El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Walter Espinoza Espinoza, señaló el día de hoy que la aplicación de una norma incluida en el Presupuesto Nacional 2021 podría dejar al OIJ con 50 plazas menos. La norma presupuestaria prohíbe llenar durante el 2021 las plazas que queden vacantes por renuncia, fallecimiento o cese de nombramiento de personas funcionarias.

Según señaló Espinoza, para el OIJ esta limitación es preocupante, porque en promedio en los últimos 3 años en el OIJ han dejado de trabajar aproximadamente 50 personas anualmente, por lo que de mantenerse esta tendencia eso implicaría la imposibilidad de utilizar unas 50 plazas que, generalmente, tienen labores de investigación. Espinoza añadió:

Para una policía que es pequeña en recurso humano, y que además tiene la obligación de trabajar 365 días al año, y atender durante las 24 horas del día todas las incidencias delictivas que se presentan en el país, la pérdida de una cantidad de plazas tan importante como la que señaló genera un impacto negativo, afecta nuestras funciones y afecta la posibilidad de que podamos brindar un adecuado servicio público”.

Espinoza añadió que a este momento ya han salido tres personas del OIJ —una plaza de Oficial de Investigación, una plaza de Analista en Criminología y una plaza de Investigador 1— que no pueden ser reemplazadas, y señaló su preocupación por que las áreas de Ciencias Forenses y Medicina Legal también tienen una alta rotación y no poder utilizar las plazas que queden vacantes “van a afectar los procesos penales y el acceso a la Justicia”.

El artículo 7 de la Ley del Presupuesto Nacional, estableció como norma presupuestaria que no puede ser utilizada ninguna plaza que quede vacante durante el 2021, excepto:

  • Las que representen el 5% cada institución destinadas al cumplimiento de la Ley 8862, Inclusión y Protección Laboral de las Personas con Discapacidad en el Sector Público.
  • El 20% de las plazas del Ministerio de Educación Pública (MEP).
  • El 50% de las plazas del Ministerio de Salud.
  • El 50% de todas las policías cobijadas por la Ley 7410, Ley General de Policía.
  • El 40% de las plazas destinadas a guarda parques con autoridad de policía, del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
  • Las plazas asignadas a la Comisión Nacional de Emergencias.
  • El 85% de las plazas del servicio exterior de la República (exclusivamente para las rotaciones internas).
  • Las plazas del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa), en su calidad de laboratorio oficial del Ministerio de Salud, solo en lo relativo a los recursos ya utilizados o programados para atender la emergencia causada por la COVlD-19.

Dado que el OIJ es parte del Poder Judicial —y no fue incluido en las excepciones para cuerpos de policía— la norma presupuestaria les aplica y por ende limita la sustitución de personal por las plazas que queden vacantes.

Situación similar en la Asamblea Legislativa

El pasado 1 de febrero el Directorio de la Asamblea Legislativa tuvo que dar marcha atrás con 19 nombramientos que violaban esta misma norma presupuestaria.

En el caso de la Asamblea se trataba de 11 nombramientos en puestos legislativos que iban a ser ocupados de forma interina y ocho nombramientos en plazas de asesores de confianza de las fracciones, según reportó La Nación .

Al respecto el presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank Smith, señaló que la norma presupuestaria "tiene también consecuencias en otras instituciones y podría tener efectos que no se midieron originalmente cuando fue aprobada", por lo que propondrá en el próximo presupuesto extraordinario la inclusión de una moción para "hacer un ajuste y evitar que los alcances de esta norma recaigan en puestos sensibles como cargos de dirección, plazas de jueces y otros que no pueden quedarse sin sustituir".

Proyecto de ley extendería efectos de esta norma presupuestaria hasta el 2025 en el Poder Ejecutivo

El proyecto 22.368, que presentó el Poder Ejecutivo como parte de la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), propone un congelamiento de las plazas que queden vacantes en el Poder Ejecutivo desde su aprobación y hasta el año 2025 (inclusive).

En ese proyecto se establece que se deben eliminar las plazas que queden vacantes en los ministerios, sus órganos desconcentrados, dependencias adscritas y demás órganos del Poder Ejecutivo —el proyecto no afectaría al Poder Judicial ni a la Asamblea Legislativa—, con algunas excepciones que permiten usar un porcentaje de las plazas que queden vacantes, de la siguiente manera:

  • 100% para los Cuerpos de Policía que son parte de la Ley General de Policia.
  • 100% para la Comisión Nacional de Emergencias.
  • 100% para la Procuraduría General de la República.
  • 85% del Servicio Exterior (exclusivamente para rotaciones internas).
  • 50% para el Ministerio de Salud.
  • 40% para los guardaparques del Minae.
  • 20% para el Ministerio de Educación.

Además, la limitación propuesta en el proyecto no aplicaría para las plazas de confianza, las jefaturas, direcciones, jerarcas o auditorías internas, ni para aquellos casos en que una persona funcionaria nombrada en propiedad sea ascendida interinamente o tenga un permiso sin goce de salario superior a un mes.

El proyecto de ley presentado por el Ejecutivo también excluye las plazas que representan parte del 5% destinado a la contratación de personas con discapacidad que establece la Ley 8862.