El daño está hecho. El deterioro ambiental puede ser detenido y quizás, en alguna medida, revertido, pero lo más importante es que el oro va a ser sacado del suelo tarde o temprano. Está comprobado en la historia de la humanidad que, donde hay oro, habrá alguien que lo extraerá, por las buenas o por las malas.
A principios de la década de los 90, se identificó en la región de San Carlos un yacimiento aurífero sin precedentes en la historia de Costa Rica. Tanto la cantidad como el tipo de mineralización hacen que este yacimiento sea propicio para a ser explotado de manera artesanal, sin necesidad de utilizar gran maquinaria o productos químicos. Es más, este yacimiento pudo haber sido explotado por los conquistadores en el siglo XVI y la historia del país habría sido muy distinta, ya que las cantidades disponibles de metal rivalizan con las extraídas en los distritos mineros de San Mateo o Abangares.
Actualmente, la explotación ilegal del oro de Crucitas está provocando un daño ambiental también sin precedentes en la historia de Costa Rica. El abandono en que el Estado ha mantenido a esa zona ha creado un vacío que ha permitido una invasión de mineros ilegales que, sin ningún reparo, están destruyendo los ríos, causando una gran sedimentación, vertiendo mercurio en los suelos y aguas de la región y generando problemas sociales en las comunidades aledañas.
El gobierno ha mostrado mucho interés en fomentar la explotación de este recurso y ha propuesto entregarle los derechos de explotación, mediante una subasta, a quien otorgue los mayores beneficios al país. ¿Qué significa esto? No parece existir un criterio claro sobre su significado. Lo que sí es muy claro es que la especulación que se generaría podría alcanzar niveles épicos. Cualquier empresa de papel, es decir, con un pequeño capital, puede ganar esta subasta prometiendo el oro y el moro sin tener ni experiencia ni fondos para llevar a cabo las mínimas labores de protección ambiental.
Lo más grave del caso es que, como ha sucedido en muchos lugares, una vez que una empresa de estas obtiene la concesión minera, puede poner en sus libros de contabilidad la cantidad de oro que el gobierno le asegure que existe en Crucitas. Una vez hecho esto, sus activos aumentan de la noche a la mañana en uno o dos mil millones de dólares, suponiendo que se estimen reservas extraíbles en el orden de un millón de onzas, lo que es razonable para Crucitas. Existen a nivel mundial mecanismos que tratan de evitar estas situaciones, pero hay portillos muy grandes y no sería la primera vez que un artista encuentra la manera de abrirlos.
Otras propuestas que se escuchan como posibles soluciones a la crisis ambiental de Crucitas incluyen eliminar de manera forzada y permanente la explotación ilegal y hacer remediación ambiental sin explotar el oro. Esta posición es idealista y poco probable, ya que se ha probado que el Estado es incapaz, por más policía que destaque en la zona, de hacer lo primero y es insolvente para hacer una remediación ambiental que fácilmente costaría millones de dólares. La presencia de la fuerza pública en Crucitas lleva más de 10 años y la situación no ha cambiado en nada. Solo algunas universidades extranjeras han hecho alguna inversión para estudiar la contaminación provocada por la actividad minera.
Otra propuesta consiste en permitir una extracción legal de pequeña escala, lo que permitiría obtener los fondos para hacer la remediación ambiental y evitar que se continúe con la degradación actual sin control. El problema de esta propuesta es que, para obtener los fondos necesarios, no se puede hacer a pequeña escala y se requiere siempre del apoyo policial para eliminar la actividad ilegal.
Una cuarta propuesta contemplaría la extracción mediante métodos industriales modernos, a cargo de una organización con amplia experiencia en ambientes similares. Esta organización contaría con unos fondos que le permitirían aplicar las mejores tecnologías, estar preparada para contingencias y ser monitoreada por la sociedad civil y por un Estado conocedor de las mejores prácticas mineras y de protección ambiental.
Esta opción, sin embargo, es altamente riesgosa para cualquier inversionista, ya que debería enfrentar la incertidumbre de no saber cuánto oro hay y por lo tanto no sabría cuál es el retorno a su inversión. Tampoco tendría la certeza de contar con apoyo popular.
Para que esta opción sea viable, el Estado debería capacitarse y obtener recursos para verificar el cumplimento, no sólo de la protección ambiental sino también de los procesos de extracción. Debería además ser capaz de verificar la cantidad de oro extraída, su manejo y destino.
La extracción de oro en ambientes tropicales es un tema muy complicado, que requiere de mucha experiencia, recursos económicos, buena voluntad y coordinación entre los actores involucrados. El Estado, la empresa privada, las comunidades y la sociedad civil deben estar dispuestas a encontrar objetivos comunes y hacer concesiones para llevar a cabo empresas con este nivel de complejidad. El deterioro ambiental puede ser detenido y quizás, en alguna medida, revertido, pero lo más importante es que el oro será extraído del suelo tarde o temprano. En nuestras manos está encontrar la mejor forma de que esto ocurra en Crucitas.
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