Finalmente me llegó el estudio actuarial del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (Sinaes) que evalúa el impacto financiero de una eventual aprobación de la reforma a la Ley del Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (Conesup), un proyecto que fue dictaminado afirmativamente en la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa bajo el liderazgo de las diputadas Yorleny León (PLN) y Patricia Villegas (PIN).
Cobra particular importancia su discusión, ante la coyuntura de la crisis económica que estamos viviendo en el país, por los alarmantes resultados que evidencia y que las diputadas han evitado discutir en público: al Sinaes no le alcanzarán las transferencias que recibe de ₡2,567,953,608 anuales, para lograr imponer la acreditación obligatoria a las universidades privadas, sino que el Estado requeriría incrementar esas transferencias en un 34% el primer año, con aumentos exponenciales posteriores proyectados hasta el 2033.
¡Las diputadas proponen transferir ₡3.600 millones anuales del erario público al Sinaes! El proyecto de reforma de ley no señala la fuente de los recursos, a pesar de que la Constitución Política, en su artículo 179, indica que la Asamblea Legislativa no puede aumentar los gastos presupuestados por el Poder Ejecutivo, si, simultáneamente, no son señalados los nuevos ingresos que hubieren de cubrirlos, previo informe de la Contraloría General de la República sobre la efectividad fiscal de los mismos. ¡No es especificar impuestos con destinos específicos; es especificar gastos con ingresos específicos! Sigo sin entender, a pesar de las múltiples solicitudes de aclaración que he cursado a las diputadas, qué instituciones o programas proponen desfinanciar, para poder costear esta iniciativa.
Si es mucho o poco el gasto en que pretenden incurrir para fiscalizar la calidad de la educación, solo se puede analizar a la luz de los costos de oportunidad. ¿Se puede lograr mejorar la calidad de la educación superior privada de una manera más costo-eficiente? ¿Cuál ha sido el impacto de la acreditación sobre la calidad de la educación en Costa Rica?
Veamos la alternativa de fortalecer al Conesup, el único órgano autorizado para fiscalizar la educación superior privada, por ley. Podrían empezar por aumentar su raquítico presupuesto de ₡70 millones anuales, porque fiscalizar a una universidad a razón de ₡2 mil y pico mensuales es risible. Si, por ejemplo, contrataran a 54 auditores, uno para cada universidad, no se gastarían más de ₡1.000 millones anuales, con todo y cargas sociales, no ₡3.600 millones. Claro está que Conesup no necesita a tantos auditores de calidad, para fiscalizar la mayoría de las universidades que no tienen ni 400 alumnos. La inversión que proponen es onerosa e innecesaria. Bastaría con cambiar las actividades de fiscalización que ejerce el Conesup, apoyados con buena información y tecnología, para hacer su función. Invertir esos miles de millones en un sistema de acreditación, cuyo impacto sobre la sociedad costarricense todavía se desconoce, no es una sabia decisión. No hay ni un solo estudio independiente que lo confirme.
La reforma también exige que las universidades paguen al Conesup por las labores de fiscalización que realiza. Las funciones y atribuciones que la ley asigna al Conesup derivan de la genérica que ejerce el Estado, sobre todo centro docente privado, según el artículo 79 constitucional, y, por tanto, no pueden concebirse o calificarse como “servicios que presta” a las universidades privadas, sino tan solo el ejercicio de potestades de imperio que se reservó el Estado.
Como es una actividad ordinaria de la Administración, resultaría inconstitucional establecer cobro adicional a las universidades privadas, como sujetos pasivos de esa inspección, que recae sobre el ejercicio de una libertad constitucionalmente garantizada. Las señoras diputadas insisten en impulsar una reforma cuyos múltiples roces de inconstitucionalidad ya han sido señalados por renombrados constitucionalistas y por la misma Procuraduría General de la República, pero más parece que prefieren hacer perder el valioso tiempo de los jueces en el Poder Judicial, llevando el proyecto a consulta.
La reforma exige que las universidades también paguen más por los procesos de acreditación; así lo confirma el estudio actuarial. La reforma de ley propuesta encarece la educación superior privada innecesariamente, aumentando los gastos transaccionales sin que ello implique necesariamente una mejoría en la calidad que recibirán los alumnos. Cualquier gasto que se obligue a las universidades a incurrir por concepto de fiscalización será trasladado a los alumnos.
Pretender que ellos asuman el costo de fiscalizar a las universidades, ya sea por Conesup o por Sinaes, o por ambos, como se pretende en esta reforma, atenta contra el acceso a la educación superior privada, en particular en las regiones en donde la capacidad adquisitiva de los alumnos es menor. No son amenazas vacías: son principios básicos de oferta y demanda. Claro está que, sin acceso a la educación, mucho menos va a haber calidad. A quienes más afecta es a los alumnos que se ven obligados a pagar por su educación superior, por ausencia de cupos u otras trabas en las universidades públicas.
Este artículo representa el criterio de quien lo firma. Los artículos de opinión publicados no reflejan necesariamente la posición editorial de este medio. Delfino.CR es un medio independiente, abierto a la opinión de sus lectores. Si desea publicar en Teclado Abierto, consulte nuestra guía para averiguar cómo hacerlo.
