El Ministerio de Justicia y Paz (MJP) confirmó esta tarde el primer caso de COVID-19 en el sistema penitenciario, luego que un privado de libertad que estaba junto a otras cuatro personas en una celda del Poder Judicial requiriera atención médica en un centro médico, donde se le diagnosticó la enfermedad por coronavirus.
De acuerdo con el ministerio, los cuatro privados de libertad que son contacto cercano permanecerán aislados del resto de la población penitenciaria durante 14 días y la persona ya diagnosticada estará en aislamiento durante 18 días.
Por otro lado, la institución confirmó que el Ministerio de Salud ordenó poner en aislamiento de 14 días uno de los módulos del CAI Jorge Arturo Montero, en San Rafael de Alajuela, al resultar positivo en una prueba de COVID-19 una persona que estuvo privada de libertad hasta el 26 de junio. Dicho módulo alberga aproximadamente a 300 privados de libertad.
Durante su estadía en libertad, la persona experimentó síntomas de la enfermedad, por lo que se sometió a una prueba cuyo resultado positivo le fue entregado este martes.
Sobre este caso la viceministra de Gestión, Diana Posada, indicó que desconocen si el contagio ocurrió mientras la persona permanecía fuera del centro penitenciario. "Hay que tomar en cuenta el período de incubación, por lo que nosotros activamos de inmediato los protocolos de atención preventiva”, agregó.
Salud ordenó desinfectar el dormitorio en un plazo de 24 horas, suspender traslados, ingresos y egresos de ese ámbito, realizar un estricto control de los custodios y dotarlos de equipo de protección especial, reforzar las medidas de higiene y realizar una vigilancia epidemiológica y estado de salud de todos los privados de libertad el módulo, incluyendo el tamizaje.
Los Lineamientos Generales para la Atención de la Emergencia por COVID-19 en el Sistema Penitenciario disponen que para todo nuevo ingreso al sistema, los privados de libertad deben permanecer bajo aislamiento en espacios individuales en el Complejo Occidente (conocido como antigua La Reforma) bajo estricta vigilancia del personal médico de la institución.
Aparte del personal de Salud, el protocolo interno establece que la Policía Penitenciaria y los funcionarios administrativos que tengan relación con este grupo de privados de libertad tendrán que portar en todo momento el equipo de protección recomendado por el Ministerio de Salud.
