Referencia del BCCR

Tipo de cambio

Compra

₡...

Venta

₡...

Presentado por
Logo Coopealianza
Imagen principal del artículo: Aprobada ley de rastreo y etiquetado de licores; Ley de Empleo Público enfrenta al PAC en comisión
Foto: Maynor Solís/Asamblea Legislativa

Aprobada ley de rastreo y etiquetado de licores; Ley de Empleo Público enfrenta al PAC en comisión

El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este martes, en segundo debate, un proyecto de ley impulsado por el diputado Daniel Ulate Valenciano (PLN-Alajuela) que impone el etiquetado y trazabilidad de los licores en el país, como herramienta contra la adulteración, la falsificación, la imitación y el contrabando de esos productos.

Se trata del expediente 20.961, el cual recibió 44 votos a favor y 3 en contra (Erick Rodríguez Steller, Jonathan Prendas Rodríguez y Carmen Chan Mora) luego que la consulta enviada a la Sala Constitucional el año pasado fuera devuelta con un 'no ha lugar' tras el retiro de la firma por parte de algunos de los diputados consultantes.

La iniciativa reforma el artículo 15 de la Ley 9047, Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, para prohibir la adulteración, la falsificación y la imitación del licor y de bebidas con contenido alcohólico, así como su contrabando.

Según dispone el texto aprobado, todas las autoridades públicas estarán en la obligación de denunciar, de oficio o a petición de parte, ante la Policía de Control Fiscal, la Policía Municipal o los inspectores municipales, los casos donde se presuma actos de adulteración, falsificación, imitación, fabricación clandestina o contrabando de bebidas con contenido alcohólico.

Asimismo, como herramienta contra el comercio ilícito, el Ministerio de Hacienda deberá establecer un mecanismo tecnológico de identificación y control que identifique la importación y producción legal de bebidas con contenido alcohólico.

Dicho mecanismo deberá ser no manipulable, no replicable, confiable y fidedigno, además deberá ser transversal e interoperable por los ministerios y las instituciones del Estado que les competa, y deberá permitir la trazabilidad fiscal y la identificación por parte de los consumidores y las autoridades competentes de las bebidas con contenido alcohólico de origen o fabricación legal.

El Ministerio de Hacienda exceptuará de la aplicación de ese mecanismo a las bebidas con contenido alcohólico de producción nacional y las bebidas obtenidas de la fermentación de los cereales, así como bebidas con un volumen de alcohol menor al 9%.

Previo a instaurar la trazabilidad y el etiquetado, Hacienda deberá garantizar previamente, mediante un estudio de costo-beneficio, que la implementación del mecanismo tecnológico producirá un claro beneficio para el interés general de la colectividad.

Asimismo, Hacienda deberá mantener un repositorio único de trazabilidad que contenga el registro de las bebidas con contenido alcohólico y vía reglamentaria establecerá las condiciones y los procedimientos necesarios para garantizar la implementación del mecanismo. Además, como mínimo una vez por año, deberá evaluar la vulnerabilidad del mecanismo y su efectividad.

Aunque el texto inicialmente levantó polémicas por la supuesta intención de favorecer a un proveedor del servicio específico, los diputados reformaron meses atrás el texto para que Hacienda, en caso de que lo requiera, contrate un proveedor externo de servicios, para lo cual deberá asegurar que la elección del proveedor se realice de acuerdo con los principios constitucionales y legales establecidos en la Ley 7494, Ley de Contratación Administrativa, y con los parámetros de una licitación pública, abierta y transparente.

Los diputados dispusieron que los proveedores de sistemas que posean antecedentes de corrupción tanto a nivel nacional como internacional, o que se encuentren relacionados directa o indirectamente con la industria de forma tal que generen el riesgo de un eventual conflicto de interés quedarán excluidos de participar de ese eventual concurso.

Previa confección de un acta de las autoridades competentes, donde se constate certeramente que en algún establecimiento se determine que el producto con contenido alcohólico inspeccionado no cuenta con el mecanismo de trazabilidad respectivo, se coordinará con los encargados de las municipalidades, para proceder con las siguientes medidas y procedimientos:

La normativa incluye un transitorio que señala que el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley en un plazo máximo de 18 meses, contado a partir de su entrada en vigencia; plazo en el cual el Ministerio de Hacienda deberá contar con el estudio de costo-beneficio, aprobar, establecer y poner en marcha el mecanismo tecnológico de control que se establece en la ley, siempre que el estudio demuestre que se cumplen los beneficios indicados previamente.

Polémica PAC-PAC por la Ley de Empleo Público

La Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea inició este martes el trámite de las más de 400 mociones de fondo que fueron presentadas a la Ley de Empleo Público en el segundo día habilitado para ello.

Dado que las mociones fueron ordenadas para ser conocidas en el orden del articulado que reforman, las primeras en discutirse y votarse fueron mociones que pretendían excluir instituciones del ámbito de aplicación de la ley.

Aunque la discusión se centró especialmente en la exclusión o no de las universidades públicas bajo el argumento de su autonomía constitucional, también fueron discutidas y votadas mociones para excluir al Poder Judicial, municipalidades, Caja Costarricense del Seguro Social, instituciones en competencia y empresas municipales, entre otros.

El rechazo a las mociones para excluir a las universidades generó acalorados debates entre diputados de distintos partidos, sin embargo, destacó el que sostuvieron los diputados oficialistas Paola Vega Rodríguez y Víctor Morales Mora.

Vega ha sostenido que la inclusión de las universidades estatales en la ley violenta la autonomía universitaria y recordó que días atrás se firmó un compromiso para respetar esa autonomía al promulgar la ley, pero que se estaba contradiciendo o irrespetando al rechazar las mociones presentadas para hacer cumplir ese acuerdo.

Ello llevó a Víctor Morales a señalar que sí hay una definición política de la Comisión y en la Asamblea de que las universidades deben estar incluidas en el artículo 3, que hace referencia al ámbito de aplicación de la futura ley; y que esa posición era compartida también por la Presidencia de la República.

El oficialista también dijo que esa "es la posición compartida de la gran mayoría de la fracción del Partido Acción Ciudadana" y que él se los expresó así en una reunión reciente a los rectores de las universidades públicas.

Mi interpretación es que esto es lo que va a pasar en la Asamblea con la mayoría de diputados, sin que estemos pensando en violentar la autonomía, sin que estemos pensando en que se va a ir a atentar contra la libertad de cátedra, sin estar pensando que se va a ir a nombrar a un profesor, sin que se esté pensando en eso. Se está pensando en la necesidad, como algunos rectores lo han reconocido en estos días, de ordenar estos temas de empleo público. En ese espíritu, yo mismo me permití plantear que era conveniente que las mismas universidades, incluso, nos generaran algunas mociones que, partiendo de que quedaban dentro de empleo público, pudieran ayudar a aclarar cosas.

La posición de Morales es que una vez agotadas las mociones relativas al artículo 3, hay otras que se construyeron con consenso para aclarar y corregir situaciones de la redacción actual que podrían generar algún roce con la autonomía universitaria.

Sin embargo, Paola Vega respondió y le solicitó a Morales no hablar "de una mayoría de la fracción" si ese tema no había sido sometido a votación allí.

Podrá sorprenderse de camino de ver que haya otros diputados que estén en la misma tesis de esta diputada.

Los diputados del Partido Liberación Nacional, Luis Fernando Chacón y David Gourzong también defendieron mantener a las universidades en la redacción del artículo tercero.

"Jamás fue el espíritu del constituyente que las instituciones se convirtieran en un fin en sí mismo, que no es culpa de las instituciones, sino por la corrupción de hombres y mujeres que han pasado por esas instituciones y dejaron de ver por la responsabilidad de trabajar en un Estado costarricense sustentado en los impuestos de todos los costarricenses", dijo Chacón, jefe de fracción del PLN.

Al final, las mociones para excluir a las universidades fueron rechazadas por los dos verdiblancos y su compañero Jorge Luis Fonseca; el oficialista Víctor Morales que es quien tiene voto en esa comisión; así como los independientes Jonathan Prendas, Zoila Volio y el socialcristiano Pablo Heriberto Abarca.

Concluida la sesión, la comisión llegó hasta la moción 38, de las cuales 34 fueron rechazadas y cuatro aprobadas.

Entre las aprobadas se encuentra una que mantiene la exclusión a las instituciones públicas en competencia, excepto en materia de negociación de convenciones colectivas.

Otra moción aprobada excluye de la Ley a las empresas municipales, como la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), algo que el diputado José María Villalta del Frente Amplio calificó de contradictorio, al tiempo que el socialcristiano Pablo Heriberto Abarca lamentó y advirtió que si la ley seguía debilitándose él votaría en contra la iniciativa.

Breves

— Con 42 votos a favor y 0 en contra se aprobó en primer debate, por tercera vez, el expediente 20.715 (vetado) que reforma la Ley de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos para crear un registro nacional de donante de órganos y tejidos, incluir el señalamiento de si se es donador en la cédula de identidad, y de considerar a toda persona donadora de tejidos durante cinco años, a menos de que en vida diga lo contrario.

— Con 42 votos a favor y 1 en contra (Gustavo Viales, PLN-Puntarenas) se aprobó en segundo debate el expediente 21.783 que pretende implementar una prórroga anticipada para aquellos inversionistas concesionarios turísticos que pretendan mejorar efectivamente los servicios turísticos dentro de sus concesiones.

La iniciativa reforma la Ley 6043 para que el interesado pueda solicitar una prórroga anticipada de su concesión, la cual podrá ser otorgada por la municipalidad que corresponda, en el tanto la ampliación de ese plazo sea utilizado como garantía financiera para desarrollar nuevas inversiones y mejoras en el inmueble, o para readecuar condiciones crediticias.

— Con 40 votos a favor y 5 en contra /Jonathan Prendas, Carmen Chan, Harllan Hoepelman, Ignacio Alpízar y Yorleni León) se aprobó en segundo debate el expediente 21.965 que autoriza al Consejo Rector y a la Secretaría Técnica del Sistema de Banca para el Desarrollo para que condonen la totalidad de las 2705 operaciones de las obligaciones financieras que mantienen los micro, pequeños y medianos productores agropecuarios de las diferentes zonas agrícolas, pesqueras y acuícolas del país con el Fondo Nacional para el Desarrollo (Fonade).

La condonación incluye el monto del principal adeudado, intereses corrientes e intereses moratorios, así como del pago de costas personales y procesales (en caso de procesos en cobro judicial), así como las operaciones registradas contablemente como insolutos, de todos aquellos productores que hayan obtenido créditos a través del Fideicomiso de Reconversión Productiva 520-001 CNP/BNCR, Fideicomiso 5001-001 Incopesca/Banco Popular, Fideicomiso 05-99 MAG/PIPA/Bancrédito, Fideicomiso para la Protección y el Fomento Agropecuarios para Pequeños y Medianos Productores (Fidagro), Fideicomiso N.º 248 MAG/BNCR para el Financiamiento del Proyecto de Crédito y Desarrollo Agrícola para Pequeños Productores de la Zona Norte (PPZN), Programa Especial Mejoramiento de la Productividad y Competitividad de los Pequeños Productores de Arroz, Programa de Fortalecimiento de la Pequeña Empresa Bancrédito -Proagroin, Programa de Atención de Zonas Afectadas por Sismos (Prazas).

— La Contralora General de la República, Marta Acosta Zúñiga, advirtió a la Comisión de Hacendarios que la eventual aprobación del tercer presupuesto extraordinario que se tramita en el expediente 22.399 podría hacer que el límite de crecimiento del gasto sea excedido en unos 10 mil millones de colones.

Esta plan de gastos incorpora recursos para varias instituciones entre ellas el programa del Régimen no Contributivo por 23 mil millones de colones cubriendo a casi 130.000 personas que requieren de la asignación presupuestaria para el primer trimestre del año; el PANI con recursos para cubrir a 7000 menores de edad en Centros de Cuido para el segundo semestre; Conapam, Inamu, Programa Nacional de Empleo y 96 mil millones de colones del crédito con el BIRF para modernizar y digitalizar los sistemas tecnológicos del Ministerio de Hacienda, conocido como Hacienda Digital para el Bicentenario.