Declara el 23 de febrero de cada año “Día Nacional de la Empresa Privada y del Empresario”. Autoriza a las instituciones del Estado y a los gobiernos locales para que se promueva la celebración de este día en todas sus oficinas, con el fin de reconocer y hacer visible el aporte de las empresas en la reactivación económica, en el progreso de las comunidades y en el desarrollo nacional.