En el contexto de la emergencia sanitaria provocada por la expansión del COVID-19, aunado a las deplorables condiciones que presentan, en general, los sistemas carcelarios en América Latina se han estado presentando situaciones de amotinamientos en varios países. De acuerdo con InSight Crime (2020), los amotinamientos persistirán mientras aumenten los informes de brotes de contagio en los centros penitenciarios del continente, caracterizados por el hacinamiento y las condiciones de insalubridad que, no solo degradan la dignidad de las personas, sino que las exponen a situaciones de alta vulnerabilidad. En Costa Rica, por ejemplo, en los últimos cuatro meses se han registrado dos motines relacionados con la emergencia sanitaria que el país ha experimentado desde inicios del mes de marzo. Estos hechos ocurrieron en CAI Jorge Arturo Montero y CAI Gerardo Rodríguez.
El concepto de amotinar, según lo que Ossorio (s.f) explica, alude a una acción que conduce a encender los ánimos de un sector para expresar una protesta colectiva y de forma airada, que puede recurrir al uso de la violencia con mayor o menor media. Además, Cabanellas (1998), menciona que el concepto de violencia refiere al empleo de la fuerza para arrancar el consentimiento. Mientras que Bobbio (2008), señala que el recurso a la violencia es la única respuesta en determinadas circunstancias.
En esas condiciones, Álvarez (2015) sostiene que, los motines pueden ocurrir en una cárcel, de acuerdo con el Derecho Penitenciario, debido a situaciones vinculadas con problemas de infraestructura (por ejemplo, el hacinamiento), por protestas contra la administración de justicia (retardación de la justicia), las pugnas entre grupos de poder (entre personas privadas de libertad; y entre personas privadas de libertad y las autoridades del centro), con el fin de propiciar condiciones para una fuga (favorecer la huida de un personaje notorio o favorecer una fuga masiva), así como también, debido a una resistencia frente a la vulneración de derechos humanos y maltrato por parte de las autoridades penitenciarias.
Los amotinamientos en cárceles costarricenses. La sistematización que se presenta en este artículo se realizó con la información disponible en medios de comunicación nacional escritos y electrónicos. Además, con base en la taxonomía que presenta Álvarez se ha clasificado la información recopilada con el objetivo de mostrar las posibles causas que han provocado el surgimiento reciente de algunos motines en el país. La sistematización muestra que estos hechos han ocurrido debido a causas como las siguientes: intentos de fuga, intereses individuales de la población penitenciaria y violación de sus derechos.
Con respecto a las causas que tienen como principal motivo un intento de fuga, se pueden observar dos episodios ocurridos en los últimos nueve años. El primero de ellos, uno de los motines con mayor resonancia en el país, ocurrió en mayo del 2011, en el CAI Jorge Arturo Montero (BBC, 2011). El segundo episodio, ocurrió en el mes de noviembre del 2019, en el CAI Carlos Luis Fallas, en Pococí. En este caso, frente a una alerta de fuga la policía penitenciaria intervino y eso provocó el surgimiento del motín (CrHoy, 2019)
En relación con aquellas causas que se relacionan con el enfrentamiento entre grupos rivales dentro de un centro penitenciario, se han registrado dos situaciones entre el año 2019 y el año 2020. La primera situación ocurrió, en noviembre del 2019, en el CAI Antonio Bastida de Paz, en Pérez Zeledón. El motín ocurrió debido a un conflicto entre grupos de privados de libertad por el control en la venta de drogas, uso de los teléfonos y por la ocupación de espacios de importancia para ellos. (Jiménez y Cordero, 2019). La segunda situación, se registró en abril del 2020, en el CAI Puntarenas. En esta ocasión, el motín ocurrió cuando agrupaciones de privados de libertad se disputaron el poder. (Puntarenas se oye, 2020)
Por otra parte, aquellos amotinamientos relacionados con intereses individuales de las personas privadas de libertad tienen una frecuencia importante a lo largo del año 2020. Por ejemplo, en febrero del 2020, en el Centro de Formación Juvenil Zurquí, surgió un hecho de violencia cuando un grupo de personas privadas de libertad demandaban salir a una actividad deportiva a la hora del almuerzo y no fueron atendidas (El Guardian, 2020). En abril de este mismo año, se dio un motín en el CAI Puntarenas, debido a las tensiones que se provocaron cuando se llevó a cabo una requisa. (Puntarenas se oye, 2020). En junio del 2020, en el CAI San José ocurrió una situación similar, cuando se decomisaron varios teléfonos celulares y armas. (Jiménez, 2020)
Finalmente, están aquellos amotinamientos en los que de una u otra manera se vulneran los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Por ejemplo, en octubre del 2013, en el CAI Liberia, ocurrió, inicialmente, una manifestación pacífica con una huelga de hambre por el descontento debido a la alimentación y los servicios médicos. Estos hechos desencadenaron, posteriormente, un motín. (Valverde, 2013). En octubre del 2019, en el CAI Gerardo Rodríguez se produjo un motín a causa de la suspensión de las visitas ante un brote de paperas en distintos centros penitenciarios. (Villalobos, 2019). A finales de julio del 2020, en el CAI Gerardo Rodríguez, se produjo un motín tras exigir servicios médicos inmediatos ante la emergencia sanitaria por COVID-19. (Chacón, 2020) De la misma manera, en agosto del 2020, en el CAI Jorge Arturo Montero, un grupo de personas iniciaron una huelga de hambre debido a las medidas impuestas para atender la emergencia sanitaria, que escaló al motín. (Chacón, 2020)
Erich Fromm (1980) decía que la forma más común de reaccionar ante la amenaza contraria a los intereses vitales es mediante la angustia y tendencias destructivas, y que el grado de destructividad es proporcional al grado en el que se haya cercenado la expansión de su vida. En ese sentido, algunas causas de amotinamiento en las cárceles costarricenses se relacionan con sus derechos humanos, tales como la vida, la salud y la alimentación.
Quizá ante la amenaza a la vida de las personas que implica la presencia del contagio en los centros penitenciarios, pareciera que la destructividad (violencia) comulga como la única respuesta frente a demandas de atención. Norberto Bobbio (2008) también decía que la violencia institucionalizada es un dique a la violencia revolucionaria, y esta última se presenta como remedio de la violencia institucional. Así mismo, Lisset Coba (2004) mencionaba que, el amotinamiento podría ser el único camino para presionar a la institucionalidad. Por esto, considero que el motín podría estar siendo el recurso de tipo violento en las cárceles que les permite a las personas privadas de libertad contar con una herramienta de resistencia o como remedio a la violencia institucionalizada que implica la falta de atención o condiciones mínimas para el disfrute de sus derechos.
Ante este panorama finalizo con la siguiente interrogante; ¿Es legítimo el uso de la violencia como resistencia al cercenamiento de la vida mediante la violencia institucionalizada en contextos de encierro? Para responder, hay que regresar a Bobbio (2008) cuando señaló que “la licitud de la violencia depende del hecho de que en ciertas situaciones la violencia es el único remedio posible contra la violencia”.
Referencias
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