Hay dos propuestas del oficialismo, una de la diputada Kattia Cambronero y otra del Frente Amplio.
Cuatro propuestas de ley distintas pretenden abordar la problemática ambiental y social de larga data en la zona de Crucitas, en Cutris San Carlos. El objetivo común es presentar soluciones a la minería de oro ilegal y poner freno a la contaminación con mercurio y a la deforestación en áreas clave de la región.
Las cuatro iniciativas llegan después de que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) archivara, en julio pasado, una solicitud de anulación presentada por la empresa canadiense Infinito Gold Ltda, que había buscado indemnización tras perder la concesión minera de Crucitas por irregularidades legales en Costa Rica.
Lea: El Caso Crucitas, de principio a fin, un resumen de la maraña legal entre 1999 y 2019.
Tras lo resuelto por el Ciadi el presidente Rodrigo Chaves Robles firmó el 9 de agosto pasado una moratoria para congelar las reservas metálicas en Crucitas por 12 meses, prorrogables automáticamente, mientras se desarrolla un plan integral de uso sostenible del recurso minero.
En ese contexto que se han presentado estas cuatro alternativas.
Propuesta del Ejecutivo
Este 25 de noviembre el Poder Ejecutivo presentó el expediente de ley 24.717.
Según el proyecto, el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), junto con la Dirección de Geología y Minas, establecerá un proceso de subasta minera para seleccionar al interesado que ofrezca la mejor propuesta económica. Los participantes deberán cumplir requisitos legales, técnicos y financieros, definidos en un reglamento ejecutivo, que incluirá experiencia en minería a cielo abierto y capacidad financiera comprobada.
Empresas sancionadas en materia ambiental quedarán excluidas de este proceso.
El oferente ganador obtendrá una concesión que incluye no solo la explotación minera, sino también el procesamiento, comercialización, exportación y cierre ambiental de la mina. La concesión solo podrá ampliarse hasta en un 50% del área inicial, según las disposiciones del artículo 33 del Código de Minería.
El concesionario deberá realizar un pago anual al Estado equivalente al 5% de las ventas brutas generadas por la explotación, aunque podrá ofrecer un porcentaje mayor. Al menos un 20% de lo recaudado se destinará a obras de infraestructura y recuperación ambiental en San Carlos, mientras que un 5% se transferirá al gobierno local para proyectos cantonales.
Los permisos de exploración deberán incluir una cláusula para que los datos recolectados sean accesibles a los participantes en futuras subastas.
Este proyecto aún está pendiente de que se le asigne comisión.
Propuesta de Kattia Cambronero
La ahora diputada independiente, Kattia Cambronero Aguiluz, presentó un proyecto de ley cuyo propósito es implementar prácticas de minería artesanal sostenible en los distritos de Cutris, Pocosol y Pital en el cantón de San Carlos.
El expediente 24.667 tiene como objetivo ofrecer una alternativa de desarrollo económico a las comunidades mencionadas a través de una minería artesanal y "en pequeña escala regulada, que sea respetuosa del ambiente y capaz de generar empleo local", a través de la reforma los artículos 8 y 56 del Código de Minería.
La iniciativa plantea un marco regulatorio que permite a las comunidades de la zona practicar una minería artesanal que minimice el impacto ambiental y prohíba el uso de mercurio, en línea con los compromisos de Costa Rica adquiridos en virtud de la ratificación del Convenio de Minamata sobre el Mercurio.
Dato D+: El Convenio de Minamata fue adoptado en la Conferencia de Plenipotenciarios en 2013 en Kumamoto, Japón y entró en vigor en agosto de 2017. El objetivo de este tratado global es proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropógenas de mercurio y compuestos de mercurio. Incluye disposiciones en materia de información pública, educación ambiental, fomento de la participación y fortalecimiento de capacidades.
Además, contempla la creación de cooperativas mineras artesanales, el fortalecimiento de capacidades técnicas de la población local y la promoción de medidas correctivas para restaurar los ecosistemas afectados. "Un modelo similar al que actualmente se implementa en el cantón de Abangares", compartió Cambronero Aguiluz.
La propuesta de ley también señala que el Ministerio de Hacienda deberá girar el 75% de lo recaudado por el pago de impuesto sobre utilidades de la actividad minera en el país al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), el cual se distribuirá de la siguiente manera:
- Un veinticinco por ciento (25%) será utilizado para la adquisición de terrenos en áreas silvestres protegidas.
- Un veinticinco por ciento (25%) será utilizado para pagos por servicios ambientales.
- Un veinticinco por ciento (25%) se destinará a la Dirección de Geología y Minas para inspección de las actividades mineras nacionales.
- Un veinticinco por ciento (25%) se utilizará para brindar asistencia técnica y financiera a las personas físicas o jurídicas que realicen minería artesanal para que implementen alternativas al mercurio y al cianuro más amigables con el ambiente.
Este proyecto aún está pendiente de que se le asigne comisión.
Otra propuesta oficialista
El diputado del partido oficialista Progreso Social Democrático, Jorge Antonio Rojas López, presentó el expediente 24.577 que pretende habilitar la exploración y explotación de la minería de metales de cielo abierto en el distrito de Cutris en San Carlos, donde se ubica Crucitas.
El proyecto propone reformar el artículo 8 bis del Código de Minería (Ley 6797), el cual actualmente establece que en el país no se otorgarán permisos ni concesiones para actividades de exploración y explotación de minería metálica a cielo abierto, con excepción de permisos de exploración con fines científicos y de investigación.
La iniciativa de ley propone incluir en ese artículo una nueva excepción para que sí se puedan otorgar "permisos de exploración y concesiones de explotación de minerales metálicos para el distrito de Cutris del cantón de San Carlos".
El proyecto de ley justifica esta reforma señalando que la Dirección de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente y Energía dijo que “la solución para descontaminar de mercurio los suelos contaminados por los coligalleros es procesar los sedimentos en una planta de cianuración, con tanques bajo techo y minar el oro que quedó sin recuperar con los sedimentos trabajados por los mineros ilegales. Es decir, hacer una mina para recuperar oro y comercializarlo”.
Este proyecto se encuentra en estudio en la Comisión de la Provincia de Alajuela.
Propuesta frenteamplista
La diputada Priscilla Vindas Salazar y el diputado Ariel Robles Barrantes del Frente Amplio adoptaron y presentaron el expediente 24.675 que busca recuperar ambientalmente la zona impactada por minería ilegal en Crucitas de Cutris, San Carlos, y crear un "Polo de Desarrollo de la Región Huetar Norte".
Este polo buscará integrar iniciativas que permitan a las comunidades locales participar en actividades económicas sostenibles, generando ingresos mediante el aprovechamiento controlado y bajo impacto de los recursos naturales. Estas actividades incluyen la recolección y comercialización de madera caída, el cultivo de especies medicinales como la raicilla ipecacuana para la industria farmacéutica, y el desarrollo de proyectos eco-turísticos.
El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) sería la entidad encargada de administrar y supervisar el Polo, garantizando que las actividades se realicen con criterios de sostenibilidad y en armonía con el entorno natural. Además, el proyecto asigna al Sinac la tarea de coordinar con entidades locales y públicas para garantizar la correcta ejecución de estos proyectos y el uso adecuado de los recursos disponibles.
Uno de los aspectos esenciales de la propuesta es su esquema de financiamiento a través de la titularización del valor del oro en la región. Esta medida permitiría al Estado emitir certificados digitales respaldados por el valor del oro en roca, asegurando que el metal permanezca en el subsuelo y evitando su extracción. Según el proyecto, estos certificados podrían ser adquiridos por inversionistas, con lo cual se captarían fondos destinados a la protección ambiental y al desarrollo local.
Asimismo, el proyecto contempla el uso del oro recuperado en el proceso de remoción de mercurio, estimado en 145.645 onzas, equivalentes a aproximadamente $402,5 millones, sin recurrir a la minería a cielo abierto. Estos fondos se sumarían a la garantía ambiental de $600.000 de la empresa minera Infinito Gold y a recursos de cooperación internacional y fondos públicos nacionales.
El proyecto de ley plantea la creación de un fideicomiso administrado por el Banco Central de Costa Rica para financiar proyectos de infraestructura básica y desarrollo en la Región Huetar Norte.
Este fideicomiso canalizaría recursos hacia programas de recuperación ambiental, proyectos sociales y servicios básicos en comunidades priorizadas, como Cutris y Pocosol, donde los índices de desarrollo humano son bajos. Para garantizar el impacto local, la iniciativa estipula que al menos el 50% de los fondos generados por el fideicomiso se destinen a servicios de seguridad social y programas de pensiones administrados por la Caja Costarricense de Seguro Social.
El expediente también incluye un conjunto de incentivos fiscales para promover la inversión y el empleo local en los proyectos del Polo de Desarrollo Sostenible.
Asimismo, y con el objetivo de promover la investigación y el turismo sostenible, el proyecto crea el "Geoparque Internacional Ambiental de Crucitas" y el "Museo Natural e Histórico de Crucitas". El geoparque protegerá las zonas boscosas de los cerros Fortuna y Botija, con miras a impulsar el turismo científico y el ecoturismo en la región. El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) tendrá la responsabilidad de promover estas iniciativas turísticas, con el fin de diversificar la economía local y fomentar la conservación del patrimonio natural y cultural de Crucitas.
