A principios de 2020 una de cada cinco personas en Costa Rica vivía en precariedad y vulnerabilidad materiales, según datos del INEC. Las medidas establecidas frente a la actual pandemia (y la falta de otras) han exacerbado esta situación. Vivir en estas condiciones tiene aplastantes consecuencias psicológicas y emocionales, que muchas veces también se traducen en otros impactos degenerativos, como enfermedades físicas, violencia e inseguridad social.

Más aún, el Programa Estado de la Nación concluye que Costa Rica ha perdido las ventajas que ofrece tener una sociedad más equitativa, ya que la nuestra se ha convertido en una sociedad con altas desigualdades, que siguen aumentando.

Entre 1994 y 2019, Costa Rica triplicó su producto interno bruto (PIB) per cápita (datos de OCDE), de forma que si fuéramos una sociedad equitativa, cada persona debería haber recibido en 2019 tres veces el equivalente de lo que recibía en 1994. En 2019, sin embargo, la OCDE estimó que una persona del decil más alto (10% de la población con mayores ingresos) tenía un ingreso promedio equivalente al de 11 personas en los cuatro deciles más bajos (40% de la población con menores ingresos). Estas desigualdades se traducen en enormes diferencias en acceso a oportunidades.

Además, el crecimiento económico ha estado desconectado de la capacidad de generar puestos de trabajo. Siguiendo los estudios del Estado de la Nación, aunque ya antes esta desconexión existía, fue después de las crisis de 2008-09 que esa disociación se hizo más marcada. Y esto ha afectado mayormente al empleo ‘no calificado’, es decir, aquellas personas de menores ingresos.

Por lo tanto, las políticas públicas deberían dirigirse a solventar las necesidades generadas por estas realidades, las de hoy y las futuras. La enorme mayoría de personas desean superar la privación material en sus vidas. Si se les garantizan las condiciones mínimas para una vida digna, sin coerción y sin obligaciones de cómo deben vivir sus vidas: un piso sobre el cual pararse con autonomía y seguridad. No un piso frágil construido sobre condicionalidades, estigmas y prejuicios.

Proponemos entonces que Costa Rica adopte un papel de liderazgo en temas de política social y universalidad para el bienestar de todas las personas. Pensamos que una alternativa que responde a los retos de la actualidad nacional y mundial es la renta básica (o ingreso básico)  universal incondicional (RBU o UBI por las siglas en ingles de universal basic income).

La RBU es una transferencia monetaria periódica entregada individualmente, a cada residente del país, sin condiciones y sin la necesidad de cumplir prerrequisitos. Un monto suficiente para asegurar la base material mínima para desarrollar una vida digna. Y paralela a, no sustituta de, servicios sociales universales, como la educación gratuita o la salud pública.

Muchas personas viven en situaciones económicas que les empujan a relaciones denigrantes o destructivas, de empleo, socio-afectivas (especialmente mujeres), u organizaciones delictivas. Con graves consecuencias personales, sociales y culturales. La individualidad de la RBU se justifica en otorgar autonomía y libertad, para dar a cada persona la capacidad material de decir ‘no’ a esas relaciones.

¿Dejaría usted de trabajar si recibiera una RBU incondicional? Probablemente su respuesta fue algo cercano a un ‘no’. Para la psicología moderna, está claro que la mayoría de personas ven en el trabajar una fuente de orgullo, de autoestima y/o de dar un sentido a sus vidas. La RBU no va a provocar que las personas dejen de trabajar.

El experimento más amplio relacionado con RBU fue conducido en Ontario, Canadá, entre 1974 y 1979. De este se concluyó que una “renta básica hace que la gente trabaje de diferente manera, no necesariamente menos” (informe Pilot Lessons [2016] elaborado por el Mowat Centre de la Universidad de Toronto). En algunos casos, las personas redujeron la cantidad de horas de trabajo en 3% (una hora en una semana laboral de 40 horas), en otros la aumentaron.

Entre 2012 y 2014, UNICEF financió un proyecto de transferencias monetarias incondicionadas e individuales para toda la población (localmente universal) de varias aldeas del estado Madhya Pradesh en India. Cerca del 21% de las personas aumentaron su actividad productiva (remunerada), con un efecto especialmente marcado en las mujeres.

A diferencia de las prestaciones condicionadas, la RBU se recibe aún si se tiene empleo o se emprende un negocio. También si se tiene un trabajo no remunerado, pero igualmente de enorme valor social, como el cuido de personas enfermas o menores de edad (hecho desproporcionadamente por mujeres).

Las actuales políticas condicionadas asumen que las autoridades saben mejor que las personas mismas lo que es importante para sus vidas. Las condiciones se imponen bajo la premisa de que esas personas no han sabido tomar las decisiones correctas, y señalan culpas individuales desestimando el contexto y razones sistémicas. Aunque podrían considerarse ‘bien intencionadas’, estas condiciones son gravemente coercitivas, y tienen consecuencias no solamente a niveles económico y cultural, sino también en el autoestima y el bienestar de quienes las deben cumplir.

Le invitamos entonces a formar parte de la conversación sobre cómo implementar una RBU en Costa Rica.

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