Garantizar que los niños, niñas y adolescentes de este país se desarrollen plena e integralmente y estén libres de maltrato, abuso y cualquier otra manifestación de violencia es una obligación legal, constitucional y convencional que asumió el Estado costarricense. Los programas preventivos, formativos y educativos son una herramienta poderosa para modificar patrones socioculturales que justifican el castigo físico y el trato humillante como formas de crianza, fortalecerlos es nuestro compromiso y combatir este problema estructural, es uno de los retos más importantes que tenemos como sociedad.
El castigo físico es una manifestación de la violencia que genera secuelas físicas, intelectuales y emocionales en el corto, mediano y largo plazo. A pesar de que desde el 2008, se aprobó la Ley Derecho a la Disciplina Sin Castigo Físico ni Trato Humillante, que pretende la implementación de acciones conjuntas para el ejercicio responsable de la autoridad parental y facilitar un proceso reflexivo en torno a las prácticas de crianza y la erradicación del uso del castigo corporal hacia las personas menores de edad, los datos nos reflejan una realidad muy distinta, que nos conmina a buscar nuevas formas de abordarla.
Durante el 2019 el PANI dio respuesta a 75.393 denuncias por situaciones violatorias de derechos, al 30 de setiembre de este año se recibieron 53.199 incidentes que comprometieron la salud, la vida o la integridad de 75.307 niños y niñas y adolescentes (NNA). Los principales motivos siguen siendo la negligencia, la violencia intrafamiliar y la agresión física, sexual y psicológica.
Según un estudio realizado en 2015 por el PANI junto con la Agencia de Naciones Unidas- UNICEF, la violencia en el hogar está relacionada con una convivencia regida por patrones violentos y adulto-centristas socialmente aceptados, y que normalizan el ejercicio de la violencia como una forma de educar y criar a los NNA. Ese estudio arrojó que el 64,5% de los padres, madres, y personas cuidadoras creían que el castigo corporal es a veces o siempre el mejor medio de enseñanza.
Según la Encuesta Mujer, Niñez y Adolescencia (EMNA,2018) y el informe de 2018 de UNICEF, el 46 % de los niños de 2 a 14 años —el 52 % de los niños y el 39 % de las niñas— han experimentado al menos una forma de maltrato físico o psicológico por parte de sus progenitores o cuidadores; esta práctica es más prevalente entre los cabezas de familia sin estudios (el 8 %) que entre aquellos con estudios (el 3 %). Además, 23,7% de las personas entrevistadas responsables del cuido creían que es correcto el castigo físico como forma de disciplinar. Los niveles de violencia por razón de género son alarmantes en el país, ya que en el 2017 el Ministerio de Salud informó de aproximadamente 13.000 casos de violencia doméstica, de los cuales el 68 % afectaban a mujeres y el 21 % a niñas.
La violencia infligida hacia niños y niñas no tiene horario. El responder oportunamente a las situaciones que pongan en riesgo la vida, la salud y la integridad física de los niños, niñas y adolescentes es un reto que asumimos con responsabilidad. Es por ello que el Patronato Nacional de la Infancia anuncia con gran satisfacción que cuenta a partir de octubre con las Unidades de Respuesta de Atención Inmediata URAIs en las 10 direcciones regionales del país.
Con la apertura de la Unidades de Atención Inmediata (URAI) en Heredia y Puntarenas, el pasado 30 de octubre, el PANI brinda, por primera vez en su historia, la atención 24/7 todos los días del año, en todo el territorio nacional, a los niños, niñas y personas adolescentes que requieren protección inmediata, por riesgo inminente para su vida y su integridad.
Entre mayo y octubre de este año, se abrieron las URAI de Alajuela, Región Brunca, Cartago, Huetar Caribe, Chorotega y Huetar Norte que han atendido 3110 niños, niñas y adolescentes con 80 profesionales en Trabajo Social, Psicología, Derecho y Criminología. Las denuncias ingresan a través del servicio de 911-PANI o por remisión de otras instituciones de primera respuesta, y son atendidas, dentro de las 24 horas, para verificar o descartar el riesgo, hacer la valoración según cronicidad, intensidad y frecuencia, determinar factores protectores, dictar medidas de protección de urgencia y comenzar un proceso formativo-educativo con las familias para garantizar los derechos de cada NNA.
Algunas de las denuncias atendidas durante estos primeros meses obedecen a situaciones de negligencia, violencia intrafamiliar, intentos de suicidio u homicidios o femicidios de personas cuidadoras, abuso físico o sexual, niños migrantes solos o no acompañados, persona menor de edad en consumo de drogas, solicitudes judiciales de urgencia (delitos en curso y/o acompañamientos).
Con el funcionamiento de las 8 URAI en las Direcciones Regionales y el Departamento de Atención Inmediata (DAI) que atiende San José, el PANI pretende brindar una atención oportuna a situaciones de alto riesgo de las personas menores de edad, que antes eran atendidas en horario hábil o por otras instancias sin intervención de la institución.
La familia está llamada a ser el entorno protector por excelencia; no obstante, es en el hogar donde se dan la mayor cantidad de situaciones violatorias de derechos, para el PANI es de gran preocupación que los lugares usualmente protectores como la escuela, el colegio hoy no estén disponibles para los niños y niñas. Las medidas adoptadas para atender la emergencia sanitaria, entre ellas el distanciamiento social ha obligado a implementar otros medios de denuncia y a reiterar el llamado a los familiares y vecinos, la comunidad y otras instituciones, para que estén atentos a situaciones violatorias de derecho, así como a denunciarlas oportunamente para evitar poner en riesgo a los niños y niñas.
Si bien este servicio pretende brindar protección inmediata a situaciones de emergencia, como sociedad debemos apostar a prevenir y erradicar toda manifestación de violencia hacia nuestros niños y niñas, la ruta es el fortalecimiento de entornos protectores libres de violencias, modificando patrones de comportamientos violentos o negligentes, y cambiando el abordaje y las percepciones de la problemática desde la prevención y la educación.
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