La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), ha sido una de las entidades regionales que más aportes ha generado para el análisis económico y social de la pandemia y sus efectos. Desde el mes de abril, ha venido publicando una serie de Informes Especiales sobre el COVID-19 y el jueves de la semana pasada lanzó el número 8: “Pactos políticos y sociales para la igualdad y el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe en la recuperación pos-COVID-19”.
En ese estudio, da cuentas, desde una perspectiva regional, de cómo la pandemia de la enfermedad por coronavirus llegó a nuestros países en un momento difícil desde el punto de vista económico, social y medioambiental. Igualmente, analiza los graves efectos económicos y sociales de una crisis sanitaria cuya duración ha sido mucho mayor de lo que todos habíamos esperado.
Algunos de los factores preexistentes que han hecho especialmente vulnerable a América Latina y el Caribe son: el elevado nivel de informalidad laboral, la baja productividad, la urbanización precaria, el alto grado de pobreza y desigualdad, así como la disparidad de género. Para muchas de los estados, como países del Caribe o el istmo centroamericano, se añade también la vulnerabilidad climática, el alto endeudamiento y el poco espacio fiscal o la dependencia del sector turismo (que ha sido altamente afectado), además de su clasificación como países de renta media que les limita el acceso al financiamiento.
La CEPAL proyecta una caída del PIB promedio de 9.1% en el 2020, lo que representa la peor crisis de la historia de la región. El desplome de la actividad económica es de tal magnitud que llevará a un retroceso de 10 años en el nivel de ingreso. Para contener la crisis y superar los graves perjuicios económicos y sociales asociados tan pronto como sea posible, la organización ha propuesto, a través de los diferentes informes, una serie de medidas tales como: un ingreso básico de emergencia por seis meses para toda la población en situación de pobreza, ampliar plazos y períodos de gracia de los créditos de la mipymes, cofinanciar parte de las nóminas salariales para apoyar el empleo, una canasta básica digital, políticas fiscales y monetarias expansivas mediante instrumentos nacionales e internacionales no convencionales (incluyendo la propuesta costarricense FACE), fortalecer la solidaridad internacional y aliviar la carga a la deuda y el pago de intereses, un fondo de resiliencia en el Caribe y planes de recuperación que promuevan la creación de empleo, la sostenibilidad ambiental y las soluciones basadas en la naturaleza y la infraestructura básica en zonas rurales y urbanas.
Pero quizá lo más importante en la coyuntura actual costarricense, es que el informe en cuestión hace un llamado a la construcción de pactos políticos y sociales, con amplia participación, y que permitan universalizar la protección social y la salud, y, sobre todo, reorientar el desarrollo sobre la base de la igualdad y las políticas fiscales, industriales y ambientales para la sostenibilidad. En ese sentido, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y su lema “no dejar a nadie atrás,” así como los objetivos del Acuerdo de París, resultan hoy más vigentes que nunca.
Una mirada regional nos permite entender la magnitud de la crisis sanitaria, económica y social; tener una perspectiva mas amplia sobre las medidas de confinamiento y restricciones impuestas, en la mayoría de los casos mucho más extensas y estrictas que las implementadas en Costa Rica; y también contextualizar las demandas sociales actuales en un marco de descontento ciudadano previo a la pandemia, debido a las frustraciones acumuladas causadas por el desgaste de un modelo económico y social, aplicado especialmente a partir de los 90, que no alcanzó a beneficiar a todos. La pandemia ha desnudado las brechas de la desigualdad en nuestros países y ha visibilizado la huella social del modelo de desarrollo actual.
Los líderes de la región han debido enfrentar una crisis sin precedentes, que les ha obligado a tomar medidas extraordinarias y en la que existe también un alto grado de incertidumbre científica respecto al comportamiento de la pandemia, por lo que ha sido necesario en muchas ocasiones revisar las decisiones y pedir a las personas grandes sacrificios en su vida diaria por el bien común. Las herramientas de políticas públicas disponibles han resultado insuficientes y el cansancio frente a las restricciones, las brechas que estas han revelado y sus efectos económicos, han elevado las demandas ciudadanas y las exigencias de desempeño y rendición de cuentas. Sin duda, resulta fundamental en este contexto la acción pública rápida y eficiente, basada en el mejor conocimiento científico, pero también transparentar la información crítica, escuchar a las personas, empatizar con su incertidumbre y sus temores, rendir cuentas y abrir los espacios de participación, en los niveles nacional y sub-nacional, incluso haciendo un mejor uso de las tecnologías digitales.
Aunque la gran mayoría de las medidas sanitarias e incluso económicas iniciales han correspondido a los poderes ejecutivos, conforme pasa el tiempo y aumentan las necesidades, los parlamentos también están llamados la desempeñar un importante papel en la discusión responsable y aprobación de diversos proyectos de ley, incluso los referidos a los recursos necesarios para implementar estas medidas.
La transparencia y la lucha contra la corrupción en el marco de la respuesta al COVID-19 es otro aspecto fundamental que resalta el estudio. En un contexto como el actual, existe un riesgo real de que las decisiones públicas sean secuestradas por intereses privados, lo que debe ser evitado. La corrupción también corroe la confianza social y la legitimidad de las autoridades, por lo que es necesario fortalecer el estado de derecho, la rendición de cuentas y los sistemas regulatorios.
La región deben aprender de su propio pasado y evitar otra década perdida. De acuerdo con el estudio, el preocupante distanciamiento de parte de la ciudadanía de las democracias representativas y la falta de confianza en las autoridades, e incluso en las instituciones, que se observa en varios países, tiene su raíz en una “cultura del privilegio” que no ha podido ser desterrada de nuestras sociedades. La desafección ciudadana por las instituciones democráticas nos colocan frente al peligro del populismo y también del autoritarismo. Por eso, los escenarios políticos deben desplazarse hacia una mayor inclusión social, para no profundizar las distancias que separan a los habitantes entre sí y a estos de las instituciones democráticas, sino más bien acercarnos a una “cultura de la igualdad.”
En la situación actual de nuestro país, en que hay una urgencia real de llegar a acuerdos sobre temas fiscales, no deberíamos por eso ceder a la tentación de tener una discusión atropellada y simplificadora del complejo panorama que se nos presenta. Nuestra visión de mediano y largo plazo, por un desarrollo sostenible no sólo desde el punto de vista económico, sino también social y ambiental, debería siempre iluminar las decisiones que tomemos en el corto plazo.
De acuerdo con la recomendación de la CEPAL, estos pactos sociales, fiscales, productivos y ambientales, deberían sentar las bases para que el Estado asegure, entre otros objetivos, el acceso universal a la salud, una fiscalidad redistributiva, un incremento de la productividad, una mejor prestación de bienes y servicios públicos, un manejo sostenible de los recursos naturales, y un aumento y una diversificación de la inversión pública y privada. Deberían también estar basados en el fortalecimiento de las instituciones democráticas y los espacios de participación y diálogo, con los gobiernos locales, la sociedad civil, el sector académico y el privado.
Las autoridades deben renovar su compromiso con la transparencia y la participación significativa para mantener su legitimidad. Se requiere, sin duda, de un liderazgo político transformador, pero la sociedad civil y el sector privado deben ser también socios estratégicos en la lucha contra la pandemia y sus consecuencias. Fomentar alianzas simétricas, confianza mutua y coaliciones amplias, potenciar el capital social de las comunidades y fortalecer el respeto de las empresas a los derechos humanos, permitirá orientar las acciones de cada sector hacia el bien común. Más allá de los entendimientos comunes y las visiones compartidas que se requiere forjar, como sociedad, necesitamos también aprender a reconocer y convivir con las diferencias colectivas y el disenso que es intrínseco a las sociedades democráticas.
Para avanzar en el cierre de las brechas y la reducción de las desigualdades de acceso al bienestar se requiere, de acuerdo con la Comisión, de una apuesta regional, de un trabajo colectivo y solidario para “reconstruir mejor”. En ese sentido, la instituciones internacionales y el multilateralismo tienen un aporte que hacer. La presidencia actual de Costa Rica en la CEPAL y el próximo período de sesiones a celebrarse los días 26 al 28 de octubre de manera virtual, son una oportunidad no solo para articular esa voz regional que tanto se requiere para incidir en la reconfiguración global, sino también para que los distintos actores nacionales puedan aprovechar las perspectivas y experiencias de otros países y conocer las propuestas que se presentarán en el documento de la Comisión “Construir un nuevo futuro: una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad.”
Las circunstancias nos han colocado frente a un reto sin precedentes en nuestra generación. El descontento y la energía social acumulada debe canalizarse expandiendo los caminos institucionales democráticos y justos de diálogo y concertación social. Cuando cada uno de nosotros logre convertir la indignación en compromiso, con nosotros mismos y con los demás, podremos aprovechar la rápida transformación social que está teniendo lugar para impulsar un desarrollo con igualdad, inclusivo, sostenible y verde.
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