Cuando escuchamos una noticia relacionada con “mujeres refugiadas en Costa Rica” o “mujeres solicitantes de refugio”, a nuestra mente viene una imagen… ¿es de una mujer con bata de doctora? ¿Con casco de ingeniera? ¿Dando clase en una universidad? ¿Diseñando modas?

Calificarlas como mujeres de baja escolaridad es un error. En enero realizamos entrevistas a un grupo de ellas, para una investigación sobre inserción laboral. El 70% tenía formación universitaria (diplomados, licenciaturas y doctorados) o técnico superior universitario. Mucho talento.

Para ejercer su profesión deben homologar, pero para ellas es más imposible que viable. Es así en todos los países de acogida, incluido Costa Rica. Por un lado, la tramitología interminable, por otro, nadie huye de su país con los títulos apostillados. Si arriesgan su vida mandando a traer sus certificaciones educativas, pueden descubrir que sus expedientes académicos desaparecieron. Si logran presentar la solicitud de homologación, es probable que les adjudiquen un grado menor.

“No queremos ayudas, queremos la oportunidad de trabajar, para eso estudiamos”. Ellas no eligieron ejercer en otro país.

La problemática de la migración forzada no es exclusiva de Costa Rica. La Plataforma del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones, MIRPS, tiene como objetivo fundamental ofrecer protección y buscar soluciones para las personas que han migrado de forma forzada por la violencia. Participan países afectados por tránsito, destino, retorno o una combinación de esos aspectos: Belice, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y los Estados Unidos.

En el más reciente informe del MIRPS indica que “en el 2020, Costa Rica ha sido país de acogida de 99.352 personas, de las cuales 90.614 son solicitantes de asilo y 8.738 son personas refugiadas (…) se enmarca en un contexto económico complejo en el cual Costa Rica afronta importantes retos en temas económicos, fiscales, de empleo y seguridad”.

El Estadio Nacional tiene capacidad de 35.000 personas. Estamos hablando de casi tres estadios de personas refugiadas y solicitantes de refugio. En un país de 5.1 millones (según INEC), representa el 1.8% de la población… no son pocos. Sí nos importa.

Hay una gran pérdida cuando no recibimos sus talentos. Como Estado, como comunidad económica y como ciudadanos, hemos sido incapaces de integrar sus conocimientos y habilidades. Entrevistamos una doctora en psicología, está sin trabajo, por eso sigue siendo investigadora -clandestina- de la universidad donde daba clases, pese al riesgo. También una enfermera que está trabajando en una piñera y otra que es epidemióloga —30 años de experiencia— pero trabaja en limpieza.

En contraste, algunas han logrado un emprendimiento, aprovechado su formación universitaria o su experiencia laboral en el país del que huyeron. Entrevistamos una ingeniera química que ha tenido una larga travesía de peripecias para lograr sacar un negocio a flote y ya consiguió todos los requerimientos, después de casi cuatro años en el país y sin tener todavía la resolución del refugio.

La mujer migrante y refugiada enfrenta la integración con triple discriminación: su género, su condición de extranjera y su estatus migratorio de persona refugiada o solicitante. La integración es en dos vías, es un ganar-ganar, si sabemos hacerlo bien. La autonomía nos conviene a todos. La invitación este Día de la Mujer es a dejar de verlas como “bocas qué alimentar” y descubrir que representan oportunidades para mejorar como país.

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