Desde mucho antes de que iniciara la pandemia, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) había iniciado las actividades preparatorias para la realización del XI Censo Nacional de Población y VII de Vivienda, siendo esta la operación estadística más grande y compleja que se ejecuta en el país, y que según la planificación original sería realizada en los meses mayo y junio de este año. Sin embargo, el límite establecido al presupuesto otorgado al INEC para el presente ejercicio económico, en cumplimiento de la regla fiscal, colocó a la institución en una situación compleja, por lo cual anunció que durante este año no será posible realizar el Censo Nacional de Población y Vivienda.
El Programa Mundial de Censos de Población y Vivienda de 2020, liderado por la ONU, había realizado un llamado para que los países planificaran sus censos para la Ronda 2020, reconociendo en los censos una de las principales fuentes de datos necesarios para formular, implementar y monitorear políticas y programas orientados al desarrollo socioeconómico inclusivo y la sostenibilidad ambiental, así como para medir el progreso de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Más recientemente, Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Cepal, afirmó que la crisis actual “[…] ha llevado a la postergación de los censos en varios países de la región, y a la reducción de los presupuestos, por lo cual instó a los gobiernos a asegurar los recursos financieros y humanos para garantizar la adecuada realización de los censos, aún en tiempos de pandemia”.
El Censo Nacional de Población y Vivienda es el producto estadístico más valioso que es generado en Costa Rica. Sus resultados no sólo nos permiten conocer la cantidad y la distribución de costarricenses y residentes a lo largo y ancho del país, sino que se convierte en la fuente de datos principal para la actualización de prácticamente todas las mediciones asociadas al desarrollo, como el Índice de Pobreza Multidimensional cantonal, el Atlas de Desarrollo Humano Cantonal, el Índice de Progreso Social, el Índice de Desarrollo Social, entre otros. A su vez, permite actualizar las estimaciones y proyecciones de población que son el insumo principal para las proyecciones en áreas como las pensiones, salud y seguridad social, demanda por servicios educativos, entre otros.
Sin embargo, una de las necesidades más notorias que tiene el país en este momento dependía también de la realización de este censo, y que aún en la versión anterior del mismo (2011) no revestía el carácter de urgencia con que se requiere en la actualidad. Me refiero a la identificación de las áreas geográficas con nula o limitada cobertura de los servicios de telecomunicaciones.
El Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel)[1] administrado por la Superintendencia de Telecomunicaciones cuenta con dos (de cuatro) programas dirigidos al despliegue de la infraestructura de telecomunicaciones (Programa 1 y Programa 4) mediante el subsidio a la oferta, mientras que a través de otro de sus programas (el Programa 2) se subsidia la demanda por el servicio para población en condición de pobreza o vulnerabilidad.
Planificar ese despliegue de infraestructura en los inicios del Fondo[2] requirió identificar las zonas a las que no llega el mercado, las cuales debían ser subsidiadas mediante el fondo, para lo cual el nivel mínimo de desagregación fue el distrito, con lo cual la Sutel definió los “Distritos Fonatel”, esos en los cuales el Fondo podía ingresar y subsidiar la oferta del servicio.
Ese esquema además estuvo emparejado al despliegue de infraestructura para beneficiar en primera instancia a los denominados Centros de Prestación de Servicios Públicos (como escuelas, colegios, Ebais y Cen-Cinai), y a partir de ahí a las viviendas y empresas cercanas que requirieran el servicio.
Según datos de la Sutel, esto ha permitido la conexión de 1493 Centros de Prestación de Servicios Públicos con velocidades de 6 Mbps, mediante la colocación de 587 torres en 127 de los 183 “Distritos Fonatel”. Además, mediante el Programa Hogares Conectados cerca de 150 mil hogares en condición de pobreza o vulnerabilidad se han beneficiado con el subsidio para recibir el servicio de internet de 5 Mbps en sus viviendas, debiendo pagar únicamente entre 2 mil y 6 mil colones por este servicio.
A pesar de estos esfuerzos, la pandemia evidenció que aún estamos retrasados para lograr la aspiración de acceso universal al servicio de internet. El director del Programa Estado de la Nación, Jorge Vargas Cullell, indica que: “Por más que Sutel y Fonatel dijeran que estábamos cerquísima de la universalización del internet, no es cierto. ¡No es cierto! Eso se cayó. […] No teníamos una red de internet de banda ancha que conectara hogares, empresas e instituciones. La teníamos en parches, pero no como una solución país”.
La afirmación de Vargas Cullell encuentra eco en los datos recolectados por el Ministerio de Educación Pública el año anterior: cerca de 324 mil estudiantes no tenían acceso a internet en sus hogares, y si bien fue propuesto alcanzar a 215 mil de estos estudiantes, es posible que diversos factores no permitan lograrlo en el corto plazo, siendo uno de estos la falta de infraestructura de telecomunicaciones en las zonas donde el mercado por sí mismo no está dispuesto a ofrecer el servicio, debido a no resultarle rentable[3].
Y aquí es donde hago el puente con el Censo de Población y Vivienda del INEC. En este momento el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt)se encuentra elaborando la nueva versión del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones para el periodo 2022-2026. Diversos actores de la industria le han solicitado ser claro y preciso en la identificación de las zonas en las cuales será requerido que el Fondo Nacional de Telecomunicaciones deba operar. Sin embargo, sin el Censo, esto no será posible.
A estas alturas, la definición de la política pública debiera basarse en la estadística de precisión, y no en los grandes agregados como los distritos, y para esto, sólo el Censo podría ofrecerle al Micitt —al país— la posibilidad de adentrarnos en los barrios y poblados para conocer la situación de conectividad en los hogares del territorio nacional. Pero dada la cancelación de la realización del censo en este año, el Micitt no tendrá más remedio que hacer uso de fuentes de información con alcance limitado, como la información regional de otras encuestas del INEC, la información distrital en registros del Sistema Nacional de Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube) e incluso los reportes distritales de las unidades de gestión que ejecutan el Fondo Nacional de Telecomunicaciones, ya que la información detallada sobre la construcción de redes de las distintas empresas participantes en el mercado no ha sido un insumo al que hayan podido acceder la Sutel o el Micitt[4], y este debe ser cruzado además con la información de las viviendas en las que residen los habitantes del país.
Hacer que la Internet sea universalmente accesible y asequible es una prioridad mundial. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 2011 declaró el acceso a internet como un derecho humano. Lamentablemente, las familias y las empresas, los estudiantes y los usuarios de internet en general que habitan en las zonas más rurales y dispersas del país deberán esperar algún tiempo más por mejores servicios de internet o por el acceso al mismo. Sin la información actualizada que aporta el Censo Nacional de Población y Vivienda una parte de la política pública deberá elaborarse “a ojo de buen cubero”.
[1] La Ley General de Telecomunicaciones N°8642 fue publicada en el año 2008. Esta crea al Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), como instrumento de administración de los recursos destinados a financiar el cumplimiento de los objetivos de acceso universal, servicio universal y solidaridad establecidos, así como de las metas y prioridades definidas en el Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones.
[2] En el año 2010 se comienza a ejecutar el cobro de la contribución especial parafiscal que recae sobre los ingresos brutos devengados por los operadores de redes públicas de telecomunicaciones y los proveedores de servicios de telecomunicaciones disponibles al público (artículo 38 de la Ley 8642). Pero fue hasta el año 2012 que se comenzó a ejecutar el primero proyecto con cargo a FONATEL.
[3] La "subvención inteligente" es el término utilizado para describir el establecimiento de un subsidio inicial con el fin de obtener resultados, no distorsionar los mercados y alentar la reducción de los costos y el crecimiento económico, contribuyendo a iniciar rápidamente un proyecto o servicio con el objetivo último de que el correspondiente programa llegue a ser comercialmente viable. Este tipo de intervenciones se lleva a cabo normalmente con fondos de acceso y servicio universal.
[4] En oficio 07196-SUTEL-DGM-2018 del 31 de agosto de 2018 indica que la SUTEL no posee información detallada sobre la construcción de redes de fibra óptica en el país, sino solo sobre el total de kilómetros de redes desplegadas.
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