La Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación de la Asamblea Legislativa rechazó por mayoría, este lunes, un proyecto de ley del Frente Amplio que pretendía regular las tarifas que las universidades privadas cobran a sus estudiantes. 

La iniciativa, tramitada bajo el — , pretendía que el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (Conesup) fungiera como un efectivo regulador y no un mero aprobador de tarifas de las universidades privadas, incluidos los cargos por derechos de graduación, certificaciones de notas, convalidación de cursos, derechos de graduación, talleres, laboratorios, internados rotatorios, prácticas profesionales y campos clínicos.

Asimismo el Conesup habría definido un porcentaje específico de becas que debían ser asignadas por cada universidad privada, dirigidas a estudiantes de escasos recursos.

La iniciativa fue estudiada en una subcomisión integrada por la frenteamplista Rocío Alfaro Molina, la socialcristiana Vanessa de Paul Castro, y el neorrepublicano José Pablo Sibaja, y cuyo informe se conoció este lunes.

La diputada Alfaro defendió el proyecto destacando que muchas instituciones de educación superior aumentan los costos de matrícula sin justificación, afectando a los estudiantes que ya están cursando sus carreras, lo que obliga a algunos a cambiar de universidad o a asumir gastos adicionales. Asimismo, subrayó que este proyecto pretendía proteger a los estudiantes y garantizar que las universidades privadas justifiquen técnicamente cualquier incremento en las tarifas, asegurando así el acceso a una educación de calidad sin arbitrariedades.

El diputado Sibaja anunció su voto en contra del proyecto argumentando que carecía de un análisis adecuado sobre cómo se financiaría el nuevo departamento técnico propuesto para la supervisión de las tarifas de las universidades, y citó un informe de la Contraloría que enfatiza la necesidad de estudios técnicos y fuentes de financiamiento sostenibles. Además, Sibaja criticó que el proyecto no considerara las diferencias entre las universidades públicas, que reciben fondos estatales, y las privadas, que dependen de la oferta y demanda. También expresó que la propuesta ignora la jurisprudencia sobre el derecho al lucro de las universidades y no aborda cómo se financiarían las becas obligatorias que sugiere.

El diputado oficialista Jorge Rojas López expresó su rechazo al proyecto argumentando que interferiría con el principio de libre empresa; señaló que las empresas privadas, incluidas las universidades, deben tener la libertad de gestionar sus precios y operaciones para obtener ganancias, y advirtió que la regulación de estas tarifas podría sentar un precedente peligroso para la intervención en otros sectores, como las clínicas privadas, de modo que la intervención estatal en empresas privadas podría afectar la competitividad.

La diputada Alfaro respondió a las críticas planteadas destacando que el texto sustitutivo que se estaba proponiendo con el informe de subcomisión ya incorporaba modificaciones para abordar preocupaciones, como la inclusión de una comisión técnica en lugar de un departamento para evaluar los cambios en tarifas, y resaltó que el objetivo del proyecto no era eliminar la diversidad en precios entre universidades, sino prevenir aumentos arbitrarios que afectan a los estudiantes que ya están matriculados.

Alfaro argumentó que el derecho a lucrar no debe convertirse en un abuso o usura, y que la protección de los estudiantes frente a cambios inesperados y excesivos en las tarifas es crucial, al tiempo que añadió que el proyecto buscaba garantizar que las tarifas fueran razonables y justificadas, para evitar que los estudiantes enfrenten costos imprevistos y desproporcionados que puedan forzarlos a abandonar sus estudios.

El informe de la subcomisión fue rechazado por el voto negativo de Sibaja, Rojas, y la liberal Johana Obando Bonilla, mientras que Alfaro lo votó a favor. La moción de texto sustitutivo fue rechazada con igual votación, y el fondo del proyecto fue rechazado con idéntico resultado.

Breves

— Con 45 votos a favor y 0 en contra se aprobó en primer debate el expediente 23231 "Declaratoria de la celebración de las Fiestas de La Virgen del Mar, Patrimonio Cultural Inmaterial de Costa Rica".

— Con 44 votos a favor y 2 en contra se aprobó sesionar de manera extraordinaria y solemne el lunes 30 de septiembre en el cantón central de Puntarenas, en las instalaciones de la Universidad Técnica Nacional.

— La Comisión de Guanacaste dictaminó afirmativamente el expediente 24.250 "Adición de un artículo 1 bis y de un artículo 3 a la Ley N° 10194, Autorización a la Municipalidad de La Cruz para que segregue en lotes un inmueble de dominio privado de su propiedad y los done a personas de escasos recursos, en Barrio Irvin de La Cruz, de 25 de abril de 2022".