Han pasado 21 años desde que se pensó en sectorizar las rutas de autobús y aún no ha sucedido. A siete meses de la renovación de concesiones, el MOPT plantea extender el periodo de servicio de siete a 15 años. El motivo es que para poder cambiar la flotilla de buses actuales por buses eléctricos los operadores necesitan estabilidad financiera por 15 años. El problema es que contratos de tan larga duración limitan la capacidad del Estado de hacerle cambios a las condiciones del servicio. Si la sectorización y mejoras en el servicio no son parte de los nuevos términos, y además se logra prolongar el periodo de concesión que afortunadamente solo se puede hacer mediante una modificación de Ley, el transporte público se quedará estancado por los próximos 15 años.

Tampoco es aceptable que hayan pasado seis gobiernos distintos y que no se haya podido implementar la sectorización. Sin embargo, el problema no es solamente la organización ineficiente de las rutas de autobús. Actualmente el Transporte Público se brinda a través de diferentes modos de transporte que se encuentran desarticulados. La planificación, la operación y la regulación se realizan desde distintas instituciones y bajo esquemas tarifarios distintos. Por ejemplo, por un lado el Consejo de Transporte Público trabaja con los operadores de autobús, el Incofer con los trenes y es Aresep quien fija las tarifas. Esta desarticulación impacta en la calidad de prestación del servicio con mayores tiempos de viaje, costos más altos, inseguridad e incomodidad.

En efecto, el proceso para sectorizar las rutas de autobús se ha visto dañado justamente por la desarticulación que hay en nuestro transporte público. No obstante, esa desarticulación se debe a una legislación en materia de transporte público muy fragmentada que permite que las distintas instituciones involucradas compitan en la toma de decisiones. Se necesita priorizar una planificación conjunta y una tarifa única para crear un Sistema Integrado de Transporte Público para que también nos beneficiemos de un transporte intermodal.  No es una locura pensar que esto se puede lograr, es así en la mayoría de los países desarrollados y también ya hay ciudades en América Latina que tienen un sistema de este tipo como Bogotá, Medellín, Santiago de Chile y Curitiba.

El costo de no invertir en transporte público y de no priorizarlo es alto pues nos estamos perdiendo grandes beneficios. La Encuesta Nacional de Percepción de los Servicios Públicas realizada por la Contraloría General de la República en 2018, muestra que un 21% de los y las costarricenses dura más de dos horas al día para trasladarse a su trabajo y casi un 50% dura más de una hora. Un transporte publico eficiente y bien conectado enlaza a las personas con los trabajos y viceversa porque disminuye los costos de transporte en tiempo y dinero y entonces las posibilidades de empleo se multiplican. Aunque el teletrabajo le ha cambiado la vida a mucha gente, conforme se disipe la pandemia por COVID-19, muchos costarricenses volverán a las calles, y volverá la congestión vehicular. Es especialmente importante para las personas con vulnerabilidades sociales una reforma. No poder tener conexiones buenas de transporte público les limita la capacidad de acceder a bienes y servicios, al trabajo y al ocio y por lo tanto al bienestar.

Es también Costa Rica un país en el que el 54% de las emisiones de CO2 en Costa Rica son producto del sector transporte y el 41% de esas emisiones proviene de los automóviles personales. Además, la cantidad de carros por habitante aumenta cada año. Entonces, aunque electrificar la flotilla de buses es crucial, lo primero que se debe hacer es reorganizar el transporte público de modo que los costarricenses tengan una alternativa para movilizarse. Disminuir el uso de automóvil es el primer paso hacia la sostenibilidad en transporte. Sin embargo, no es justo odiar al automóvil, si el Estado costarricense no provee una mejor alternativa. El problema no es ser dueños de automóviles, si no, no tener una alternativa que genere mayor bienestar social, económico y ambiental y que entonces prefiramos.

Es necesario un cambio radical en el sistema para beneficio de todos, para disminuir la congestión vehicular, para aumentar las oportunidades de trabajo, para disminuir los costos de transporte y el tiempo al movilizarnos y para tener espacios con aire más limpio. Las personas que hemos estudiado este tema y que nos interesa hacer un cambio existimos y estamos dispuestas al debate y a guiar, pero por el bien de los costarricenses y el desarrollo económico, social y ambiental del país espero que los actores políticos se involucren más, ya que la transición empieza con una legislación unificada y actualizada en la materia de Transporte Público. Quedan pocos meses para la renovación de concesiones y es clave empezar a tener un diálogo claro sobre el tema y pedir absoluta transparencia al MOPT sobre el proceso de licitación y los términos de los contratos.

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