Hoy es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

Como era de esperar, el Gobierno calzó un anuncio con la fecha: el inicio del proceso de consulta para la elaboración de la Política Pública para Pueblos Indígenas. Acompañó la comunicación con un breve video donde se da cuenta de algunos de los avances en la atención de la deuda histórica que sostiene nuestra institucionalidad con los habitantes de los pueblos originarios.

Con respecto a la Política Pública para Pueblos Indígenas el Gobierno indicó que “surge como respuesta del Estado para garantizar y proteger los derechos de los pueblos indígenas de acuerdo con lo emanado de los diferentes convenios y tratados internacionales ratificados por Costa Rica, especialmente lo referente al Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”.

Está claro que existe un esfuerzo y se agradece. Incluso las Naciones Unidas reconocen el progreso del país con este paso en el que ven “un avance fundamental para reafirmar el compromiso del país con los derechos y el desarrollo sostenible de los pueblos indígenas”. 

El tema, es que este paso de pie a logros concretos y no al clásico anuncio conmemorativo que después se queda en lo simbólico hasta que llegue... otro anuncio. Tenemos que reconocer que hasta ahora esa ha sido el modus operandi de nuestro país cuando de abordar este tema se trata.

Recordatorios sobran. El Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la UNED emitió esta semana un comunicado en el que destaca que precisamente el día de hoy se cumplen también 10 años de “La Arrastrada” (ver en La Nación: Desalojo de indígenas desata pleito en el Congreso).

Lea completo: La persistente violación de los derechos de los pueblos indígenas costarricenses 2010-2020: Una década de violencia e impunidad, por el Luis Paulino Vargas Solís y Marcos Guevara Berger.

En aquella ocasión un grupo de indígenas que solicitaba la aprobación de la Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas (que llevaba 17 años pegada en el Congreso) fue desalojado de la Asamblea Legislativa. Más allá de la carga simbólica del gesto institucional que habla por sí sola hay que sumar que esa legislatura (2010-2014) no votó el proyecto... tampoco lo hizo la siguiente (2014-2018) y en el actual periodo legislativo el proyecto fue sencillamente desechado.

No es difícil de entender la desconfianza de los pueblos originarios cuando de la institucionalidad se trata. Como bien lo indica el CICDE: “El incumplimiento de la Ley indígena sobre la devolución de los territorios a sus legítimos propietarios, la ausencia de control de la usurpación en los territorios, así como la falta de atención oportuna y eficaz de las autoridades de gobierno al conflicto planteado por las recuperaciones, aumentó el estado de vulnerabilidad y la desprotección de las personas indígenas”.

Un ejemplo sencillo: luego de que la la Comisión Interamericana de Derechos Humanos impuso en 2015 a Costa Rica Medidas Cautelares (MC 321-12) en favor de líderes, recuperadores y familias de los territorios Salitre y Térraba del cantón de Buenos Aires las autoridades desarrollaron un protocolo (otro) a fin de responder a la problemática. Se tardó dos años en darle forma. Se anunció en 2017 su implementación. Se asignaron responsabilidades a los distintos brazos de la institucionalidad y... aquí estamos.

Cito el comunicado de CICDE:  “A nadie ha sorprendido, aunque sí causado gran desazón, el hecho de que este protocolo y los compromisos asumidos por parte de las diferentes instancias del Estado se quedaron en el papel, abandonados en su ejecución durante los siguientes dos años, hasta el asesinato de Sergio Rojas Ortiz el 18 de marzo del 2019. Es entonces cuando el actual gobierno se vio obligado a retomarlos”.

¿Resultado? “Al día de hoy la situación no ha cambiado sustancialmente, las agresiones hacia las familias recuperadoras continúan en los territorios, los procesos agrarios y penales se han estancados o avanzan lentamente, y las muertes de sus líderes permanecen impunes”.

En efecto, los asesinatos del líder indígena Bribri de Salitre, Sergio Rojas Ortiz, en marzo del 2019; y el del líder indígena Brörán de Térraba, Jerhy Rivera Rivera, en febrero de este año, siguen impunes y son claro ejemplo de hasta dónde pueden escalar estos conflictos cuando se la institucionalidad no consigue atenderlos como corresponde.

Bien lo señala CICDE: “Estamos en presencia de un problema histórico y estructural, no ante episodios aislados ni transitorios de violencia y despojo”. Todo esto ayuda a entender que el mes pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunciara la admisibilidad de una causa en contra del Estado costarricense, en el que se le acusa de violaciones a los derechos del pueblo indígena Teribe. Más allá de las posibles consecuencias para el país si el caso llega a Corte y se pierde, su avance en la Comisión es un claro indicador de que no hemos hecho lo suficiente (con todo el tiempo que hemos tenido) para atender y resolver este problema como corresponde.

Por eso el CICDE dice que “los avances en esta materia parecen agotarse en lo meramente retórico” y por eso podríamos entender una respuesta escéptica de los pueblos indígenas ante el anuncio de hoy. ¿Y el resto de la población general? ¿Los habitantes no indígenas de Costa Rica? ¿Indiferentes? No deberíamos. El documento del CICDE tiene una serie de solicitudes claras y concretas para las autoridades legislativas, ejecutivas y judiciales de este país. ¿Escuchará alguna de ellas?

Esperemos que sí. Ya conocemos las consecuencias de no hacerlo. No es un escenario feliz. Y no se “tapa” con videos bonitos. Hay que ir más allá: ya hemos dejado pasar demasiado tiempo.

Por lo pronto los dejo con un pequeño recordatorio ideal para el Día de la Madre. Los amigos de Chietón Morén ofrecen artesanía indígena costarricense en su tienda en línea. De verdad les recomiendo que visiten la tienda y que conozcan el trabajo de Chietón Morén. Lo que no se nombra no existe, lo que no se conoce, tampoco. Todas, todos, podemos, de una u otra manera, ayudar a visibilizar esta problemática y esta lucha y, del mismo modo, ayudar en la exigencia de soluciones. No hace falta que la Corte nos condene, como país, podemos ser mejores que eso.

Ojo: La AEEG de la UCR invita hoy a las 6:00 p.m. (en Facebook) al conversatorio Comunidades Indígenas en Costa Rica en el cual se presentarán líderes y lideresas indígenas de Costa Rica y Panamá, representantes del Ministerio de Justicia y Paz, diverses profesionales indígenas, el Secretario Técnico del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC) y Ex-Presidente del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas, representantes del Museo Indígena Contemporáneo.