El istmo centroamericano se creó hace unos tres millones de años, cuando se cerró el paso entre el océano Pacífico y el mar Caribe, debido a la convergencia entre placas, a la actividad volcánica y al levantamiento de cordilleras. Hasta entonces habíamos sido una isla. O bien, como aclara la geología, un conjunto de islas.

Gracias a esta historia geológica, Costa Rica es hoy un destino ecoturístico por excelencia, promocionado como un paraíso de biodiversidad, de ríos caudalosos y playas extensas. Es cierto: la naturaleza ha sido espléndida con los ticos y nos encanta esa imagen de país verde.

Tal vez por esa razón, algunos desearían que debajo de nuestras tierras y volcanes no hubiesen recursos minerales. Seguramente piensan que la posibilidad de extraerlos ensuciaría nuestro nombre impoluto.

En general, se ha asociado a la minería con la destrucción del bosque, la contaminación de aguas y la generación de residuos tóxicos, entre otros impactos. Tras la confirmación de que el crimen organizado administra el comercio del oro de Crucitas, ha quedado claro que es necesario abordar este tema.

Nuestra insularidad

A pesar de que Costa Rica cuenta con una tradición minera que se remonta a la época precolombina, hasta hoy no hemos hablado sobre minería con suficiente profundidad. Hay varias razones detrás de ese silencio.

Por un lado, en 2010, la declaratoria de ilegalidad de la minería metálica a cielo abierto cerró el diálogo. A partir de ese momento, solo se permite la minería metálica subterránea y la minería artesanal en Abangares, Osa y Golfito.

Además, en los medios ha prevalecido el caso Crucitas, lo que no ha generado una imagen positiva alrededor de la minería. En consecuencia, se asume que las empresas mineras que podrían instalarse en el país no sabrán cómo manejar adecuadamente sus impactos ambientales.

Finalmente, la intransigencia de algunos grupos ambientalistas ha presentado a la minería como el enemigo número uno de la naturaleza, ha manipulado en muchas ocasiones la agenda política y ha limitado las posibilidades de diálogo.

Los diez años que han transcurrido desde la declaratoria de ilegalidad de la minería metálica a cielo abierto no han sido utilizados para investigar y aprender sobre las mejores prácticas ambientales y sociales que se implementan en otros países. Tampoco se han desarrollado vínculos con centros de investigación, ni especialistas en minería metálica en climas tropicales, similares a los nuestros. En cambio, nos hemos encerrado en nuestra insularidad.

Somos una isla. Lo dijo hace medio siglo Isaac Felipe Azofeifa, en un célebre ensayo titulado, precisamente, La isla que somos (1970). Don Isaac Felipe se refiere en ese ensayo a nuestro gusto por la anarquía y la informalidad y concluye que por esto nos molesta el orden, la disciplina y la jerarquía.

Nos disgusta el orden y mucho más la fiscalización. En relación con la minería metálica a cielo abierto, a menudo afirmamos que no sabemos, no podemos, ni tenemos los mecanismos de fiscalización necesarios. Por eso pensamos que es mejor no entrar ahí. Nuestra insularidad nos juega una mala pasada.

Un abordaje serio

A nivel mundial, la minería tiene todavía mucho camino que recorrer. Así lo reconoce el Informe de la Fundación de Minería Responsable (2020), que evalúa aspectos relacionados con las políticas y prácticas económicas, ambientales, sociales y de gobernanza de las empresas mineras más grandes del mundo. Por lo tanto es fundamental contar con una fiscalización efectiva.

A nivel nacional, esto se traduce en la necesidad de invertir en formar a los geólogos con las mejores prácticas de la industria, generar indicadores y hacer evaluaciones e inspecciones.

El dinero requerido para la implementación de una minería responsable podría provenir de los tributos asociados a las concesiones de exploración y explotación. Además, sería conveniente incrementar el impuesto del 2% sobre las ventas brutas que actualmente asigna el Código de Minería y modernizar los cánones que involucren a esas actividades.

También deberíamos crear un servicio geológico, como los que existen en países como México, Colombia o Argentina. Esta entidad promovería la investigación y el acceso a la información sobre potenciales yacimientos minerales, el potencial aurífero de Costa Rica. Al día de hoy la Dirección de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente no ha generado ni sistematizado información suficiente para ese propósito.

Ese tipo de información evitaría que se expongan cifras sin fundamento, como hace el ingeniero Rolando Araya, en un artículo publicado en el periódico La Nación el 1 de setiembre de este año. En ese artículo Araya afirma que “según estudios geológicos precisos, tendríamos cerca de $40 000 millones en oro”. Esta afirmación no fue respaldada por ninguna fuente de información.

Es necesario un abordaje serio sobre la minería en Costa Rica basado en la discusión abierta entre las diferentes partes interesadas. Eso no ocurrió en el 2010, cuando se declaró la ilegalidad de la minería metálica a cielo abierto. Un abordaje que se abra hacia las mejores prácticas internacionales y que garantice los recursos necesarios para hacer investigación y generar conocimiento.

Hasta hace unos tres millones de años fuimos una isla. Hoy conviene recordar que ya no lo somos.

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