El tema de la autonomía universitaria y el presupuesto de las universidades públicas un tema recurrente. Es algo así como las franquicias de películas que no se cansan de introducir la misma historia con diferentes personajes. Así las cosas, aquí estamos en el mismo lugar que en el 2018 cuando se publicó este artículo, con la misma trama, nuevos personajes y villanos.
¿Por qué siempre terminamos en el mismo lugar? ¿Por qué el resultado es el mismo? En ninguna de las instancias anteriores se resolvieron problemas sistémicos de las universidades que afectan negativamente al país. La respuesta está en la gobernanza propia de las universidades: mientras que los rectores y miembros de los consejos universitarios sean elegidos por los empleados de las universidades no va a haber reformas sustanciales. Un rector o miembro de consejo no tiene que rendirle cuentas a nadie más que a su base política dentro de las universidades.
El asunto de los salarios ha sido harto discutido, pero uno de los temas menos discutidos es reclutamiento. La cantidad de PhD’s graduados alrededor del mundo buscando trabajos académicos ha aumentado y las oportunidades son limitadas. La falta de demanda por académicos y el aumento en la oferta ha sido reportado ampliamente por décadas. Este exceso de ofertas deja abiertas grandes oportunidades para reclutar internacionalmente, Chile, México y Colombia han optado por esta ruta para suplirse de investigadores y profesores de alto nivel y de paso incrementar la diversidad cultural.
En Costa Rica hacemos lo opuesto, empezando por una barrera de entrada sin sentido con los requisitos de validación de títulos. Las universidades prefieren financiar parcialmente a sus empleados elegidos al interno por las escuelas, mandarlas a estudiar y esperar a que regresen. Este sistema es terriblemente ineficiente, rígido, costoso y que solamente está disponible para unos pocos. Algunas personas han sacado el mejor provecho de este sistema, regresado al país y contribuido significativamente. Sin embargo, esto no implica que el mecanismo sea el más adecuado para responder a las necesidades nacionales de educación superior.
Parte de esta dificultad de reclutamiento se ve en la cantidad de interinos, situación que se ha vuelto un problema sistémico. El caso de la UCR es extremo donde en el segundo ciclo del 2019 65% de su cuerpo docente está empleada bajo el régimen de interinos. Los profesores interinos pueden tener muchísima dedicación a la enseñanza, pero muchos de ellos lo hacen con medios o cuartos de tiempo. Muchos de ellos dan clases en las noches luego del final de su jornada. Ese no es un modelo sostenible para proveer educación de calidad.
Ninguna de las universidades ha dado pasos claros o hecho propuestas para mejorar la calidad y cantidad de su cuerpo docente. Apropiar recursos para pagar buenos salarios para atraer académicos del exterior y capital humano para realizar investigación es Costa Rica es imprescindible. Sin embargo, en ninguno de los acuerdos salarios desde 2003 si quiera menciona estos temas y muchos menos recortar los pluses para las cúpulas administrativas (tema del último episodio).
Al contrario, si algo han logrado los rectores con su proteccionismo institucional es debilitar las universidades. En la defensa de los beneficios salariales se han recortado los presupuestos de investigación, subscripciones de revistas científicas y disminuido las posibilidades de crecimiento de jóvenes investigadores que regresan al país. El resultado es que mucho de los que regresan pronto se ven obligados a buscar oportunidades para volverse a ir.
Este es sólo uno de los temas que el país necesita resolver: más y mejores profesores universitarios. Pero ningún rector o miembro de los consejos universitarios va a ganar una elección o mantenerse en su puesto haciendo campaña para balancear salarios, diluir el capital político de las asambleas de escuela, atraer a “competidores” o quitar beneficios. La autonomía universitaria se ha vuelto la excusa para mantener un sistema clientelista a lo interno de las universidades y no una pelea justa por garantizar la libertad intelectual. Dejemos el teatro de lado y aceptemos que las universidades no tienen la capacidad de auto-reformarse, no la tienen porque sus líderes no tienen los incentivos para hacerlo. En ninguna película el personaje que dice “sálvese quien pueda” termina rescatando el barco.
La autonomía universitaria se nutre del capital social, se fundamenta en la confianza que tiene la sociedad en las instituciones. La incapacidad del Conare en rectificar el curso en lo que se refiere a personal y salarios ha minado la confianza en las universidades, y poner en riesgo su propia autonomía. La escena en la que estamos ahora es sombría, los rectores han expuesto a las instituciones que representan a un proceso de reforma forzado y de la mano de la asamblea legislativa que está más preocupada por demostrar quién manda que en edificar para el futuro.
Finalizo con una propuesta que podría ser calificada como extrema, pero bueno, ya hemos pasado por esto tantas veces que hay que pensar “fuera la caja”: Las universidades no estarán sujetas a la ley de empleo público o la regla fiscal, pero debe someterse a una intervención:
- Los rectores, vicerrectores y consejos universitarios deben suspender la toma de decisiones presupuestarias temporalmente. Se mantiene la autonomía académica y organizacional, pero la ejecución presupuestaria y contrataciones de profesores deben estar intervenidas por la Contraloría General de la República.
- Traemos al país administradores de las mejores universidades del mundo, con una visión reformada y moderna para emprender una reforma estructural del manejo de las universidades por 10 años.
- Disolución del CONARE para convertirlo en una junta de regentes a quienes los rectores y consejos universitarios deben rendir cuentas.
Podemos salvar lo salvable y pensando en detalle sobre cuál es el papel de las universidades para para los próximos 100 años. Es una propuesta radical, pero sin duda es mejor que dejar en manos del Mideplan decisiones que no tiene competencia para tomar o esperar que las universidades resuelvan sus problemas por su propia cuenta.
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