el camino de mejora y transformación. El Gobierno continuará arreglando estos y otros problemas, y sentando las bases sólidas para que JAPDEVA se transforme y pueda tener una terminal de cruceros, una marina y una estación logística intermodal; así como para la ejecución del canon y la supervisión de la TCM. Todo enfocado en el desarrollo de Limón.

El presidente también mencionó lo sucedido con la carretera a San Carlos y afirmó que por más de 10 años el contrato estuvo abierto y gastando dinero de los costarricenses, sin concluir la obra; y que eso se detuvo hasta en su administración.

Estos casos son emblemáticos del daño que se le hace al país cuando las instituciones se manejan mal. Nos hemos propuesto cambiar estas realidades y entrarles de lleno, en lugar de ver para otro lado. Asumir los costos. Aprender de los errores y corregirlos. Las empresas públicas son del Pueblo costarricense, no de intereses privados que les compran o venden, no de sus sindicatos, no de los jerarcas de turno. Entender esto es un cambio que debe prevalecer en la política del Bicentenario si este país quiere soñar, pensar en grande y prosperar.