En una sesión marcada por el pronunciamiento de 22 diputadas dando un golpe de timón a las negociaciones de cara a renovar el Directorio Legislativo el 1° de mayo, el plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes en primer debate un proyecto de ley del Frente Amplio para eliminar la confusión existente sobre si las universidades privadas debían cobrar o no el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
La iniciativa, tramitada bajo el expediente 23.286, se denomina "Exención para la aplicación del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) a la educación superior privada" y recibió el voto afirmativo de 39 de los 40 congresistas presentes, votando en contra únicamente el oficialista Manuel Morales Díaz, quien no razonó su voto.
Aunque el artículo 8 de la Ley del IVA establece en su inciso 31) que están exentos de pagar el impuesto "los servicios de educación privada, preescolar, primaria, secundaria, universitaria, parauniversitaria y técnica", el subinciso b) del inciso 2 del artículo 11 de la misma ley indica que "los servicios de educación privada" pagan una tarifa de IVA reducida del 2%.
Según explicó el diputado Ariel Robles Barrantes, el proyecto surgió como necesidad de corregir ese error o antinomia de la reforma fiscal hecha por la Ley 9635, por cuanto había universidades que cobraban el impuesto.
El Ministerio de Hacienda señaló que el proyecto de ley era innecesario por cuanto la antinomia había sido esclarecida vía reglamento, en el sentido de que allí se indicó que el tributo de 2% debían pagarlo "los servicios de educación que no requieren para su prestación de la autorización del Ministerio de Educación Pública, del Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (CONESUP) o ente público competente en la materia educativa, y que implica un proceso no sistematizado en el que las personas adquieren y acumulan conocimientos, capacidades y actitudes".
El proyecto pasa ahora al Poder Ejecutivo para su firma como ley de la República.
Breves
— 22 diputadas de todas las bancadas legislativas suscribieron un manifiesto sobre las negociaciones de cara al 1 de mayo pidiendo no reducir las negociaciones "a la simple distribución de puestos", sino considerar cuatro "aspectos primordiales": una agenda nacional, negociaciones con transparencia, respeto a la institucionalidad y un alto a la violencia política contra las mujeres. Luego, con 43 votos a favor y 6 en contra el plenario aprobó acoger el manifiesto suscrito por las legisladoras.
— Con 45 votos a favor y 0 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 23.333 "Autorización para la donación de un bien inmueble del Instituto Costarricense sobre Drogas a la Caja Costarricense de Seguro Social, para la ampliación de la Clínica de Miramar de Puntarenas".
— Con 45 votos a favor y 0 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 23.875 "Declaratoria de interés público del desarrollo turístico, cultural, ecológico y natural de Barrio Amón y Barrio Otoya".
— Con 46 votos a favor y 0 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 23.916 "Autorización a la Municipalidad de Pococí para que desafecte del uso público a inmueble ubicado en Calle Tablón, Jiménez de Pococí".
— Con 49 votos a favor y 1 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 23.351 "Declaración del Día Nacional de la Empresa Privada y del Empresario".
— Con 45 votos a favor y 0 en contra se aprobó retrotraer a primer debate el expediente 23.555 "Incentivo para la Protección de la Biodiversidad Marino-Costera".
— La Comisión de Limón rechazó el expediente 23.387 "Fomento a la sostenibilidad cultural, ambiental y económica en el cantón de Talamanca".
— La Comisión de Infraestructura dictaminó afirmativamente el expediente 23.851 "Promoción de una planificación urbana ambientalmente equilibrada. Adición de un Artículo a la Ley de Planificación Urbana, Ley Nº4240 del 15 de noviembre de 1968 y sus reformas".
